La crisis de las vacunas reabre el debate salud-economía

ECONOMÍA Por Por Néstor Scibona para La nacion
Cristina Kirchner evitó utilizar su cuenta de Twitter cuando el gobierno de Vladimir Putin admitió oficialmente esta semana que la demanda interna y externa de la vacuna Sputnik V excede "sustancialmente" su capacidad de producción.
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La politización de la compra, transporte, distribución y uso de la vacuna rusa fue tan evidente entonces como lo es ahora su escasez. Más allá de los rimbombantes anuncios oficiales con cifras de varios millones, desde fin de diciembre llegaron a la Argentina en sucesivas tandas un total de 1.800.000 dosis (entre la Sputnik V y casi un tercio de la Covishield producida en la India con la fórmula de Oxford-AstraZeneca). Y si bien este déficit afecta a muchos países de la región, con excepción de Chile, tiene implicancias tanto sobre las perspectivas sanitarias como económicas a corto plazo. 

De hecho, ese número dividido en dosis dobles (900.000) no alcanza para inmunizar al personal esencial de salud y a los mayores de 70 años, que configuran los principales grupos de riesgo. Tampoco a todos los docentes y auxiliares, pese a la reapertura de escuelas para la necesaria reanudación parcial de clases presenciales tras un año de cierre.

No hay vacunas para todas y todos, como quisiera anunciar el gobierno de Alberto Fernández.

Esta realidad torna inadmisible que funcionarios o legisladores hayan destinado las pocas disponibles para ellos mismos, familiares o militantes, como ocurrió en Santa Cruz y en Henderson (Buenos Aires). O que personajes ligados al poder político (como el periodista Horacio Verbitsky) aprovecharan para vacunarse sin anotarse en las listas de espera abiertas en locales partidarios de La Cámpora.

La inscripción previa para acceder a turnos con cupos limitados es una forma de disimular la escasez de vacunas. Parafraseando al vocero de Putin, la demanda supera sustancialmente a la oferta oficial. Una prueba fue ayer, en la CABA, el colapso de los sistemas online y telefónico para asignar 5000 turnos diarios a 133.000 mayores de 80 años no residentes en geriátricos. Otra, que el gobierno bonaerense prevé aplicar en cuatro días, hasta mañana, 95.000 dosis a mayores de 70 años, que representan el 6,5% de esta franja de edad y otras 30.000 a docentes.

El ingreso a cuentagotas de las dosis impide diseñar un operativo de vacunación masiva, planificado y articulado. Aunque la compra es centralizada por el Ministerio de Salud y distribuida por jurisdicciones, abundan las sospechas de favoritismo político; sobre todo en el distrito bonaerense, el de mayor número de habitantes (y votantes). Pero tampoco están claros los criterios de asignación ni las prioridades para su aplicación por categorías de riesgo sanitario.

Por caso, la mayoría de los establecimientos privados porteños de salud recibió hasta ahora vacunas que cubren apenas entre una tercera o cuarta parte del número de personal médico y sanitario que voluntariamente aceptó aplicárselas. Además, no tienen disponibilidad para mayores de 70 años, aunque algunos prestadores ofrecen inscripción previa. En cambio, jóvenes profesionales independientes sin contacto directo con pacientes ya pudieron acceder a las dos dosis a través del sistema público, a diferencia de muchas personas con factores de riesgo.

El Gobierno apuesta ahora a la vacuna de AstraZeneca producida en la Argentina y envasada en México, que permitiría incrementar el volumen entre marzo y abril a partir del acuerdo para la entrega de 22,4 millones de dosis. Según estimaciones oficiales, se necesita vacunar a unos 30 millones de personas para frenar la circulación del virus. Aun así, las vacunas contra el Covid -al igual que la antigripal- no evitan los contagios, sino las formas más severas de enfermedades respiratorias.

Mientras el uso del transporte público se va acercando a los niveles prepandemia, se trata de una carrera contra reloj: la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas encierra el riesgo de una nueva ola de contagios debido a la menor ventilación de viviendas, fábricas y oficinas, como ocurre en los países del hemisferio Norte.

A este riesgo se suman los sectores que todavía permanecen afectados por el distanciamiento social (hoteles y restaurantes; servicios comunitarios, sociales y personales; transporte y comunicaciones; administración pública; minas y canteras; enseñanza, etc.). Un informe del Ieral, elaborado por Guadalupe Vázquez y Jorge Vasconcelos, indica que un 25% del valor agregado de la economía depende para su recuperación plena de la eficacia de las políticas de salud y de una campaña exitosa de vacunación. A noviembre -agrega- los sectores más afectados por el distanciamiento caían todavía 15,7% interanual en promedio ponderado, cuando los restantes ya habían entrado en terreno positivo, con 2,7% interanual.

Las incógnitas sobre el ritmo de vacunación también tienen otros efectos colaterales, junto con la falta de coordinación entre áreas oficiales. Pese al progresivo y heterogéneo repunte de la actividad, muchas empresas sujetas a precios máximos enfrentan los denominados "costos Covid". Entre ellos sobresalen las licencias al personal mayor de 60 años y a padres o madres de hijos en edad escolar; el transporte contratado; los protocolos sanitarios; la prohibición de despidos y la doble indemnización. De ahí que sea un contrasentido que la Secretaría de Comercio haya imputado a 11 compañías líderes por desabastecimiento o incumplimiento de la obligación de aumentar su producción hasta el máximo de la capacidad instalada impuesta hace casi un año por aquel régimen. Las empresas denuncian un atraso de precios del orden de 30/35% promedio frente a los costos, a los que suman la suba de combustibles y restricciones a la importación. A mayor producción, mayores pérdidas.

Paralelamente, desde el arranque de la cuarentena, el Gobierno dispuso que las ART se hicieran cargo de la atención médica, internación y salarios caídos de los trabajadores de sectores esenciales con Covid positivo. Desde entonces hasta fin de diciembre se atendieron 210.000 casos (con 94% recuperados y 837 fallecimientos) y el costo fue cubierto por del fondo fiduciario de enfermedades profesionales, que inicialmente ascendía a $ 5000 millones. Sin embargo, el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Marcelo Domínguez, reveló semanas atrás que las prestaciones demandaron un monto total de $20.000 millones, por lo cual se desconoce cómo será cubierta la diferencia.

No es la única incógnita. En pocas semanas se reabrirá la paritaria del gremio de Sanidad, que en 2020 tuvo un ajuste salarial de 21% con revisión en marzo y no alcanzó a los médicos, que se convirtieron así en la variable de ajuste ante el congelamiento de las cuotas de la medicina prepaga hasta noviembre. Luego el Gobierno autorizó aumentos de 10% para diciembre y 3,5% en marzo. El problema es que el sindicato reclamaría una suba de 35/36% y las cuotas serían ajustadas por el índice salarial (Ripte), sin cubrir los demás costos (como medicamentos e insumos que subieron más que la inflación) y podría dejar nuevamente afuera a los profesionales. Los aplausos nocturnos a los médicos ya pasaron al olvido, como la llegada de millones de vacunas a fin de 2020.

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