Alberto y Cristina le cierran la puerta a los indultos porque saben que perderían las elecciones de octubre

POLÍTICA Por Por Mariano Obarrio
No quieren perder votantes en los sectores medios. El gobierno de Alberto Fernández le cerró la puerta a la posibilidad de un indulto o una ley de amnistía para ex funcionarios kirchneristas implicados en causas por corrupción, a los que algunos consideran "presos políticos".
29-presos_k

Según pudo saber A24.com, el propio kirchnerismo no puede pedirlo abiertamente porque descuenta que pondría al Frente de Todos a un paso de una segura derrota en las elecciones legislativas de octubre próximo. 

"El kirchnerismo silvestre, alejado del poder, puede plantear lo que se le ocurra. Pero los sectores más políticos del kirchnerismo saben que no hay chances de ganar las elecciones si el Gobierno indulta o amnistía a los acusados de corrupción", dijo a A24.com un funcionario legislativo del kirchnerismo duro.

El denominado "kirchnerismo silvestre" lo componen el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, el ex piquetero Luis D'Elía y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que en diversas formas plantearon ese beneficio legal.

Zaffaroni y Bonafini habían propuesto el indulto o la amnistía para Boudou, condenado por la compra ilegal de Ciccone, y para la dirigente jujeña Milagro Sala, de la agrupación Tupac Amaru, por desvío de fondos para viviendas sociales. El presidente Alberto Fernández y luego el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, descartaron beneficiar con un perdón a los condenados que se consideran "presos políticos" y víctimas del "lawfare", una supuesta persecución judicial y mediática.

Ante esa discrepancia, De Vido y D'Elía atacaron con severidad en diversos tuits a Massa. "El Gobierno y el kirchnerismo más político sabe que si hay ruptura con Massa, y más por este tema, perdemos las elecciones. Por eso Cristina y Máximo Kirchner cuidan esa relación como propia", señalan en el kirchnerismo.

La preocupación de la ex presidenta Cristina Kirchner es extrema: afrontará en 2021, en plena campaña electoral, dos juicios orales por las causas de posible lavado de dinero en los hoteles Los Sauces y Hotesur y por encubrimiento al atentado a la AMIA. El empresario ultra K Lázaro Báez tendrá su juicio oral en la causa de lavado en "La Rosadita" o ruta de dinero K.

El año electoral dificultará también la sanción de leyes de control del Poder Judicial, que habían ideado en la Casa Rosada y en el Instituto Patria para aliviar la situación de la vicepresidenta en los tribunales, aunque habían disparado diferencias de opiniones e internas políticas. Por ejemplo, en el Parlamento aseguran que casi será imposible sancionar la reforma judicial que crearía más tribunales federales, jueces y fiscales.

También dan por caída la ley de Ministerio Público para reformar el sistema de designación del Procurador General de la Nación. El Presidente nunca estuvo de acuerdo con modificar ese sistema: su intención es lograr que Daniel Rafecas sea designado como Procurador con los dos tercios de los votos del Senado y no con una simple mayoría absoluta como dispone ese proyecto para facilitar el trámite. Sin los dos tercios, el Procurador nacería debilitado políticamente. Fuentes oficiales señalaron a A24.com que Cristina también respaldaría ahora a Rafecas.

"Esas leyes no llegaron a la Cámara de Diputados por falta de número para aprobarlas. Es casi imposible que ahora lo tengan en pleno año electoral", señaló un operador K. En cambio, Alberto Fernández impulsará un proyecto de ley para crear un tribunal intermedio paralelo a la Corte Suprema de Justicia para aliviar la carga de expedientes del máximo tribunal. Ese tribunal podría buscar el control de la última instancia judicial, como una manera de tener mayor control de los tribunales.

"En esa ley deberá poner en práctica su capacidad de alinear a los gobernadores y los votos parlamentarios que dependen de ellos. Por ejemplo, al bloque de los cordobeses que dependen de Juan Schiaretti, de Córdoba", señalaron a A24.com en Diputados. También Massa puede alinear al bloque Unidad Federal, que lidera el mendocino José Luis Ramón.

Ese proyecto podría trasponer el Congreso, aunque no es seguro. Pero una ley de amnistía para los ex funcionarios procesados o condenados sería imposible. "Esto nos rompe el bloque en dos porque la mayoría de nuestros propios diputados no la votarían, porque pierden en sus provincias", señalan en la bancada del Frente de Todos. Y el Presidente tampoco podría hacer uso de su facultad constitucional de indultar a los condenados como Julio De Vido o Milagro Sala. Perdería toda legitimidad política. Por lo tanto, esa salida está totalmente descartada.

En la Casa Rosada lo dejaron muy claro ante una consulta de A24.com: "Nosotros no sentimos ninguna presión. Alberto ya en la campaña venía diciendo que el indulto y la amnistía son rémoras de la monarquía y no estaba de acuerdo". Punto final. Por lo tanto, las declaraciones recientes de Massa y del propio Alberto Fernández, que desestimaron esa posibilidad, están en línea con lo que ocurrirá. En este caso, no mienten.

En las últimas semanas, llegaron varias encuestas al Gobierno que indicaban que el Frente de Todos está perdiendo el voto de los sectores medios que lo apoyaron en las presidenciales de 2019. Alberto Fernández y Massa representaban a esos sectores medios a los que Cristina Kirchner fue a buscar para ganarle a Juntos por el Cambio con el voto moderado.

"Un indulto de Alberto o una ley de amnistía sancionada por Massa en Diputados sería una cachetada a esos sectores medios que se terminarían de ir. Esos sectores votaron al Frente de Todos porque estaban Massa, Alberto y los gobernadores que expresaban independencia del kirchnerismo y las denuncias de corrupción. Perderíamos en las urnas", señaló un kirchnerista puro.

Y hoy la necesidad perentoria consiste en ganar las elecciones legislativas de octubre: por otra parte, sin un triunfo electoral, no se consolidaría la gobernabilidad y las causas judiciales de todos, Cristina y sus ex funcionarios, se complicarían a paso veloz. Presumen que los jueces apuran sus procesamientos o condenas ante la debilidad política de los acusados. Y una derrota desnuda esa debilidad.

De Vido y D’Elía fueron muy duros con Massa cuando descartó la posibilidad de perdonarlos a ellos o a otros dirigentes condenados, como Milagro Sala. Incluso, insinuaron que Massa estaría involucrado en negocios con la compra del cloro en Aysa porque Malena Galmarini es la presidenta de la empresa estatal de agua potable.

Para el líder del Frente Renovador, por su parte, esas críticas sonaron como música para sus oídos. En su entorno aseguran que las críticas de los más radicalizados del kirchnerismo reafirman la identidad de centro moderado que quiere exhibir Massa. Incluso, el ex vicepresidente Amado Boudou, ex amigo de Massa, tampoco quiere el indulto, porque implica asumir su culpabilidad en el caso Ciccone. El perdón no borra la culpabilidad, sino que le reafirma.

Boudou recibió el apoyo de figuras del kirchnerismo como el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y la titular del PAMI Luana Volnovich, que pidieron su libertad. En cambio, De Vido no tuvo respaldo de dirigentes en actividad si no sólo del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, que dirige su esposa Alessandra Minnicelli, que pidió explícitamente una ley de amnistía o un indulto. El ex ministro, condenado por la tragedia de Once y por diversas casusas de corrupción, quedó muy solo en el kirchnerismo. Su amigo era Néstor Kirchner, nunca se llevó bien con Cristina Kirchner, que siempre despreció a Minnicelli.

Te puede interesar