Gobierno-prepagas: por qué la pelea puede afectar la atención de dos de cada tres personas

ACTUALIDAD Por Por Camila Dolabjian para La nación
Con un 10% de aumento en las prepagas durante 2020 y la polémica marcha atrás de la última suba en diciembre, comenzó una pelea entre las empresas privadas de la industria y el Gobierno.
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Los voceros del sector comenzaron a advertir sobre las posibles consecuencias del eventual desfinanciamiento: demoras en las guardias, cierre de instituciones y faltantes de medicamentos e insumos para los 33 millones de argentinos que se atienden en el sistema privado de salud. 

Las empresas no pueden aumentar los precios sin autorización del Gobierno desde 2011, a partir de la ley 26.682. Desde ese entonces se aprobaron 34 incrementos, un promedio de casi cuatro por año. El 2019 fue el de mayor cantidad de aumentos, con ocho modificaciones y 50% de incremento.

"Si no se actualiza la cuota simplemente no se puede atender. El desfasaje que ha tenido la cuota del sistema de seguridad social es del 54%. Estos aumentitos están cubriendo parte de eso. Hoy estamos en el 65% de la cuota", declaró Ricarlo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Prepaga, a Radio Mitre.

Si bien en el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud hay inscriptas más de 700 entidades en condiciones de comercializar planes de medicina prepaga, el grueso de los asociados a este tipo de cobertura se distribuye entre alrededor de 100 empresas que forman parte de las cámaras del sector.

Además, a pesar de que el Ministerio de Salud reporta casi 4.300.000 usuarios de medicina prepaga, las asociaciones que unen a los prestadores aseguran que hay más de 6 millones de afiliados.

De estos, 4,8 millones utilizan aportes para pagar total o parcialmente la cuota. El resto la abona en su totalidad. Sin embargo, la falta de aumento en las cuotas no impacta solamente en estos usuarios, sino en los 33 millones de argentinos (77% de la población) que se atienden en el sistema privado.

"Las prepagas generan un techo a los valores porque son las que pagan aranceles a los prestadores de salud, como los hospitales. Cuando las cuotas de las prepagas no aumentan, se quedan sin fondos. Cuando no tienen fondos, no pueden pagar los aranceles a los prestadores. Cuando las instituciones de salud piden a las prepagas la actualización de los aranceles y no hay dinero, empieza el colapso", explicó un empresario del sector.

Durante el año pasado, las empresas fueron autorizadas a aumentar 10%. Hasta noviembre de 2020, para una familia tipo de dos adultos y dos niños, las cuotas de prepaga para todos los miembros rondaban entre los $6000 y $17.000.

Según fuentes de las cámaras, los ingresos de 2020 en el sector se estiman en $285.000 millones. Sin embargo, los costos constituyen un 54% más de lo que reciben. Eso genera un déficit en el sistema de salud privada.

El desfinanciamiento del sector se estuvo sosteniendo con tres principales herramientas, según los especialistas. Por un lado, con el decreto N300, que se ha estado prorrogando desde su implementación el 18 de marzo del 2019. Este reduce el impuesto al débito y crédito para los prestadores de salud a 0,5% en vez de 1,2%. Por otro lado, reduce los aportes previsionales un 95%, bajando significativamente los costos laborales. Por último, la Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción (ATP). No hay noticias de la continuación de estas políticas, en particular de la ATP.         

Directivos de las prepagas explicaron que se había acordado con el Gobierno un aumento del 15% en diciembre, otro 7% en febrero y la promesa de continuar conversando más incrementos. Se otorgó, el 31 de diciembre pasado, un 7% que fue revertido solo horas después. Esto representaba 20 mil millones de pesos para el sistema, el equivalente a más de 4 millones de testeos PCR para coronavirus, por ejemplo.

"Hay cirugías programadas que no se van a poder hacer. Hay medicamentos que son muy caros y no se van a poder pagar, entonces van a empezar a faltar. Ahora estamos ante un inminente rebrote, nos vamos a encontrar con una situación muy grave en el corto plazo, en febrero concretamente. Y hay riesgo de que haya instituciones que no puedan atender. No van a poder pagar salarios, es un riesgo concreto", alertó José Sánchez, presidente de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria.

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