Amnistía, porque no todos somos iguales ante la ley

POLÍTICA Por Por Daniel Santa Cruz para La nacion
"Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto; eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí", afirmó este fin de semana el presidente Alberto Fernández, y abrió un espacio de acción para todos aquellos que creen que es necesario "hacer algo" por todos los exfuncionarios kirchneristas con procesos abiertos y, algunos de ellos, con condenas.
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El ensayo está en marcha y sus promotores jugaron su carta fuerte el domingo pasado con una solicitada titulada "Libertad a Amado Boudou", pero se percibe que la movida apunta a salvar a todo el colectivo de exfuncionarios kirchneristas enjuiciados, encabezados por la misma Cristina Kirchner, y que integran Milagro Sala, Julio De Vido, Ricardo Jaime, entre otros. 

Lo sugestivo no fue que la proclama haya reunido apoyos de miembros del Gobierno, lo que compromete claramente su postura frente al tema, sino que lo hayan hecho, por ejemplo, algunos dirigentes de derechos humanos, tan preocupados por el porvenir de los investigados y procesados en causas de corrupción pero que mantuvieron un silencio atroz ante las decenas de violaciones a los derechos humanos y civiles que se denunciaron en el control del tránsito comunitario durante la pandemia.

También firmaron dirigentes gremiales docentes, que no mostraron una mínima intención de prestar colaboración alguna en abrir las escuelas para que vuelvan las clases presenciales. La desventura judicial de aquellos que no pueden demostrar sus fortunas ante los tribunales, seguramente, debe merecer una mayor atención que la educación de 10 millones de alumnos.

El pedido contó con la rúbrica de destacados expresidentes de países de la región. Todos ellos unidos por comunes denominadores: o tienen cuentas pendientes con la Justicia, como Rafael Correa, con pedido de captura en Interpol por estar prófugo luego de ser condenado a ocho años de prisión en Ecuador por una causa de corrupción o Lula da Silva, condenado y detenido en Brasil, ahora en libertad, pero inhibido de ocupar cargos públicos, o dejaron sus gobiernos en medio de destituciones y estado de conmoción política, como Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Evo Morales.

Pero lo más grave es que todos los firmantes son férreos defensores de la dictadura venezolana. Estos prestigiosos líderes latinoamericanos jamás firmaron una solicitada por los derechos de alguno de los cinco millones de exiliados venezolanos, ni porque se haga justicia por los diez mil muertos en manos del régimen, tampoco por los presos políticos, ni por las decenas de miles de detenidos y torturados. Su preocupación siempre estuvo puesta en garantizar arbitrariedad para los suyos.

El mensaje que nos dejan los líderes de la "Patria Grande" es letal para cualquier construcción cívica y democrática: los políticos pueden delinquir y nunca deberán ser castigados por la Justicia, porque la ley es la misma para todos, pero no todos somos iguales ante la ley.

Vaya casualidad, tal cual como sucede en la Venezuela del dictador Nicolás Maduro.

Ahora la pelota puede pasar al Congreso de la Nación, donde ya comenzó a hacer ruido la posible sanción de un armisticio que tendría incorporados, con intención de "generalizar", a los exfuncionarios de Cambiemos que tienen algún proceso judicial abierto. Aunque esto será rechazado rotundamente por los miembros de ese bloque que ya dijeron que "bajo ningún punto de vista" apoyarán una iniciativa así.

Lo deja muy en claro el diputado nacional Luis Juez: "No hay ninguna posibilidad que desde la oposición acompañemos un proceso de amnistía para conmutar penas a delincuentes que se hicieron ricos hablando en nombre de los pobres. Si queremos tener un país en serio no podemos perdonar a tipos como Amado Boudou, que fue condenado en todas las instancias procesales hasta por la Corte Suprema de Justicia, por hechos de comprobada corrupción, le garanticemos una amnistía porque se siente un preso político. Ni a él ni a otro", dijo a LA NACION.

Los firmantes y organizadores del reclamo, mucho más aquellos con responsabilidad de gobierno, saben que vivimos en un país con la mitad de su población bajo la línea de la pobreza; que estamos en medio de una pandemia que acabó con más de 43 mil vidas: diariamente mueren la misma cantidad de personas que arrojarían la caída de dos aviones; que la salud de la población está en riesgo; que nuestras formas de vida cambiaron y que se derrumba lo poco que quedaba en pie de la economía. Por eso no se entiende cómo dedican gran parte de su tiempo para ver cómo los suyos esquivan los procesos judiciales, algo que, por respeto a la sociedad, no debería ni siquiera estar en consideración como una de las prioridades del país.

Si avanzan con esta idea de amnistiar a políticos denunciados por corruptos, impidiendo que ese sea un trabajo de la Justicia, nos alejaremos un poco más de una posible recuperación social y económica. Y no solucionaríamos el problema de la corrupción, al contrario, lo agravaríamos. Porque la historia ya nos demostró, una y otra vez, que la impunidad es la causa más determinante para que se sigan cometiendo delitos.

Y este país sabe mucho de eso.

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