El pacto del olvido que los K alientan por Nisman e Irán

POLÍTICA Por Por Eduardo van der Kooy para Clarin
El sábado, cinco mil militantes en Tribunales arrojaron basura por la libertad de Milagro Sala. El lunes, en el mismo lugar, apenas hubo cien personas en el reclamo de Justicia por Nisman.
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De haber estado con vida, seis años atrás el fiscal Alberto Nisman debió haber informado ayer en Diputados sobre su denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández, por encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 que arrojó 85 muertos. Esa figura surgió por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán realizada de modo sorpresivo en 2013. El régimen de Teherán había sido responsabilizado del ataque por la justicia argentina. 

NIsman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero el día antes, 18 de enero. Un mes después, con epicentro en Buenos Aires, el país asistió a una de las marchas populares más multitudinarias y acongojantes en democracia –bajo un temporal de lluvia-- que reclamó el esclarecimiento de la tragedia. En la cual estuvo el ahora Presidente Alberto Fernández. El lunes pasado se repitió como cada año la ceremonia. En Tribunales pudieron verse poco más de un centenar de personas. Con las figuras de la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas sufridas, Iara y Kala como principales símbolos.

¿Qué sucedió entre aquella primera multitud y ese pequeño grupo que sigue recordando todavía la memoria del fiscal? Hubo un tenaz emprendimiento entre el poder de turno (el kirchnerismo), sectores del Poder Judicial y de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) tendiente a minar la voluntad y la memoria colectiva.

Una especie de pacto negro del olvido que contradice una de las políticas fundacionales de Raúl Alfonsín sobre la Memoria, Verdad y Justicia cuando resolvió destapar la olla sobre las atrocidades de la dictadura. Quizás, la única política de Estado que, aún con altibajos, se mantiene vigente durante estos 37 años de democracia. Los altibajos tuvieron que ver con contextos políticos adversos. O con intenciones de pretender apropiarse a modo de negocio político de una reivindicación popular.

La injusticia no selló sólo el final de Nisman. También el atentado contra la AMIA y la terrible explosión que dos años antes hizo volar la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Ninguna declaración política sobre la voluntad de esclarecimiento sea genuina u oportunista, puede tener credibilidad y destino a esta altura.

Queda en pie solamente la denuncia por encubrimiento hecha por Nisman antes de morir. Cuyo trámite desnudó, como en los casos anteriores, las pretensiones de consagrar impunidad. Esa denuncia fue cerrada inicialmente por el juez Daniel Rafecas, candidato del Presidente para la Procuración General. Resultó reabierta por la Sala IV de la Cámara de Casación. El juez Claudio Bonadio dictó en diciembre de 2017 el procesamiento con prisión preventiva de Cristina. El caso fue elevado a juicio oral. Pero todavía carece de fecha de iniciación.

La muerte de Nisman tuvo también un derrotero sinuoso. Pasó por distintos juzgados y fueros del Poder Judicial. Al principio, con acciones amañadas, se dictaminó que no había pruebas que permitieron dictaminar un homicidio. Cuando la causa pasó en 2016 al fuero federal, con el aval de la Corte Suprema, un nuevo peritaje realizado por la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería concluyó que el fiscal había sido asesinado. El expediente tiene cinco procesados. Entre ellos, el supuesto técnico informático Diego Lagomarsino. Que le prestó el arma a Nisman, de cuyo interior salió la bala que lo mató.

El kirchnerismo, desde que regresó al poder, está dedicado a rever aquel dictamen. En cambio, nunca podrá desmentir que la muerte del fiscal tuvo relación directa con su denuncia por encubrimiento en el atentado de la AMIA. Tan indefenso está en ese plano que, hasta la justificación de Cristina, en su libro “Sinceramente”, sonó a inocentada. Causó perplejidad.

A modo de autocrítica dijo que la posibilidad de la foto del juez argentino indagando a los iraníes acusados del ataque –según lo prometía al Memorándum—le había impedido mensurar la dimensión política negativa del pacto. Explicación imposible de aceptar en alguien que supone bascular entre una líder y una estadista.

Aquel giro de la hoy vicepresidenta es, probablemente, el capítulo más oscuro de su trayectoria. Por encima, incluso, de las causas de corrupción. Porque estaba (está) en juego el esclarecimiento de la verdad sobre la muerte de 85 personas. Su marido y antecesor, Néstor Kirchner, fue el promotor de la dura acusación contra Irán en las Naciones Unidas. Lo hizo al hablar en el 2007. El año en que evitó cruzarse en una escalera mecánica con el entonces presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad.

En los años subsiguientes, incluido el 2010, cuando murió Kirchner, la delegación de nuestro país siempre se ausentó del recinto de la ONU cuando habló el representante iraní. Dicha conducta cambio en 2011 y 2012. Un año después el canciller Héctor Timerman suscribió el Memorándum. Todo lo que sucedió esos años de metamorfosis forma parte de uno de los ocultamientos históricos que algún día el kirchnerismo debería revelar.

Habrá que reconocerle al oficialismo una enorme destreza para blindar sus miserias. Casi de la misma dimensión de la que exhibe para manipular las opiniones públicas. Nada podría hacerlo sin la complacencia de algún sector social. Ha logrado vaciar la tragedia de Nisman. Se propone también vindicar a muchos de sus fieles que han sido condenados por robar. De alguna manera, desmalezarían el camino de Cristina para alcanzar, tal vez, la inocencia que predica.

El sábado último cerca de cinco mil militantes llenaron de basura las inmediaciones de Tribunales. Fue para pedir la libertad de la piquetera Milagro Sala, detenida con prisión preventiva en su domicilio con el aval de la Corte Suprema. Tiene tres condenas. La más importante, a 13 años, debe ser revisada a raíz de un recurso extraordinario por el Máximo Tribunal.

Los convocantes, entre quienes sobresalió el secretario general de La Cámpora y ministro de Axel Kicillof, Andrés Larroque, fueron casi los mismos que a través de una solicitada se pronunciaron a favor de la liberación de Amado Boudou. El ex vicepresidente, con condena firme de la Corte Suprema por el caso Ciccone.

Aquel “basurazo” masivo y el apenas íntimo recuerdo de Nisman parecerían retratos fidedignos del presente argentino. Hablarían mucho de su clase dirigente. También, por qué no, de la naturaleza de su sociedad.

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