Nunca el problema fue la vacuna: el problema es el Gobierno

POLÍTICA Por Por Eduardo van der Kooy para Clarin
Pasaron casi tres meses antes de que la sociedad pudiera conocer detalles sobre la Sputnik V.
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Cristina Fernández, que casi no habló en un año de la pandemia ni de los vaivenes sobre las vacunas, disparó en las últimas horas un tuit triunfalista: “Es-pec-ta-cu-lar” (sic), escribió. Lo hizo después que, tras mucho tiempo de reclamos, la revista científica The Lancet publicó los estudios de la Sputnik V, la vacuna rusa que compró el Gobierno, sobre la fase III. Determinó que su eficacia es del 91.6% y que no registró efectos adversos graves. 

Alberto Fernández había anunciado el acuerdo con Moscú el 10 de diciembre. Sin dar otros detalles que la cantidad de dosis contratadas. Es decir, pasaron cerca de dos meses antes que la sociedad pudiera conocer detalles sobre el trabajo que llevó adelante el prestigioso Instituto Gamaleya. La venia de The Lancet no significa cualquier cosa: se trata de una de las tres publicaciones científicas de mayor importancia mundial, cuyos orígenes se remontan a 1823.

Una semana después del anuncio presidencial, Vladimir Putin advirtió que la Sputnik V no estaba aprobada para personas mayores de 60 años. Aquí nadie sabía nada. Ni siquiera las autoridades del Ministerio de Salud. El 24 de diciembre llegó a Buenos Aires el primer lote de vacunas. Dos días más tarde Moscú autorizó la inmunidad para los segmentos de riesgo. Alberto recién se inoculó la primera dosis el 21 de enero.

Esa cronología desnudó varias cosas. Improvisación y apuro del Gobierno para ingresar en la carrera por las vacunas. Además, el vacío en la comunicación. También la impericia para entender, en medio de una pandemia que disemina miedo, cómo funciona el imaginario colectivo. La ausencia de precisiones es siempre la peor receta para generar confianza social cuando lo que aparece en juego es la salud. En el caso del COVID, con el riesgo latente de la muerte.

La falencia descubre otro costado. Para un país como la Argentina, de cultura occidental, no resulta lo mismo –en este tema específico– saber de negociaciones secretas con EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que con Rusia y China. No está en juego un aspecto solo comercial. Ni siquiera la hipótesis de la instalación de alguna base militar, que bien podría generar una controversia política. Se trata de un remedio –o un paliativo– contra una enfermedad que ha desatado una tragedia en el mundo.

Los contrastes sobre la transparencia afloraron. A fines de agosto el Gobierno firmó un acuerdo con el laboratorio británico-sueco AstraZeneca para la producción de una vacuna. La información oficial fue amplia y hasta la farmacéutica se ocupó de agregar pormenores. Fue el propio laboratorio el que se encargó de comunicar que no podría cumplir con los plazos de entrega previstos para este verano por una falla en el proceso de investigación. Estimó que las vacunas estarían para el otoño.

En una dirección similar el Instituto Robert Koch de Alemania informó que no se suministraría esa vacuna a los mayores de 65 años. La nación germana utiliza también para la inmunización la vacuna de Pfizer-BioNtech. La Unión Europea tiene una puja con AstraZeneca porque no ha podido cumplir con la cantidad de dosis estipuladas. Pero aún ese conflicto se hace público.

Como contracara, el Gobierno argentino esconde todo lo que puede. O no le conviene. Según trascendió en las últimas horas, por una filtración periodística, el convenio que la Argentina firmó con Rusia por 20 millones de dosis de la Sputnik V preveía el retraso de la provisión. Libera al vendedor, en ese caso, de “sanciones y responsabilidades”.

​ El Presidente siguió insistiendo con la llegada de 5 millones de dosis en enero (fueron 820 mil) y otros 15 millones en febrero. Hasta que Moscú decidió hacer pública la tardanza de “hasta tres semanas” en las entregas.

Ahora se acaba de inaugurar otro capítulo con la posibilidad de la adquisición de un millón de vacunas a China. La agencia oficial Télam informó este martes sobre la rúbrica de un contrato. La vice de Salud, Carla Vizzotti, negó que el acuerdo para el suministro de las dosis de Sinopharm esté cerrado.

​A comienzo de enero Ginés González García había anunciado que en dos semanas arribaría el primer lote desde Beijing. Nada de eso sucedió. Tampoco el producto recibió todavía la aprobación de emergencia que debe realiza la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Ninguna negociación con Beijing es sencilla. El kirchnerismo lo sabe. Está de por medio el precio. Siempre interfieren otros intereses. La Sinopharm se cotiza cerca de los 70 dólares las dos dosis. Más del doble que la Sputnik V. También mucho más que lo acordado con AstraZeneca. O el valor a que circula la de Pfizer. Cuyas negociaciones con el Gobierno continúan cubiertas de oscuridad.

Frente a los errores de gestión y las carencias objetivas de la Argentina para pulsear en el mundo, el kirchnerismo se tienta peligrosamente con politizar el tema. Enrostró la aprobación de The Lancet hacia la Sputnik V a “los odiadores”. Axel Kicillof responsabilizó a la oposición. A los medios de comunicación. También a sectores que, con mucha imprecisión, tildó de “antivacunas”.

Se abrieron, sobre todo en Buenos Aires, listas de inscripción para vacunarse. Fueron habilitados, a tal propósito, locales de La Cámpora. Se pusieron mesas callejeras conducidas por militantes con pecheras de aquella organización. Se convocó a movimientos sociales para “concientizar” a la población sobre los beneficios de la inmunización. Tarea que requeriría, para construir confianza, más que voluntad. Sobre todo, conocimiento sanitario.

El Gobierno incurre con frecuencia en el mismo error. Supone que con coreografía y relato puede disimular las deficiencias. Sucede con las vacunas y la pandemia. También en otros terrenos. El oficialismo transformó en una presunta campaña perversa las denuncias por la arbitrariedad y el autoritarismo de la cuarentena en Formosa. Allí Gildo Insfrán, el gobernador, cometió abusos que se visibilizaron por la situación sanitaria de emergencia. Ocurren hace 25 años, el tiempo que el caudillo lleva en el poder.

Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, sólo admitió la existencia de algunos excesos policiales. Pero negó, como lo había hecho Horacio Pietragalla, el secretario de derechos humanos, la existencia de violaciones de ese carácter. Al hacerlo, se pasó de rosca. Ninguneó a Amnistía Internacional que respaldó varias denuncias y se interesó sobre el tema.

Afirmó que nadie puede aleccionarnos “a nosotros” (¿Quiénes?) sobre la defensa de los derechos humanos. Quizás la juventud le impida conocer las deudas que el peronismo mantiene también en esa materia. Las conozca o las ignore por conveniencia, la realidad obligó a un acelerado retroceso: el lunes Cafiero debió recibir y conciliar con una delegación de Amnistía.

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