Ventajas y desventajas del oficialismo

OPINIÓN Por Vicente Massot
El diagnóstico es más importante que el pronóstico. Si acaso la sentencia anterior pecase por excesiva y reduccionista

Saber dónde estamos parados, con qué fuerzas contamos, quiénes son nuestros enemigos, cuáles los aliados dispuestos a apoyarnos y en qué sociedad vivimos, resulta clave a la hora de diseñar una estrategia política. El diagnóstico es la condición necesaria, por excelencia, de cualquier cálculo hecho con el propósito de acceder o de retener el poder. En este orden de cosas el oficialismo acredita, a expensas de las variantes opositoras, una serie de ventajas que conviene tener en cuenta. Por de pronto, y más allá de los roces entre el presidente de la Nación y su compañera de fórmula -menos dramáticos de lo que nos hacen creer los medios, dicho sea de paso- el Frente de Todos tiene un jefe natural al cual, en última instancia, todos obedecen de buena o mala gana. Se especula, aquí y allá, con lo que opinan los gobernadores, los popes sindicales y los diputados del bloque mayoritario, como si verdaderamente hubiese, dentro del movimiento peronista, funcionarios o capangas o representantes del pueblo soberano dispuestos a poner de manifiesto su razón independiente de ser, en disidencia con Cristina Fernández. 

Que la Señora no sea capaz de reivindicar con éxito un poder semejante al que en su momento tuvo Juan Domingo Perón o su marido no le quita nada a su condición de líder excluyente. En la vereda de enfrente, en cambio, abundan los reyezuelos de taifas. Políticos capaces, sin duda; honorables y bien intencionados, que aspiran con buenas razones a convertirse, en el año 2023, en jefes de lo que alguna vez se llamó Cambiemos. Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, el radical Alfredo Cornejo, María Eugenia Vidal, Martín Lousteau y Elisa Carrió se oponen por igual al kirchnerismo y actúan como un bloque más o menos homogéneo, pero sin unidad de mando.

La segunda ventaja de la facción gobernante, comparada con la que se encuentra en el llano, descansa en su ausencia de límites. Cuanto revela esta vocación hegemónica no es tanto una naturaleza perversa como una toma de conciencia precisa acerca de lo que se puede hacer con el poder en nuestro país. Que ello sea bueno o malo es harina de otro costal. El kirchnerismo ha entendido mejor que sus opugnadores -después de la experiencia ganada en los primeros doce años de gobierno- que el poder fáctico es el factor decisivo de cualquier administración. Las instituciones en nuestro país valen poco, salvo al momento de proclamar —de la boca para afuera- su carácter inmaculado.

El avance de Cristina Fernández en pos de la Procuración General es un ejemplo paradigmático de lo dicho antes. Si el fin buscado es la impunidad de ella y de sus hijos -algo que, a esta altura, se halla fuera de dudas- todo medio resulta bienvenido. Macri, en su ingenuidad, su torpeza o su soberbia, no comprendió la trascendencia del cargo que había dejado vacante Alejandra Gils Carbó. Se empeñó en una batalla, perdida de antemano, para poner en su lugar a una ilustre desconocida, y así le fue. La viuda de Kirchner, inversamente, no desperdició un minuto de su tiempo. Con base en una tropa cuya disciplina partidaria nada tiene que envidiarle a la mejor organización prusiana, la semana próxima a más tardar, los senadores que le obedecen a sol y a sombra le darán media sanción al proyecto de ley que propone modificar, en su provecho, la forma de elegir al jefe de los fiscales.

Asegurado el trámite en la cámara alta, la batalla que se avecina habrá de dirimirse en otro espacio del Congreso Nacional. Serán los diputados quienes decidirán la suerte de la jugada de mayor riesgo y peso ensayada por la vicepresidente en lo que va del año. En apenas diez meses, la Señora controla prácticamente la Procuración del Tesoro, la UIF, la Oficina Anticorrupción, la Comisión de Acuerdos del Senado, y tiene motivos sobrados para pensar que cuenta también con la mayoría simple del Consejo de la Magistratura. A la luz de su plan de máxima, no es poca cosa. En parte está blindada, aunque todavía le falte poner, en reemplazo de Eduardo Casal, a un funcionario que en su lugar le responda -como Carlos Zannini o Félix Crous- en cuerpo y alma. La independencia judicial, la idoneidad para ejercer un cargo de semejante naturaleza y los antecedentes profesionales son consideraciones secundarias.

Su avance revela hasta qué punto conoce que -entre nosotros- la audacia cuenta más que las leyes, y que el poder desnudo más que las normas constitucionales. Puede ganar o perder en el intento. Si sucede lo primero, quedaría por delante como asignatura pendiente la reforma de la Corte Suprema en punto al número de sus integrantes. Si, por el contrario, los diputados votasen en su contra, la derrota no le impedirá redoblar la apuesta por otros medios.

En la cámara baja los números son más o menos estos: el Frente de Todos cuenta con 117 votos propios y no son de esperar defecciones. Sería impensable que pasara cuanto ocurrió en el frente opositor cuando se trató el proyecto de impuesto a la riqueza. Los diputados de Jujuy y de Corrientes -que responden, respectivamente, a los gobernadores de esos estados, Gerardo Morales y Gustavo Valdés- decidieron acompañar el proyecto del oficialismo. Para alcanzar la mayoría que se requiere en esta ocasión el kirchnerismo deberá sumar doce voluntades más.

Aquí entran en juego los bloques menores, siempre dispuestos a escuchar las voces del mejor postor. El que comanda el mendocino José Luis Ramón casi con seguridad acompañará con sus seis diputados al kirchnerismo. En los temas estratégicos siempre le ha dado la derecha y no parece haber causas para que modifique su conducta. No es tan claro qué harán los once representantes -incluidos los cuatro cordobeses- que se agrupan en torno de la figura de Eduardo Bali Bucca. Menos previsibles -pero, en su mayoría, sin ninguna consistencia en cuanto respecta a sus ideas- su comportamiento es una incógnita. Lo mismo cabe decir de los de Acción Federal, los que responden formalmente a Lavagna, y otros grupos por el estilo.

La idea de que, en torno de la cuestión, las posiciones de Alberto Fernández y de su vice marchan por carriles separados, de momento es más una expresión de deseos de aquellos que no parecen resignarse a considerarlo funcional a la Señora, que otra cosa. Es cierto que el candidato de la Casa Rosada es el juez Daniel Rafecas, el cual a la viuda de Kirchner no le hace ninguna gracia.

También es verdad que si el Senado le da la media sanción al proyecto como es seguro- para que sea considerado en el curso del verano, el presidente debería introducirlo en el listado de cuestiones a tratar en el periodo de sesiones extraordinarias. De atenernos a sus últimas declaraciones, es evidente que le abrió una rendija a la estrategia cristinista. Considero que no es constitucional el requisito de los dos tercios para nombrar a un nuevo procurador. El argumento que adelantó para justificarse fue el siguiente: dijo que había que “hacer más fácil el trámite de la designación de los funcionarios”.

Para sostener a renglón seguido que “hace más de 15 años que no tenemos un defensor del pueblo porque se necesitan dos tercios del Senado para nombrarlo; eso es constitucional (…), lo del procurador, no”. Y para rematar la voltereta, relativizó asimismo la postura -según Rafecas, inconmovible- de su favorito para ocupar el cargo: «Conozco a Daniel desde hace años, y sé que es un principista, aunque no es un tema de principios, es un tema práctico”. Si el presidente se dio cuenta del flaco favor que le hizo a su candidato es algo sujeto a debate. Lo que sí quedó en claro fue que los supuestos límites éticos de Rafecas son flexibles en extremo. Algo que cualquiera que conozca su trayectoria como juez federal sabe de memoria. En tres distintas causas de una enorme gravedad institucional y política -la popularmente conocida como Banelco, la concerniente a Ciccone, y la del fiscal Nismán- el desempeño del hombre elegido por Alberto Fernández y avalado por Elisa Carrió y los principales dirigentes del frente radical-macrista fue vergonzoso. Sólo en un país a la deriva podría ser jefe de los fiscales.

La diferencia abismal que separa al kirchnerismo de sus adversarios es el apego de éstos a unas reglas de juego -formalmente, obligatorias para todos los participantes en el ruedo político- que contrasta con el desprecio olímpico a esas mismas reglas por parte de quienes hoy ocupan las oficinas gubernamentales. Unos, aceptan que el juez del partido determine qué es lícito y cuáles cosas no se pueden hacer.

Los otros, si el árbitro no les cae en gracia, se llevan la pelota a su casa, cortan la luz del estadio o invaden el campo de juego, si acaso el resultado parcial les fuera adverso. ¿Alguien imaginaría, acaso, que, si un hijo de Mauricio Macri no hubiese honrado el pago de impuestos por espacio de cuatro años y tuviera sus propiedades embargadas, la AFIP aceptaría incluirlo en una moratoria para que saldara sus deudas en 96 cuotas de $ 19.840? Eso es lo que acaba de determinar Mercedes Marco del Pont en favor de Máximo Kirchner. En un orden distinto, que el titular de la Oficina Anticorrupción haya decidido abandonar el rol de querellante en dos causas de corrupción en las que está procesada la vicepresidente y sus dos hijos, ¿no habla acaso de un procedimiento hecho a medida del poder de turno?

Por ahora la única desventaja que el oficialismo debe sobrellevar -y no resulta de poca monta- nada tiene que ver con el desafío que le pueda presentar la oposición ni con las tensiones evidentes que se hacen notar en sus filas. El talón de Aquiles kirchnerista es la calamitosa situación económica por la cual atraviesa el país y nada hace prever que se modifique en el curso del año que viene. Un sólo dato basta para ilustrar la gravedad. Con datos del INDEC, IDESA elaboró un informe que no deja mentir: la mitad de los salarios que pagan las empresas formales orillan la línea de pobreza.

Vicente Massot para INC

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