Nuevos carapintadas

OPINIÓN Por Sergio Crivelli*
La ratificación por la Corte Suprema de la condena de Amado Boudou por el caso Ciccone no sólo desató una tormenta de críticas sobre el tribunal al que el kirchnerismo quiere doblegar, sino también sobre la vigencia del estado de derecho y la legitimidad de la democracia
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En su furia el oficialismo fue más allá de cuestionar un fallo; puso en duda el sistema político que garantiza la convivencia pacífica. Dijo con otras palabras que la Constitución es sólo papel mojado, si los jueces no garantizan la impunidad de los suyos. 

Por eso los casos de Boudou, De Vido, Milagro Sala y demás procesados por corrupción están lejos de constituir otro episodio pintoresco del Macondo en que se ha convertido la Argentina populista. Constituyen esencialmente una encrucijada para el futuro de un sistema republicano, asediado por quienes se enriquecieron de manera ilegal desde el poder.

De la aplicación del Código Penal a funcionarios hallados corruptos en múltiples instancias por múltiples jueces depende entonces el futuro del país en mucha mayor medida que de la cotización de la soja en Chicago o de un eventual acuerdo con el FMI para buscar una salida a la actual postración y miseria.

Lo que está en juego es mucho más que la suerte de Cristina Kirchner en los casos de los cuadernos, Hotesur, etcétera, o que su ex vice vuelva a la cárcel. Es la viabilidad del país como organización política civilizada y con instituciones creíbles. Ese es un proyecto incompatible con niveles de corrupción impune como el que se plantea desde sectores del oficialismo mediante la excusa del "lawfare".

En los hechos en Argentina la supuesta manipulación de la justicia para perseguir a los adversarios (no otra cosa sería el "lawfare") es consecuencia de la corrupción a gran escala de origen político. Los jueces que deben resolver estas cuestiones han sido nombrados y son removibles por los políticos, lo que convierte al asunto en un laberinto al que no se encuentra salida.

El ataque "K" a la Corte y a otros tribunales con el argumento del "lawfare" sería apenas ridículo, sino fuera además deletéreo para las instituciones. Esa torpe ideación supone que las condenas por corrupción son una "vendetta" de los "poderes concentrados" por las medidas de los políticos en beneficio de los pobres. Combina la maldad de los "poderosos" con la victimización de los delincuentes, a lo que añade el infalible ingrediente de la conspiración de la que participan el Poder Judicial y los medios para ventilar la malversación de dineros públicos.

La falacia del argumento del "lawfare" es inagotable, pero es lo único a mano para justificar el delito grosero. Por eso también es suscripto sólo por adictos. Pero el problema no está en quienes firman solicitadas a favor de Boudou, sino en que el proceso de condena de figuras como la actual vicepresidenta parece haber adquirido una inercia difícil de frenar, lo que lleva a grupos kirchneristas a cuestionar la democracia, algo que en los últimos 37 años sólo se atrevieron a hacer otros descontentos con los jueces de la Constitución: los militares carapintadas.

Sergio Crivelli para La Prensa

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