Pese a la soja en US$ 500, la agenda de Guzmán entra en riesgo

ECONOMÍA Por Por Daniel Fernández Canedo para Clarin
Hay más liquidaciones de divisas y los importadores no pueden adelantar pagos, lo que trae cierta estabilidad cambiaria. Pero el congelamiento de tarifas abre interrogantes para el ministro.
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La soja tocó US$ 500 la tonelada en el mercado internacional y le alegró el día al ministro de Economía, Martín Guzmán. 

El mayor precio desde 2016 del principal producto de exportación del país encendió luces verdes en el tablero del Banco Central más allá de que sea consecuencia de la debilidad del dólar a nivel mundial y de la sequía que afecta a regiones importantes de los principales productores como es el caso de la Argentina.

El salto del precio, que se corresponde con el de otras materias primas, alentó al Central que espera que en estas semanas la liquidación de buena parte de los 15 millones de toneladas de soja supuestamente retenidas por los productores.

Desde hace días la liquidación de dólares por parte de productores de soja vienen en aumento. La versión es que están vendiendo parte de lo retenido para financiar la siembra de la presente campaña.

Entre esas mayores liquidaciones, y la demanda prácticamente cercana a cero de las compras con fines turísticos, el Banco Central recupera oxígeno cambiario.

Una parte importante de esa mejora provino, además, por la obligatoriedad de los importadores de cancelar las deudas con el exterior en función de los productos efectivamente ingresados.

Con el dólar oficial subiendo con la inflación (en el Central prenden velas para que la inflación de diciembre no haya llegado a 4%) y el blue en $160, el tema cambiario ahora se circunscribe a los dólares "bolsa y contado con liquidación" (en torno a $144) que escalaron posiciones en los últimos días.

En el gobierno creen controlado el mercado cambiario y el problema ahora es cómo cumplir con la orden de la vicepresidenta respecto a alinear en el año electoral los aumentos de tarifas, salarios y jubilaciones al ritmo de la inflación.

El trabajo más importante para eso, que por cierto se intentó llevar adelante varias veces en gobiernos kirchneristas, consiste en tratar de discriminar el cobro de las tarifas de luz y gas entre los que más y menos tienen para no terminar subsidiando también a los sectores con mayor poder adquisitivo.

Hasta ahora no le encuentran la vuelta para lograr una segmentación equilibrada. Ni por el barrio de que se trate ni por el nivel de consumo de cada usuario. Así que la salida que encontraron fue prolongar hasta marzo el congelamiento de tarifas.

El mandato de Cristina Kirchner tuvo su reflejo más claro en el caso del aumento abortado para la medicina prepaga: por la mañana el Boletín Oficial autorizaba una suba de 7% a partir de febrero, por la tarde, una edición extraordinaria del Boletín Oficial anuló esa suba. Insólito.

El gobierno metiendo la mano, sin una regla explícita y conocida por todos, inauguró el año electoral que, a la vista de los analistas, constituye el norte a seguir en materia económica oficial, por lo menos, hasta noviembre.

Las directrices de la nueva política fueron claras por parte de la vicepresidenta al afirmar "lo hicimos durante doce años" refiriéndose a mantener alineadas algunos variables clave de la economía y especialmente en años impares.

El ejemplo más destacado fue el de 2011 que terminó con un triunfo de Cristina Kirchner por el 54% de los votos poniendo en práctica un esquema económico de aliento al consumo que desembocó en un cepo al dólar a los pocos días de ganar y después de haber vendido US$17.000 millones de las reservas en el período.

La estrategia 2011 fue de manual: el dólar subió 8%, los salarios 30% (el crecimiento de los sueldos en dólares superó 20% en pocos meses), congeló las tarifas y vendió copiosamente dólares para viajes y atesoramiento.

Con autos, motos y electrónicos abaratados en términos de dólares por el atraso cambiario, el repunte del consumo le dejó buenos réditos en términos electorales.

Ahora Martín Guzmán, que mantiene bajo perfil, pero deja trascender que sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional para conseguir un préstamo para pagar los US$44.000 millones de vencimientos de 2022 y 2023, está viendo de dónde logra recortar fondos.

En el gobierno prenden una vela para que la evolución de la pandemia no obligue a otra temporada de encierro y que eso se traduzca en alguna ronda más de bonos IFE de $10.000 o préstamos ATP para pagar salarios.

Pero, a pesar de esas prevenciones, los operadores consideran que la agenda de Guzmán para bajar el déficit y conseguir financiamiento externo en algún momento de los próximos doce meses, está en peligro.

¿Y qué pasaría si prevalece la orden de Cristina Kirchner de subordinar la evolución de las principales variables de la economía a las necesidades electorales de la elección legislativa de octubre?

La pregunta la formuló un experimentado operador del mercado y ensayó una respuesta: casi nada en términos de la posibilidad tiene el gobierno de recuperar la confianza de los actores de la economía real.

Los bonos argentinos con precios de US$37 y ofreciendo rentas de 16% anual en dólares son consecuencia y no causa de una desconfianza financiera que se fue consolidando al calor de las metidas de mano sin reglas explícitas por parte del gobierno en precios (la prohibición de exportar maíz) y tarifas que anteceden a las decisiones de inversión productivas por parte de los empresarios.

La soja en US$500 la tonelada, la tasa de interés internacional en cero y la revaluación de las monedas de los países emergentes le vuelven a brindar una oportunidad a la Argentina. ¿Qué hará el gobierno para superar diez años de estancamiento? 

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