El circo a medida del juez Gallardo

POLÍTICA Por Por Fernando González para Clarin
La pulseada judicial contra Horacio Rodríguez Larreta, por el inicio de las clases, es un ensayo clave en el año electoral.
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Si la Argentina fuera un país normal, nada tendría de extraño que un juez citara a los representantes de un gobierno para garantizar los protocolos antes del comienzo de las clases en forma presencial. Todo lo contrario. Sería toda una garantía que dos poderes sumaran esfuerzos para facilitar el que quizás sea el mayor anhelo de miles de familias. Que los alumnos de las escuelas primarias, secundarias y de las universidades puedan regresar finalmente a las aulas. 

Pero el conflicto es la savia de la que más se nutre la Argentina. Por eso, cuando el juez Roberto Gallardo citó a dos ministros porteños (el de Salud, Fernán Quirós, y la de Educación, Soledad Acuña) y a cuatro gremios docentes para chequear los preparativos del retorno de las clases en la Ciudad, a la mayoría del universo educativo le quedó bastante claro que el objetivo era impedir el arribo de la nueva normalidad.

Gallardo es un obstáculo conocido por todos los jefes de gobierno de la Ciudad. Lo sufrió Aníbal Ibarra, quien lo acusó de fascista y le promovió un juicio político; se enfrentó con Mauricio Macri y ahora se mantiene en tensión permanente con Horacio Rodríguez Larreta. Tiene 56 años y más de 20 como juez. Simpatizó de joven con la UCR, pero luego se definió públicamente como una persona de izquierda. En su despacho conviven retratos del Che Guevara, del chileno Salvador Allende y uno de Lenin, el gran protagonista de la revolución bolchevique de 1917, al que es algo más difícil encontrar en una remera.

Como le sucedió a buena parte del kirchnerismo, e incluso a Cristina, al juez Gallardo lo invadió una simpatía inesperada por el obispo Jorge Bergoglio una vez que se convirtió en el Papa Francisco. Pero sus inclinaciones políticas son una anécdota. La polémica giró siempre alrededor de sus fallos, teñidos muchas veces con el tono de la provocación. Impidió un acto de cierre del Salón del Automóvil en la Rural por una denuncia o habilitó el pase gratis para usuarios del subte porque no funcionaba una escalera mecánica.

Como lo hace con casi todas sus decisiones, la Ciudad recusó la citación del juez Gallardo y espera ahora una resolución favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. “No es un juez imparcial; sólo quiere montar el circo de la suspensión de las clases”, es la explicación oficiosa del gobierno de Rodríguez Larreta. Acostumbrado a transitar caminos más alejados de la confrontación política, fue Quirós el que encontró la definición más contundente a la hora de responder: “Para nuestros chicos, sobre todo para los más vulnerables, será un daño irreparable”.

La Ciudad pretende comenzar las clases el 17 de febrero y apurar una campaña masiva de vacunación entre los docentes desde la semana próxima. Para eso, necesita que la Justicia resuelva el conflicto a medida planteado con el juez Gallardo antes de esa fecha. Mientras tanto, lo reemplaza una jueza elegida por sorteo. La pulseada porteña es seguida con atención por toda la política en el año electoral. El Gobierno y el kirchnerismo no quieren que Rodríguez Larreta se lleve el rédito de ser el primero que recupere la bandera de la educación presencial. Y tienen al juez de la polémica, y a los gremios, como puntas de lanza para bloquear la iniciativa.

Claro que, en la Casa Rosada, también leen las encuestas. Registran y temen el deseo creciente de muchos argentinos para que los alumnos vuelvan a clases en sus escuelas y en sus universidades. Es un sentimiento legítimo y razonable después de un año en el que la educación sufrió como pocos los efectos del retraso y del aislamiento que la pandemia sigue produciendo en la batalla impostergable del conocimiento.

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