El problema para Alberto Fernández es Losardo y no su sucesor

POLÍTICA Por Por Eduardo van der Kooy para Clarin
El alejamiento de la ministra de Justicia evidencia la debilidad para retener a sus funcionarios más leales y para elegir a sus reemplazantes. Los antecedentes de María Eugenia Bielsa y Guillermo Nielsen.
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Resulta difícil entender por qué razón Alberto Fernández ha convertido el alejamiento de la aún ministra de Justicia, Marcela Losardo, en su laberinto político. Donde estaría dejando visibilizar dos problemas que evidencian debilidad: las dificultades para retener a funcionarios que él mismo entronizó; las dificultades mayores, todavía, para designar reemplazantes. 

Existen dos antecedentes que desnudan tal conflicto. La partida en noviembre pasado de María Eugenia Bielsa, que se desempeñó como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Su lugar fue ocupado por el ex intendente cristinista de Avellaneda, el ingeniero Jorge Ferraresi. También la renuncia del ex titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Guillermo Nielsen. Sustituido por el diputado de Santa Cruz, Pablo González. Amigo de Máximo Kirchner y leal a la vicepresidenta. Hubo otros casos, aunque de menor talla.

Nadie pudo explicar debidamente la salida de Bielsa. Se le adjudicó morosidad en la gestión. No hay evidencia de que algo, en ese sentido, haya cambiado. El problema verdadero con la ex vicegobernadora de Santa Fe estuvo en su nombramiento. Nunca tuvo la conformidad de Cristina Fernández. Permitió su aterrizaje para no dejar en evidencia temprano las limitaciones presidenciales. Bielsa, en una conversación con jóvenes de La Cámpora, había dicho en 2018 que el kirchnerismo gobernó robando. Imperdonable sinceridad.

Alberto, como ahora con Losardo, intentó retenerla de alguna forma. Con algún cargo fuera de la mira kirchnerista. La arquitecta prefirió regresar a Rosario para hacer política desde el llano. Siempre cerca del peronismo. En eso anda. Con Nielsen tuvo más suerte: será embajador en Arabia Saudita. Su pliego todavía no llegó al Congreso. Y ahora se confirmó que Losardo irá a París como embajadora de la Unesco.

Alberto no tuvo ninguna posibilidad de retener a otro hombre del riñón. El ex ministro de Salud, Ginés González García, resultó cesanteado por el escándalo del vacunatorio VIP. La sangría se coaguló en la cima porque, de lo contrario, debió haber echado además a Carla Vizzotti. Difícil aceptar que la mujer nunca supo nada sobre los privilegios en la campaña de vacunación. Pero su renuncia habría abierto la puerta al desembarco de otro pupilo de Cristina. O Daniel Gollán, encargado de Salud en Buenos Aires, o Nicolás Kreplak, su segundo, autor del proyecto del posible reseteo del sistema de salud privada en la Argentina.

El Presidente, al confirmar la salida de Losardo, dijo que no quiere que se vaya. Se irá. Otra demostración de impotencia. Explicó que la abogada “está agobiada” porque no es una persona que proviene de la política. Verdad muy a medias. Estuvo en la función pública, siempre ligada al área de Justicia, con Néstor Kirchner, con Cristina y un breve lapso con Mauricio Macri. Ahora con su socio y amigo de la vida. No se trata de una improvisada.

El Presidente afirmó, por otra parte, que no existe ningún apuro para la designación del reemplazante. Estaría valorando nombres. Se esforzó por demostrar estar al comando de la situación. Quizás pueda adjudicársele razón acerca de la no urgencia: no será tan importante quien llegue, por más K o no que sea, como el valor político simbólico de quien está decidida a alejarse. La situación es así por un motivo: el viceministro de Justicia es Juan Martín Mena, ex segundo de Oscar Parrilli en la AFI, incondicional de la vicepresidenta. Quizá el funcionario que durante el primer año de gobierno se ocupó de “agobiar” a Losardo.

La ministra hizo casi todo lo que podía hacer como nexo natural entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero su pensamiento está formateado dentro del esquema de la independencia de los poderes del cual Cristina y el kirchnerismo reniegan. Incluso, a veces, habría forzado el paladar. Como cuando cruzó a la Corte Suprema por el “per saltum” presentado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a raíz de la objeción de sus traslados a la Cámara Federal. En silencio, trabajó para que los miembros de la Corte Suprema no convalidaran esos traslados. Aunque para sus reemplazos sea obligatorio ahora un nuevo concurso.

Al Gobierno le preocupan dos cosas. Alberto pretende que Diputados convierta en ley la reforma judicial que tiene media sanción del Senado. Cristina desea que suceda lo mismo con la Ley del Ministerio Público que convierte la mayoría especial en mayoría simple para la elección del Procurador General. La Jefatura de los fiscales que desde hace años ejerce en forma interina Eduardo Casal.

El kirchnerismo responsabiliza a Losardo de no haber hecho lo suficiente para destrabar en Diputados la Ley del Ministerio Público. La reforma de Alberto le importa nada. La ministra transitó muchos despachos del Congreso pero no pudo contra una realidad que el titular de la Cámara repite: no está el número para la aprobación. Y hay un aditamento porque ya transcurre el año electoral donde la actividad parlamentaria merma de modo considerable.

Sergio Massa, esta vez, pareciera estar diciendo la verdad. Los diputados lavagnistas no aparecen dispuestos a colaborar. Tampoco los cordobeses del gobernador Juan Schiaretti, cuyos votos fueron clave para varios proyectos impulsados por la Casa Rosada. Surgen interrogantes espontáneos. ¿El futuro ministro de Justicia, sea quien sea, logrará torcer la tendencia? ¿Podrá hacerlo en medio de la campaña por las legislativas? ¿Aceptarán cuando el Gobierno lanzó su ofensiva descarada contra el Poder Judicial? Esa ofensiva no tiene relación solo con los proyectos en ciernes y otros que fueron anunciados. Cristina dijo, en su alegato por la causa del dólar futuro, que el Poder Judicial “está podrido y es perverso”. Alberto subrayó que la vicepresidenta había dicho toda la verdad.

La embestida tampoco sucedió por casualidad. El 25 de febrero el Tribunal Oral Federal 4 condenó al empresario K, Lázaro Báez, a 12 años de prisión por lavado de dinero. Se calcula que fueron US$ 55 millones. Los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti corroboraron la operación de lavado. López Iñiguez planteó algunas diferencias: opinó que la fuente de ese lavado era la defraudación de Báez al fisco. El otro par de jueces lo vinculó con los beneficios de la obra pública recibida.

Los fundamentos de ese fallo crucial se divulgarán el mes que viene. La interpelación a la postura de López Iñíguez ya está planteada: ¿Defraudación al fisco con dinero proveniente de qué actividad?

Cristina está siendo juzgada, precisamente, por la presunción de haber beneficiado a Báez con la adjudicación de obras. Ese círculo oscuro que parece cerrarse sobre ella disparó el último ataque a la Justicia. En medio de esa balacera cayó Losardo.

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