Quebrar la inflación del 4% mensual, cueste lo que cueste

ECONOMÍA Por Por Jorge Vasconcelos para La voz
Las expectativas son relevantes y, mientras más demore la inflación en converger con la pauta cambiaria, mayor será el riesgo de un salto devaluatorio después de octubre.
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De aquí a junio, el Gobierno nacional hará todo lo que esté a su alcance para sacar la trayectoria de la inflación del peligroso cuatro por ciento mensual en el que se instaló. 

La variación del tipo de cambio en el mercado oficial desaceleró a 2,9% mensual en febrero, por lo que no habría que extrañarse si en marzo va al 2,5% y menos aún en meses subsiguientes.

La emisión monetaria a favor del Tesoro ha sido nula en el primer bimestre y quizás lo sea en el trimestre.

La impresión para pagar los intereses de los pasivos del Banco Central (Leliq y pases) es un taxi que no se detiene, pero una parte es compensada por la colocación de más deuda entre los bancos y también por la venta de títulos (AL30), operatoria que arrancó con timidez, pero que ha cobrado otra dimensión, inaugurando una “flotación sucia” en los mercados libres del dólar, lo que llevó la brecha cambiaria al 50%, variable clave para las expectativas.

Un freno a la inflación podría ayudar a recuperar el consumo en forma parcial, aunque faltan vías de empalme entre la estabilización y el crecimiento.

Primero, porque varias de estas medidas lucen transitorias; segundo, porque el menú de instrumentos es complementado con la extensión y/o la profundización de medidas de represión, control de precios y/o restricciones para importar una gama amplia de bienes y servicios, lo que genera problemas de rentabilidad y abastecimiento; y tercero, porque la agenda política introduce cada vez más riesgos institucionales de manera simultánea.

Tras una década de estanflación, es imperioso construir puentes desde el corto plazo hacia la agenda del crecimiento. Hay que tener en cuenta que, tras la caída del producto interno bruto (PIB) de 10% en 2020, el rebote de 2021 todavía nos dejará entre 4 y 5 puntos por debajo de 2019, que no se caracterizó por ser un año pujante.

Esta secuencia es mucho más decepcionante en el plano del empleo. Con 20,8 millones de personas ocupadas en 2019, aun considerando los puestos de trabajo más precarios, en 2021 quedaríamos entre 7% y 8% por debajo. Por cierto, habrá todavía un millón y medio de empleos por recuperar, sin olvidar que el retraso en la vacunación opera como un lastre en este frente.

Modo electoral

La historia de las medidas que apuntan a desacelerar la tasa de inflación es muy fresca. Arranca a mediados de enero, cuando comenzó a disiparse el riesgo de una sequía severa, que hubiera impedido aprovechar precios internacionales como el de la soja, por encima de 500 dólares la tonelada.

Si bien todavía hay zonas de Buenos Aires con producción comprometida por falta de agua, ahora se apuesta a exportaciones de granos por un valor cercano a los 34 mil millones de dólares en 2021, comparado con 25,5 mil millones de 2020.

De hecho, las retenciones pasaron a representar el 14,9% del total recaudado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en el primer bimestre de este año, contra 8,1% del primer trimestre del ciclo pasado.

A partir de esta novedad, y de los 3,4 mil millones de dólares que ingresarían a las reservas del Banco Central por la cuota que le toca a la Argentina de la emisión de DEG (los derechos especiales de giro son la “moneda” del Fondo Monetario Internacional), a confirmarse en abril, es que comienza a cobrar forma la política económica en “modo electoral”. Veamos

Ancla cambiaria. A principios de febrero, se anunció la decisión de volver a utilizar el “ancla cambiaria”, al pautar una suba del precio del dólar en el mercado oficial de 25% en el año, al tiempo que se logró frenar la emisión de pesos a favor del Tesoro de manera temporal. Así, frente a la aceleración de la inflación, el Gobierno apeló a una ambiciosa pauta cambiaria y pudo esquivar la suba de las tasas de interés (con sus consiguientes efectos recesivos).

Flotación "sucia". El Banco Central intensificó sus intervenciones en el mercado del dólar libre, en una suerte de “flotación sucia” que ayuda a comprimir la brecha cambiaria. Se trata de la esterilización de pesos a través de la venta de un bono su cartera (AL30), que es recomprado en dólares por la autoridad monetaria, aunque por una fracción de lo colocado, lo que explica la baja paridad de ese título y el elevado riesgo país.

Así, en el primer bimestre, mientras el Banco Central emitió pesos a un ritmo mensual de 78,5 mil millones para pagar intereses de Leliq y pases, logró recoger liquidez por unos 32,5 mil millones a través de esa operatoria (el dato no es limpio, porque incluye ganancias por operaciones de futuro). Este mecanismo sacrifica una recuperación más rápida de las reservas y afecta la paridad de los bonos, pero resulta funcional a los objetivos de corto plazo del Gobierno.

Demanda. Aunque contradictorio con las medidas económicas, pero siempre en “modo electoral”, el Gobierno informó del inicio de una “querella criminal” contra los funcionarios de la gestión anterior que negociaron el crédito del FMI, movida que tuvo el efecto de disparar las alarmas en Washington, complicando las tratativas para una negociación en 2021.

No es que los acuerdos con el FMI sean una panacea o una llave mágica para despejar el horizonte, pero, en el momento en que el Gobierno está bosquejando un plan que descansa en una especie de “tablita cambiaria”, es fundamental la consistencia de las políticas fiscal y monetaria para evitar que la “inflación en dólares” que pueda acumularse de aquí a octubre termine desestabilizando la macro.

Además, hay que ver de qué modo son procesadas por el equipo económico las interferencias de la política. ¿Qué pasa si considera que el plan para 2021 tiene como “condición necesaria” un acuerdo con el FMI?

Las expectativas son relevantes y, mientras más demore la inflación en converger con la pauta cambiaria, mayor será el riesgo de un salto devaluatorio después de octubre. Y los mercados se ocuparán de advertirlo antes de esa fecha.

La incertidumbre, no hace falta subrayarlo, desalienta decisiones de inversión y de empleo en el sector privado, justo cuando más se necesitan.

La política fiscal y monetaria del primer trimestre está siendo consistente con una desaceleración de la tasa de inflación, en momentos en que el “ancla cambiaria” se incorpora al arsenal.

De todos modos, perforar de modo genuino el piso del 3% mensual de inflación requiere una continuidad que hoy no está garantizada.

Los subsidios por la extensión del congelamiento de tarifas, la reforma en el Impuesto a las Ganancias para subir el mínimo no imponible y el bono extra a jubilados, son medidas que tienden a confirmar la percepción de que las eventuales mejoras de recaudación serán derivadas a más gasto corriente.

En 2020, un "rojo" primario de 6,5 puntos del PIB se correspondió con una inflación anual de 36%, sin embargo, al ser tan distintas las “condiciones iniciales” de 2021, ahora se necesitaría recortar el déficit a no más de 2,5% del PIB para hacerlo consistente con una inflación inferior al 40% anual.

Como muchas veces ocurrió, el esfuerzo por “pautar” la marcha de la economía en el cortísimo plazo puede terminar oscureciendo aún más el horizonte de mediano y largo plazo.

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