Comodoro Py, una diferencia entre Cristina y los Moyano

POLÍTICA Por Por Daniel Bilotta para La nacion
La Justicia Federal amenaza con volver a distanciar a la familia Moyano de Cristina Fernández de Kirchner. Un mal presagio para la estrecha relación que Alberto Fernández mantiene con el clan camionero a través de su pater familiae, Hugo
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Pero también para la unidad del Frente de Todos, sostenida en el liderazgo de la vicepresidenta. Las causas abiertas en su contra conmueven ese modelo de cohesión. Un fallo adverso podría ser interpretado como un síntoma de debilidad por el peronismo. Un aliado incómodo pero imprescindible en la coalición oficialista. 

Esa filosofía inspira la arremetida al Poder Judicial. Y vuelve al kirchnerismo sensible a los resultados de la causa por supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos en el gobierno de Mauricio Macri. Cristina, entre ellos. El presidente replicó este fin de semana el hilo de Twitter con el que su exsocia y ministra de Justicia, Marcela Losardo, cuestionó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por decidir que Comodoro Py prosiga con esa investigación, que venía desarrollándose en Lomas de Zamora.

Carlos Beraldi apelará esa medida en la Corte. Su patrocinada, Cristina, quiere que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, y la fiscal Cecilia Incardona sigan en la causa. Por eso es relevante la solicitud efectuada por Ariel Lijo a Jorge López el 8 de febrero: el envío del expediente donde se investiga si Daniel Llermanos y Facundo Melo coaccionaron al Damián Lagaronne para que beneficie a Pablo Moyano con un cambio de su testimonio en la causa por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente de Avellaneda.

Resulta llamativo que Lijo haya citado ese caso al instar a López a que deje de intervenir en la causa promovida por el fiscal Sebastián Scalera contra Llermanos y Hortel. Lo hizo basándose en la presentación que el abogado de los Moyano efectuó en el Juzgado Federal N°4 el 8 de mayo del 2018. La existencia de un entramado político dispuesto a perjudicar a Hugo. Lijo reclama anexar la denuncia de Scalera que tramita el juzgado de Garantías N°10 de Lomas de Zamora. López todavía no le respondió.

Pablo Moyano fue sobreseído por la jueza Brenda Madrid, pero ese fallo fue apelado por Scalera en la Cámara de Garantías, que aún no se pronunció. La solicitud de Lijo hace especular con la participación de su hermano Freddy. Un aparente facilitador de los contactos del juez en los tribunales federales. ¿El pedido de absorber la causa de Llermanos es el comienzo de un plan para que llegue a Comodoro Py la de Independiente? La duda se funda en el antecedente de Federico Villena. Antes que la Cámara Federal de La Plata lo aparte de la causa por supuesto espionaje ilegal, el subrogante del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora había pedido a la Cámara de Apelaciones ese expediente. Y a la jueza de Garantías N°6, Laura Ninni, que se declare incompetente en otra de narcotráfico. Villena pretendía conectar a Melo con ambas. El exagente de la AFI forma parte de un entramado distinto pero parecido al que aludió Llermanos. Melo es la conexión real de estas tres causas.

En noviembre del 2018, Melo le propuso al barra Lagaronne que Hortel sea su nuevo abogado. Una tarea que él había cumplido hasta ese momento. En diciembre, Lagaronne denunció las presiones de Llermanos y Melo a raíz de lo que Scalera le solicitó al juez López la detención del abogado de los Moyano que el magistrado le denegó tres veces pese a que la Cámara de Garantías se lo ordenó.

Antes de ocupar ese cargo, López fue director nacional de Inteligencia en la gestión de Aníbal Fernández en el ministerio del Interior. Las escuchas ordenadas en la causa por supuesto espionaje ilegal no dejarían dudas del vínculo entre Llermanos y Melo, que Scalera intentó determinar con las medidas de prueba que rechazó López. Incardona remitió esos audios a la UFI N°8 de Lomas de Zamora, que investiga la denuncia de Scalera contra Llermanos y Hortel.

La fiscal federal, Villena y Juan Rodríguez Ponte están inscriptos para competir en el concurso para sustituir a Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal porteña que organiza el Consejo de la Magistratura. Antes de ser director ejecutivo de la de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Delitos Organizados (Dajudeco), Rodríguez Ponte fue secretario de Ariel Lijo.

La Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, cuestionó el funcionamiento de la oficina de escuchas de la Corte en el informe final presentado en diciembre. Las críticas alcanzan también a Rodríguez Ponte y a Lijo, apodado en el fuero federal como “el gobernador.” Cristina sospecha de sus vínculos con Ricardo Lorenzetti a través de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) que preside Lijo y reúne a 800 magistrados y camaristas de ese fuero.

La celeridad de Villena para restituir a Karina Moyano 400 mil dólares y 600 mil pesos incautados en un allanamiento por una causa de narcotráfico es otro detalle de la supuesta maniobra de migración de Lomas de Zamora a los Tribunales de Retiro. Igual que Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli, el de Villena es uno de los traslados que se propone revisar el Consejo de la Magistratura. Casi una autocrítica del oficialismo. Avaló su designación de juez en Moreno, pero también que subrogue en Lomas de Zamora.

Augé le pidió a la Cámara Federal de La Plata que anule la decisión que Villena tomó cuando él estaba de vacaciones. La causa que involucra a Karina se tramita en el juzgado Federal N°2 que Villena, a cargo del N° 1, atendió en la feria judicial. Llermanos presentó el pedido de restitución el 26 de enero. En apariencias el problema de la hermana de Pablo no es la causa del narcotráfico sino su consecuencia. La obliga a justificar el origen de los fondos. Aseguró que 80 mil dólares se los prestó Llermanos, el autor de la presentación para que el dinero le sea devuelto.

Ese monto coincide con el de la segunda cuota que habría percibido Melo por intentar que Lagaronne modifique su testimonio en la causa Independiente. Es lo que se desprende de la conversación mantenida el 9 de febrero del 2019 con Leandro Araque, otro exespía que colaboró con él en esa misión informal.

Existen indicios de la tensión entre los Moyano y el kirchnerismo. Llermanos volvió a eludir presentarse a indagatoria mientras que Víctor Hortel lo hizo, aunque hizo uso de su derecho de no declarar. Al exdirector del servicio penitenciario federal se lo vincula con Martín Mena, el viceministro de Justicia con ascendiente en la AFI.

Puede que el fracaso de Axel Kicillof en forzar la salida de Julio Conte-Grand de la Procuración General haya persuadido a los Moyano de buscar en la Justicia Federal otra alternativa a la causa Independiente. En la negociación por el Presupuesto, el gobernador le planteó una curiosa transacción a su antecesora. La renuncia de Conte-Grand a cambio de designar a la oposición en los cargos que le garantiza la Constitución. El argumento de Kicillof es extraño. No confía en el procurador porque antes fue funcionario de Vidal. Es decir, con quien intentó negociar su salida.

Si los indicios son confirmados por nuevos hechos, los Moyano comenzarían a recorrer un camino inverso al de Cristina. La vicepresidenta insiste en que la causa por supuesto espionaje ilegal permanezca en Lomas de Zamora: la jurisdicción que los camioneros desean abandonar con urgencia. Comodoro Py pasaría a ser una diferencia notoria entre ellos.

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