Por qué el Gobierno eligió a la Justicia como enemiga

POLÍTICA Por Por Paulino Rodrigues para MDZ
Alberto Fernández recogió el guante de Cristina Fernández de Kirchner y tras la sentencia de Lázaro Báez , impulsa una andanada de iniciativas que procuran licuar el poder de la Justicia Federal e impregnar los distintos fueros con juristas afines
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Tras la rupturista apertura de sesiones ordinarias del Congreso que realizó Alberto Fernández, el gobierno salió a poner a la Justicia bajo la lupa como nunca antes. Oscar Parrilli, el senador que expresa lo que Cristina Kirchner diría, confirmó que quiere constituir una Comisión Bicameral para poder investigar e interrogar a los jueces. Quiere que se ejerza "un control cruzado", según lo definió. En la Constitución Nacional reformada en 1994 ese encuadre no existe. Sólo está el control de Constitucionalidad que justamente lo ejercen los jueces, no la política que, en todo caso, por entonces delegó en el Consejo de la Magistratura cómo y de qué forma se eligen o expulsan a los jueces. 

"Es casi un pelotón de fusilamiento", sentenció el fiscal Carlos Rívolo, titular además de la Asociación de Fiscales. La Federación Argentina de Magistrados (FAM) que nuclea a más de 15.600 socios -jueces de primera instancia, fiscales, camaristas y funcionarios judiciales de todo el país- repudió con un comunicado los embates y "el cuestionamiento sistemático" del presidente hacia uno de los poderes del Estado.

El comunicado cierra sentenciando que "a fin de que no impere la ley del más fuerte, más que poner en cuestión las instituciones de la Constitución, hay que respetarlas". Lo firma la entidad que nuclea a toda la justicia que no sea nacional y federal. El primer eslabón y único muchas veces de justicia que la gente visualiza.

Sin embargo, al oficialismo nada parece frenarlo. El ministro del Interior, Wado de Pedro, fue contundente al sostener que "o los jueces se transforman o se van". Más claro imposible. Salvo que la claridad no incluye cuál debería ser la transformación que el Poder Ejecutivo está reclamando.

Más lejos aún fueron Juan Martín Menna, el viceministro de Justicia de la Nación y Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. El primero dijo que "la injerencia de la justicia en la política no va más" y la segunda recordó que "llegado el caso, el Congreso tiene la facultad para remover los jueces de la Corte".

Lo primero parece marcar que el Gobierno se siente más cómodo con la injerencia de la política sobre la justicia (curiosamente lo que denuncia para intervenir) y lo segundo vuelve a sembrar sospechas cada vez más fundadas respecto a que el Gobierno se encamina a poner esfuerzo en remover, cambiar o ampliar la Corte. La restricción en su accionar ya empezó con una serie de iniciativas que tienen trámite parlamentario.

Veremos si su avanzada final implica modificar cortesanos o si sólo son amenazas en código electoral que procuran encontrar banderas a enarbolar en medio de pálidos resultados sanitarios y económicos

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