El eclipse de los científicos

POLÍTICA Por Por Fernando González para Clarin
El escándalo del Vacunatorio VIP expuso, como nunca antes, la crisis de eficacia en la gestión de Alberto Fernández.
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La debilidad del peronismo por las ciencias como herramienta política no es un fenómeno de este tiempo. Hace exactamente setenta años, Juan Domingo Perón nombró en su gobierno y le asignó fondos estatales a un científico austríaco, Ronald Richter. Y le montó un laboratorio en la isla Huemul, sobre el lago Nahuel Huapi, para que desarrollara allí una reacción nuclear controlada. Un hallazgo tecnológico que todavía no poseían ni los Estados Unidos, ni Gran Bretaña ni la Unión Soviética. Las tres potencias nucleares de posguerra en 1951. 

Pero el marketing político necesitaba más. Perón le otorgó a Richter la ciudadanía argentina en tiempo récord, le regaló un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires y lo condecoró en la Casa Rosada con la medalla peronista, un premio a sus servicios a la causa. La historia no duró mucho más. Una comisión investigadora fue a la isla para comprobar la sospecha generalizada de que el proyecto era una estafa. Nunca hubo fusión nuclear controlada y Richter renunció a todas sus medallas para evitar que el Congreso armara un escándalo. Se fue vivir a una casita en Banfield con su esposa Ilse, su hija y su gato, al que llamaba Epsilon.

Con aquella impronta de siete décadas pasadas, el anuncio más llamativo de Alberto Fernández cuando asumió el poder fue anticipar que el suyo sería “un gobierno de científicos”. No es que hubiera grandes científicos en el gabinete, pero el Presidente utilizó esa idea para diferenciarlo del gobierno de Mauricio Macri, al que el peronismo había estigmatizado como “gobierno de los CEOS”. Nombró al investigador Roberto Salvarezza como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; al académico Martín Guzmán como ministro de Economía y al histórico sanitarista del peronismo, Ginés González García, como ministro de Salud.

Toda esa pompa cientificista y el tratamiento del Conicet como si fuera una unidad básica acaban de volar por los aires con el escándalo del Vacunatorio VIP. El descubrimiento de la aplicación de vacunas en un despacho del ministerio de Salud obligó al Presidente a pedirle la renuncia a Ginés y la cantidad de funcionarios, familiares y amigos que siguen apareciendo clavaron una estaca en el corazón de un movimiento político de matriz social como es el peronismo. La certeza de que muchos integrantes del poder están aprovechando su influencia para vacunarse en situación de privilegio cruzó como un rayo a una sociedad enferma, temerosa y empobrecida por la pandemia.

La marcha del sábado hacia la Plaza de Mayo, y su réplica en varias ciudades del país, es apenas una manifestación pública de la indignación que recorre miles de hogares argentinos, más allá de las simpatías políticas que cualquiera pueda tener. Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio se entusiasman por el impacto que el Vacunatorio VIP está teniendo en el ánimo del Frente de Todos sin reparar que la onda expansiva amenaza a toda la burocracia política. Aquel fantasma del “que se vayan todos”, que explotó junto con el estallido de 2001, sobrevuela una vez más como una amenaza latente.

Pero es el oficialismo y, sobre todo, Alberto Fernández el que debe lidiar con el costo político de la vacunación clandestina. En estos días viene exhibiendo el enojo clásico de quienes se sienten desorientados por una situación que no esperaban. Como un soldado aturdido por las bombas, el Presidente dispara manotazos para tratar de atrapar a otros culpables. La oposición que criticaba las vacunas; los jueces o el fiscal Eduardo Taiano, que investiga un delito novedoso y que -como bien dice Alberto- no está en el Código Penal porque jamás había habido en la historia una oportunidad para que los funcionarios ejercieran el tráfico de influencias y expusieran a sus compatriotas más débiles a morir en el sálvese quien pueda planetario del coronavirus.

No faltaron en la furia discursiva del Presidente algunos párrafos de castigo para la prensa. En el ranking de exageraciones insólitas quedará para la historia la comparación que Fernández hizo esta semana en Yapeyú, el pueblo correntino donde nació José de San Martín. “Pienso que aquellos enormes hombres en el 1800 no tenían que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prédica malintencionada”, arriesgó, al satanizar a los medios y a las redes sociales. Fake news. San Martín, Belgrano y Sarmiento también soportaron la crítica del periodismo de entonces. Eso sí. Jamás se vacunaron con privilegios y murieron pobres.

En el lamento militante que recorre la interna del Frente de Todos, el kirchnerismo y el massismo coinciden en un aspecto. Creen que el Presidente se apresuró a echar en forma fulminante y tratando de hacerle pagar todo el costo político a su amigo Ginés González García. “Admitiendo la culpa tan rápido dañamos nuestra única bandera electoral, que era la vacuna”, se sincera un dirigente importante del oficialismo y preocupado por el impacto que ya se nota en las encuestas. Todos los sondeos encargados en diferentes sectores del peronismo señalan una caída alarmante de la imagen presidencial y de la gestión de gobierno.

Tampoco funcionó la estrategia de diferenciación que ensayó el kirchnerismo, con el madrinazgo intelectual de Cristina. La idea era distanciar al gobernador Axel Kicillof y al peronismo bonaerense del Gobierno nacional. En las redes sociales y en el discurso de sus principales dirigentes agitaron la misma consigna: “En la Provincia no hay Vacunatorios VIP”, tratando de instalar la sensación de que los privilegios del poder en la vacunación eran cosa del albertismo y de sus contradicciones. Fue otra bandera que debieron arriar de inmediato.

La revelación de Clarín sobre los centenares de jóvenes universitarios y militantes que se vacunaron en los centros de telemedicina coordinados por el gobierno bonaerense y treinta universidades es sólo un ejemplo de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Fenómeno que muchos simpatizantes de La Cámpora venían publicitando en las redes, publicando sus fotos vacunándose y viralizando el acceso que muchos dirigentes de segunda y tercera línea tienen a las vacunas por su cercanía con el poder. Al mismo tiempo, estallan las denuncias de médicos y enfermeros en toda la provincia que todavía no recibieron sus dosis pese a encontrarse, ellos sí, en la primera línea de la batalla sanitaria. Paradojas de un país que no encuentra el rumbo.

Con Alberto Fernández y el Gobierno a la defensiva por el escándalo de la vacunación VIP, un estruendoso fallo judicial volvió a poner en el centro del escenario la corrupción sistemática del kirchnerismo con los contratos de la obra pública. Los doce años de condena que el Tribunal Oral Federal 4 le dio a Lázaro Báez encendieron las alertas en el nutrido equipo de dirigentes y abogados que defienden a Cristina Kirchner. La decisión judicial dejó dos incógnitas flotando.

La primera es la renovada convicción de algunos jueces y fiscales en seguir investigando el entramado de corrupción K pese a las amenazas e intimaciones, que esta semana se revitalizaron a través de la ANSeS. Una fibra sensible del Poder Judicial son las jubilaciones y el caso paradigmático es el del fiscal Taiano. Investiga la misteriosa muerte de Alberto Nisman y ahora también las irregularidades del Vacunatorio VIP. El martes 23, horas después de que el Presidente definiera como “payasadas” las investigaciones judiciales sobre la vacunación con privilegios, recibió en su casa la intimación de ANSeS para jubilarse y, eventualmente, renunciar a su cargo. Es uno de los doscientos casos que el organismo considera de rutina pero que, en su mayoría, se trata de cargos clave en los que el oficialismo prefiere tener a funcionarios de su plena confianza.

El otro frente de tormenta que preocupa al kirchnerismo es la familia Báez. Quebrados por la condena que recibió el ex socio de los Kirchner, pero también por la que recibieron sus cuatro hijos, nadie puede descartar ahora que alguno de ellos salga a ventilar información que mientras duró el juicio prefirieron callar. El primer indicio lo dio Leandro Báez, a quien le acaban de dictar cinco años de cárcel. “Ahora salen a bancar a Lázaro”, bramó en su primera declaración luego del fallo, para agregar que “en ese delito precedente está ella”. El muchacho se refirió así a la causa Vialidad, una de las que complica el frente judicial de la Vicepresidenta. No se necesita haber leído a McLuhan para saber hacia dónde apunta el mensaje.

En la catarsis que el Presidente protagonizó durante su deslucida gira por México, recriminó a la oposición, a la Justicia y a la prensa. Y a todos interpeló sobre lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. En una columna titulada “Gobierno de CEOS, gobierno de pasantes”, este periodista advertía en febrero de 2017 los riesgos que corría la gestión macrista de desbarrancar, como finalmente le sucedió tiempo después. Para desgracia de Alberto, ninguno de los errores que haya cometido Macri le aportan una solución a los despropósitos que están complicando su presente y su futuro.

El mayor riesgo sobre la gestión de Alberto Fernández no son los condicionamientos de Cristina, que es la persona que ostenta la principal cuota de poder en la coalición de gobierno. El factor cada vez más determinante es la falta de eficacia en un gobierno conducido por un dirigente con muchos años de experiencia en el Estado. Los científicos de aquellos primeros días de euforia sin demasiado sustento tendrán que descubrir nuevas fórmulas para mejorarle la vida a los argentinos. Sobre todo, si es que quieren escapar de este eclipse que solo alimenta la desesperanza.

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