Espanta inversiones nuevo plan de reforma de Cristina

OPINIÓN Por Guillermo Kohan*
La propia Cristina al presentar su libro "Sinceramente" durante la campaña electoral de 2019 anunció su intención de promover un "Nuevo Contrato Social" o de avanzar hacia "una nueva arquitectura institucional"
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La reciente carta pública de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema y la independencia del Poder Judicial, tal como está consagrada en la Constitución argentina desde el siglo XIX, no hizo más que confirmar que uno de los objetivos centrales del espacio político que conduce la vicepresidenta es precisamente modificar con una profunda reforma esas garantías individuales y colectivas establecidas en la Carta Magna.

Salvaguardas que no solamente aseguran el régimen republicano para evitar el abuso de poder del que gana las elecciones contra las minorías, sino que establecen reglas fundacionales para la organización económica como la propiedad privada, los derechos hereditarios, y sobre todo la libertad para trabajar, transitar y ejercer el comercio. 

No son nuevos los cuestionamientos por izquierda en la Argentina a las bases y garantías de la Constitución liberal de 1853, que se mantuvieron y reafirmaron en la reforma de 1994, incluso como condición fundamental para avanzar en aquella Constituyente de Santa Fe.

La propia Cristina al presentar su libro "Sinceramente" durante la campaña electoral de 2019 anunció su intención de promover un "Nuevo Contrato Social" o de avanzar hacia "una nueva arquitectura institucional" para modificar esa primera parte sagrada del Contrato Social entre los argentinos, que naturalmente es la Constitución.

Nada nuevo, a la vez, si uno recuerda también los postulados de la militancia peronista de izquierda en los años setenta, que también cuestionaba las bases liberales y capitalistas de la Constitución, a la vez de perseguir y amenazar a los magistrados que no se allanaban a la patria socialista con el argumento de no respetar la voluntad popular.

También en los '70, para descalificar a los jueces, se argumentaba que son funcionarios vitalicios que no los elije nadie. Un argumento falso y peligroso, porque a los jueces según la constitución los elijen los políticos y legisladores que sí fueron votados por el Pueblo. Lo que ocurre es que la Constitución argentina, inspirada en las ideas de la Revolución Francesa y la Constitución ejemplar de los EE.UU., obliga a que exista un acuerdo político para nombrar o separar a los jueces de sus cargos. Establece la regla de los dos tercios de los votos, la necesidad de mayorías especiales, precisamente para que el que gana las elecciones no se lleve todo por delante y se quede con todo el poder.

No es casual que en la era Kirchner el 10 de diciembre haya variado como fecha de celebración. Ya no se recuerda el regreso de la democracia y sobre todo la vigencia de la Constitución, que fue lo que ocurrió el 10 de diciembre de 1983 con el fin de la Dictadura Militar. El 10 de diciembre la Argentina recuperó la vigencia de la Constitución.

Se convirtió ese feriado en el día de los Derechos Humanos, en el día de la Memoria Montonera, según ahora finalmente se blanqueó en el acto de la semana pasada en la ESMA, mientras aplaudían Alberto y Cristina, la verdadera dueña y tributaria de esa conmemoración. Tiene su lógica: un espacio político que rechaza la Carta Magna vigente y promueve cambiarla, no puede celebrar el regreso de las reglas de esa Constitución a la vida de los argentinos.

Blanqueadas las intenciones, queda ahora por ver si el actual oficialismo seguirá unificado y logra obtener en el Congreso las mayorías necesarias para avanzar en esta verdadera revolución que se propone para la vida y la organización política y económica del país.

Queda claro entonces que será muy difícil que lleguen inversiones hasta que no se dirima esa incertidumbre. Los más encumbrados periodistas y analistas políticos aseguran hoy que en ningún caso, ni ganando las elecciones parlamentarias en 2021, el cristinismo estaría en condiciones de remover a la Corte o, más aún, convocar a una reforma constitucional.

Aun así, a las graves inconsistencias económicas, ahora se agrega esta severa incertidumbre institucional. Donde no hay instituciones, donde no hay jueces independientes, difícil que haya inversiones relevantes. Podrá consolidarse un capitalismo de amigos, donde empresarios y testaferros de los políticos se vayan quedando con las pocas grandes empresas privadas que queden.

Mientras se amenaza con una reforma constitucional por ahora difícil de concretar, las ideas más radicalizadas del Instituto Patria vuelven a dominar las decisiones del Gabinete: veamos algunos de los últimos acontecimientos:

- Mario Meoni, ministro de transporte que supuestamente responde a Sergio Massa fue obligado a cumplir la agenda de La Cámpora en materia aero comercial, terminó cerrando el aeropuerto de El Palomar, a pesar de que les había prometido a los intendentes de la zona todo lo contrario. También tuvo que estatizar 3500 km de rutas nacionales que ya no serán concesionadas por peajes. Vuelve la Argentina a los años '80, con rutas que serán cada vez más peligrosas de transitar.

- El Presidente terminó vetando indirectamente en el Presupuesto todos los acuerdos que había cerrado Sergio Massa con aliados y provincias. Alberto Fernández tuvo que responder a las críticas del Instituto Patria contra Massa, que sospechaban que el titular de la cámara baja estaba financiando su carrera política con esa negociación.

- Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, no solo debió tragar el sapo de perdonarle toda la deuda impositiva al grupo empresario de Cristóbal López, sino que fue obligada a firmar una denuncia penal contra sus antecesores con el argumento de que perseguían a Cristina. Como si el resto de los argentinos no estuviera acosado por la pesadilla cada vez mayor del Estado y los impuestos.

Por Guillermo Kohan de sus redes sociales

 

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