Jubilados: en medio de críticas y rechazos arranca en el Senado la discusión de la nueva fórmula

ACTUALIDAD Por Por Ismael Bermúdez para Clarín
Se concreta el debate en comisión en el Senado sobre el proyecto de movilidad previsional que íntegramente se difundió el sábado pasado y arrancó de manera conflictiva. Fue por el agregado, a último momento, de un artículo que plantea que el aumento de diciembre del 5% en los haberes de jubilados y prestaciones sociales-- que comprende a 18 millones de personas—debe ser descontado del próximo aumento que se aplique en marzo-agosto de 2021.

Así, por ejemplo, si la nueva fórmula arroja para marzo un 13% de aumento, los de jubilados y beneficiarios de las prestaciones sociales recibirán sólo 8 puntos, que equivaldrían a una suba del 7,62%. 

Con todos los desvíos, licuaciones y vaciamientos que tuvo el régimen jubilatorio, según los especialistas, nunca en la historia previsional argentina se otorgó un aumento de los haberes que fuera descontado en el aumento siguiente.

Ayer, la novedad vino del lado de los especialistas judiciales de la Seguridad Social.

“Aunque en principio el artículo en cuestión no sería inconstitucional”, el Fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, propuso que “el aumento de las jubilaciones y demás prestaciones sociales de marzo se aplique sin descuento y que el 5% de incremento de diciembre compense el diferimiento de 3 a 6 meses que se hizo en el mal empalme de 2017, al cambiar la ley de movilidad. De esta manera, se corrige la pérdida que hubo por el desfasaje que se hizo durante el Gobierno de Mauricio Macri”.

Entonces los jubilados recibieron en marzo de 2018 una suba del 5,71% que correspondía a la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del III Trimestre de 2017 cuando debieron recibir la movilidad de la ley anterior que arrojaba un 14,5%, por el período de 6 meses, de julio a diciembre de ese año. Así hubo un diferimiento del aumento del IV trimestre de 2017 que se pagó recién en junio de 2018 (5,69%). Ese diferimiento se mantuvo durante todo 2018 y 2019. Y también este año con la suspensión de esa ley de movilidad y los aumentos por decreto.

En un Informe especial (“Evolución y Financiamiento de la Previsión Social en Argentina”, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sostuvo que “por el mecanismo inicial de cambio en la fórmula del beneficio” implementado a comienzos de 2018, los haberes se redujeron un 8,8%. Y la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social y el Procurador de la Corte Suprema, Víctor Abramovich consideraron inconstitucional ese mecanismo inicial (“empalme” por el cambio de la fórmula de semestral a trimestral)

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino adelantó que presentará una “medida precautelar” ante la Corte Suprema y de no obtener respuesta, plantearán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, sin vueltas, el ex Presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis René Herrero dijo que el artículo del proyecto en cuestión es un “artilugio confiscatorio claramente ilegal e inconstitucional” pues los “pagos a cuenta” no se imputan sobre deudas “inexistentes” -como la de marzo de 2021 - sino sobre deudas “preexistentes”, como las que el Estado mantiene con los jubilados en concepto de movilidad desde hace décadas”. Y agregó un condimento político: “el artilugio del “pago a cuenta” no hace más que reiterar la nefasta doctrina “cavallista” de utilizar a las jubilaciones y pensiones como variables de ajuste de la economía, culparlas de ser las causantes del déficit fiscal y de dinamitar la esencia de la garantía constitucional de movilidad”.

Ya el lunes el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación, sostuvo que, de aprobarse ese artículo, “los jubilados pierden un trimestre de aumento”. La diputada Mirta Tundis, del Frente Renovador, dijo que votará en contra de ese artículo. Del bloque “lavagnista” Consenso Federal, el diputado Jorge Sarghini dijo que era inaceptable. Y el Interbloque de Juntos para el Cambio votará en contra de todo el proyecto.

Todo esto se agrava porque la fórmula que impulsa el Gobierno no garantiza que los aumentos no puedan ser inferiores a la inflación y, con índices de precios del 30, 40% o más, extiende los actuales aumentos trimestrales a semestrales.

Te puede interesar