La energía, con fuerte politización y sin políticas

POLÍTICA Por Néstor O. Scibona
Después de casi dos años de congelamiento, el próximo ajuste de tarifas de gas y electricidad se encamina este mes hacia un punto de ebullición fogoneado por la interna política del Gobierno, donde se cruzan las necesidades electorales del oficialismo con las de evitar que los subsidios estatales provoquen un mayor agujero fiscal
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El desenlace se conocerá dentro de 10 días, tras las dos audiencias públicas (AP) virtuales convocadas oficialmente para presentar el nuevo cuadro tarifario del gas natural. Sin embargo, parece previsible: en un año de elecciones los aumentos tendrán un promedio bajo aunque serían segmentados. La incógnita será entonces a quiénes alcanzarán y a quienes no. Otro tanto ocurrirá el 29 y 30 de marzo con las tarifas de transporte y distribución de electricidad. 

En un extremo de la interna oficialista está el Instituto Patria, de donde proviene el interventor del Enargas, Federico Bernal, alineado con la propuesta de Cristina Kirchner de reducir los ajustes a un dígito anual (9%), sin considerar el mayor costo fiscal en subsidios. En el otro, la Secretaría de Energía -a cargo del ex diputado neuquino Darío Martínez-, que hace seis meses pasó a depender del Ministerio de Economía. Esta semana difundió un detallado análisis donde explica que el Estado absorbe el 60% del costo total de la demanda prioritaria de gas por redes (usuarios residenciales y no comerciales) y que, de mantenerse esta situación, implicaría un monto adicional de $ 56.000 millones sobre la partida presupuestaria de casi $ 133.000 millones prevista para 2021. De ahí que propone una corrección de 63% en el componente gas (nacional e importado), que representa la mitad de la factura e implicaría una adecuación tarifaria de entre 26 y 35 % para los consumos de marzo y julio, respectivamente, en el caso de una de las categorías más altas (R31), de manera que el 37% restante recaiga en los usuarios, aunque sin aclarar cómo. Este cálculo no incluye los componentes de transporte y distribución, que aumentarían 25% frente a un pedido de 50% de las empresas. Evidentemente, el informe cuenta con el aval del ministro Martín Guzmán; el que avisa no traiciona.

La distancia entre estas dos posturas oficiales sobre la cuestión tarifaria demuestra la ausencia de una política energética. Pero a esto se suma la confusión que aportó el propio Alberto Fernández en su mensaje del último lunes ante la Asamblea Legislativa.

Por un lado, dijo haber ordenado el congelamiento de tarifas de luz y gas apenas asumió, cuando en realidad había sido dispuesto ocho meses antes por Mauricio Macri en su frustrado intento de cambiar su rumbo de derrota electoral. Habría sido el único tramo del discurso en que el ex presidente no fue demonizado. También sostuvo que entre 2016 y 2019 las empresas del sector obtuvieron cuantiosas ganancias, sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para mejorar los servicios, lo cual es falso. Y que con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) heredada, el gas debería aumentar 130% en abril de este año (tras un ajuste de 80% en octubre de 2019 que no se produjo) y la electricidad 168%. En cambio, la RTI sí fue suspendida a fin de 2019 y reemplazada ahora por un Régimen Tarifario de Transición (RTT) que podría regir hasta 2023, cuando comenzaría a discutirse una nueva RTI.

Por otro, afirmó que su objetivo es “lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio”; que los subsidios del Estado solo amparen a quienes lo requieren y que, como la conformación de ese nuevo cuadro tarifario va a demandar meses, se buscará marcar un sendero para las tarifas de luz, gas y otros servicios durante el próximo año. A tal efecto anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar “la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”.

Esta estrategia resulta muy compleja porque la capacidad patrimonial no siempre es sinónimo de altos ingresos y viceversa, sobre todo por los efectos de la pandemia; ni la capacidad contributiva es un indicador eficaz con una economía en negro que supera largamente el 40%. La segmentación por zonas o barrios también fracasó en la era K. Y, cualquiera sea el porcentaje promedio de ajuste, también es una incógnita qué categorías de usuarios no tendrán aumentos y cuáles deberían enfrentar subas de tres dígitos; ni si se aplicarán progresivamente o de una sola vez.

Paralelamente, la anunciada ley de emergencia de servicios públicos se superpone con la sancionada a fin de 2019. Quizás sea una forma indirecta de regular a algunos sectores donde existe competencia, lo cual provocaría una judicialización como la que ya se verifica con algunas compañías de telecomunicaciones. Otro tanto podría ocurrir con la “desdolarización”, que no deja de ser un juego de palabras si se tiene en cuenta que las tarifas se pagan en pesos y el 85% de la matriz energética depende de hidrocarburos (combustibles líquidos y gas) cuyos precios de referencia son en dólares. Aunque podría tratarse del típico “fulbito para la tribuna” en un año electoral, la cuestión cambia si, como indican algunas versiones, fueran pesificados los contratos vigentes entre Cammesa (la operadora eléctrica mayorista) y empresas privadas para aumentar la capacidad de generación eléctrica y el aporte de energías renovables, lo cual podría desembocar en nuevos juicios contra el Estado.

Difícilmente esto ocurra con el Plan Gas 4 lanzado en diciembre, el demorado y único programa puesto en marcha por el Gobierno para impulsar la oferta mediante subastas de mayores volúmenes hasta 2024 (casi 68 millones de metros cúbicos diarios) con precios fijados en dólares (US$3,5 promedio por millón de BTU). Sobre todo, cuando acaba de completarse la Ronda 2 para los meses de invierno, donde dos empresas (Tecpetrol y Pampa Energía) ofrecieron 4,5 millones de m3/día (a un precio ponderado de US$4,73), adicionales a los 3,6 millones de la primera ronda (a US$4,55 promedio).

Esta licitación había sido convocada apenas una semana antes, poco después que otra internacional para contratar un buque regasificador que desde el puerto de Bahía Blanca permita cubrir por tres meses (a partir del 26 de mayo) la mayor demanda invernal con importaciones de GNL, menos costosas (US$ 7,5) que las de combustibles líquidos (casi el doble). Probablemente uno de los pocos oferentes sea la misma compañía (Excelerate) con el barco que operó durante 10 años. De resultar adjudicataria, la figura de la licitación reducirá el costo político que significaría para el Gobierno traer el mismo buque que había despedido Macri en 2018.

Más difícil para Alberto Fernández será avanzar con la ley integral para la industria hidrocarburífera (petróleo y gas) prometida en el Congreso. No solo porque desde 1969 ningún gobierno logró reemplazar la ley actual (en realidad, un decreto - ley dictado por el régimen militar de Onganía), aunque fue sometida a infinidad de parches. También porque desde la reforma constitucional de 1994, que otorgó la propiedad del subsuelo a las provincias, cada cambio significó negociar concesiones (regalías e impuestos) a los gobernadores. En la actualidad, el secretario de Energía aspira a ser candidato a gobernador de Neuquén y el nuevo presidente de YPF, Pablo González, de Santa Cruz. Todo un problema, además, para resolver el precio de los combustibles con más de 50% de impuestos, 8% de retenciones, el petróleo Brent a US$64 el barril y una demanda todavía retraída, sin que impacte sobre los costos de numerosos sectores y la inflación de este año.

Néstor O. Scibona para Nación
Ilustración: Agdamus

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