Cómo Cristina devora las fichas de Alberto y La Cámpora se ancló en el poder

POLÍTICA Por Por Eduardo van der Kooy para Clarin
La ofensiva de la vicepresidenta contra la Justicia condiciona a Alberto. Lo debilita. Debió resignarse a la salida de Losardo. Máximo K embiste contra el PJ bonaerense. Aspira a controlarlo en este año electoral.
14-vacuna

"No entendemos bien qué le pasa”. Uno de los tres dirigentes políticos más cercanos a Alberto Fernández definió con aquella frase el tiempo nebuloso del jefe de Estado. Se encogió de hombros cuando se le preguntó si la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia significaba el epílogo para cualquier esperanza de armado del llamado albertismo. “No puede finalizar algo que nunca comenzó. Ni va a comenzar”, graficó, arrojando una palada imaginaria de cemento.

 

La desorientación con que se observa el comportamiento del Presidente no aflora sólo en su entorno. Cala además en la opinión pública donde su gestión y su imagen, según la consultora ARESCO, cayeron dos y ocho puntos en la última medición, respectivamente. Nada indica que la oposición esté sacando provecho de esa caída. Se observa, en cambio, cierta perplejidad en los gobernadores peronistas a los que Alberto había prometido empoderar en su administración.

Inesperadamente Gildo Insfrán, de Formosa, pasó a convertirse en protegido presidencial por la desobediencia civil que causa en aquella provincia la estricta cuarentena y el abuso de autoridad. Tanta solidaridad tiene explicación. El gobernador forma parte del entramado político de Cristina Fernández. Lo tiene a José Mayans como jefe del bloque oficial en el Senado. Añora la condición del feudo de Insfrán que, en alguna medida, la pareja Kirchner supo reproducir en Santa Cruz.

Cuando percibe que el fiel de la balanza se desnivela, Alberto acostumbra a recostarse en Juan Manzur. El mandatario de Tucumán fue su socio desde la primera hora e impulsor del albertismo. Logró colarse como vicepresidente segundo en la conducción del PJ, debajo del debutante Axel Kicillof. Por esa y otra razón, goza de la antipatía expresa de la vicepresidenta.

Aquella desorientación tuvo un clímax por las peripecias del Presidente con la salida de Losardo. Transcurrió casi una semana en blanco desde que se conoció el alejamiento de su amiga y ex ministra. Síntoma que denuncia condicionamientos. Desde el Instituto Patria le intentaron imponer candidatos -la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort- que hubieran otorgado homogeneidad a la cartera donde el vice, Juan Martín Mena, impone criterios como delegado de Cristina.

El Presidente pretendió conservar las formas de su autonomía política. Quizá tanto empeño carezca a esta altura de sentido. Está claro que Cristina tiene bajo su lupa cada acción en el Ministerio de Justicia. Y en tantos otros. Alberto dispuso de libertad durante la campaña. Incluso luego de triunfar cuando sostuvo que la vicepresidenta tendría “injerencia cero” en el Gabinete.

El espejismo se prolongó un año. Enmascaró también el primer equipo de ministros. Hasta que en octubre del 2020 Cristina disparó que hay “funcionarios que no funcionan”. Un mes después desafió a “buscarse otro laburo” a los que “tienen miedo”. Desde entonces avanzó en el tablero del poder devorando fichas de Alberto. Con la obsesión y destreza que Beth Harmon, protagonizada por Anya Taylor Joy, exhibe en la serie televisiva “Gambito de dama”, de Scott Frank.

El progreso de la vicepresidenta no sólo pulverizó las palabras bautismales de Alberto. Echó por tierra otro par de premisas que el Presidente había difundido en el peronismo y entre los suyos antes de asumir. Que Cristina tendría un papel circunscripto en su gobierno porque no poseía la fogosidad política de antes. Que La Cámpora, su herramienta territorial, jamás ensombrecería al peronismo.

Resulta ocioso repasar el derrotero de Cristina. Parece útil recordar cómo la organización que lidera Máximo Kirchner se ancló en el poder. Controlando las principales cajas del Estado. Ahora se encuentra en etapa de plena expansión. Persigue la apropiación de Buenos Aires tratando de colonizar el poderoso Conurbano. De hecho, controla en esa comarca la campaña de vacunación por el coronavirus. La tarea le resulta pedregosa en el interior de la gran provincia.

En simultáneo, se dispone a boicotear la posibilidad que los intendentes que cumplen su segundo mandato consecutivo tengan derecho a otro más. Sería por una interpretación de la Justicia de la ley sancionada en épocas de María Eugenia Vidal con la anuencia de Sergio Massa. Alrededor del 70% de los intendentes estarían en la obligación de despedirse en 2023. Si no sucediera, los planes camporistas de pujar por resortes clave del poder (las intendencias) se verían retrasados.

También está abierta la disputa por el manejo del PJ provincial. Máximo querría hacerse del timón del partido en mayo. Poco después de que Alberto se encumbre en el PJ nacional. La renovación de autoridades, según organigrama, estaba prevista para fin de año. Pero transcurre un tiempo electoral. El hijo de Cristina pretende conducir ese tránsito. La mayoría de los alcaldes fue advertida para que no opongan resistencia. Aunque el proyecto no cierre para ellos por una sencilla razón: suponen que La Cámpora aspira a transformar al peronismo solo en un apéndice de esa organización.

Siempre algún grano inesperado brota. El actual titular del partido, Fernando Gray, de Esteban Echeverría, decidió resistir la avanzada. Primero fue cortejado para que se alejara: extrañamente Máximo lo llamó para felicitarlo por su cumpleaños. Luego sobrevino el apremio que le transmitió Eduardo De Pedro, el ministro del Interior. Hasta tuvo una llamada del Presidente. Alberto, operando para La Cámpora. Incomprensible e impensado a los ojos de muchos peronistas.

El intendente de Esteban Echeverría resolvió seguir el conflicto en el campo judicial. Presentó un recurso de “no innovar” ante el juez electoral de La Plata. Tuvo poca suerte. Dos días antes de hacerlo había asumido Alejo Ramos Padilla. El magistrado que denunció la existencia de una presunta red de espionaje ilegal del macrismo que enchastra a muchos. Entre ellos, al fiscal Carlos Stornelli, que sustanció la causa de los Cuadernos de las coimas que Cristina busca tumbar.

Gray elevó un recurso similar ante la Cámara Nacional Electoral. Aún no hubo resolución. Según sea, estaría dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema. Máximo ha hecho maniobras para vaciarlo políticamente. Prefiere no subir la pelea al debate público. El intendente de Esteban Echeverría llegó al peronismo impulsado por la familia Duhalde. Fue uno de los fundadores en Buenos Aires del extinguido Frente para la Victoria. Trabajó años en Desarrollo Social como asesor de Alicia Kirchner. La Cámpora teme que una ruptura traumática accione deserciones en las segundas líneas del peronismo en el Conurbano. Algunas se empiezan a detectar.

La cada vez más ostensible presencia de Cristina en la escena y en la toma de decisiones y el embate de La Cámpora contra el peronismo no parecen augurios auspiciosos para el Presidente. Para no quedar a la intemperie ante la sociedad prefiere acompañarlos. En tanto no haga un esfuerzo político por recuperar centralidad y fortaleza, podría cernirse sobre él recuerdo de historias sombrías.

Nunca el peronismo, en sus distintas expresiones, supo convivir en el ejercicio del poder con el dilema que plantea la vigencia de un liderazgo natural (Cristina) y otro dirigente de menor volumen en el Poder Ejecutivo. Carlos Menem se deshizo de Eduardo Duhalde como vicepresidente para que no le hiciera sombra. Le concedió a cambio el dominio de Buenos Aires. Así consolidó la conducción de una década. Néstor Kirchner congeló a Daniel Scioli mientras amasaba popularidad. Héctor Cámpora debió renunciar no bien surgió el atisbo del regreso de Juan Perón a la Argentina. Cuando falleció, el peronismo dejó en soledad a la frágil Isabel. Sobrevino el golpe sangriento de 1976.

Los contextos son muy diferentes. Pero Alberto algo estaría percibiendo sobre su debilidad. De allí que ha decidido cobijarse con el telón de la vicepresidenta. El ejemplo nítido fue su adhesión al ataque de Cristina contra el Poder Judicial. Lo hizo consciente de sus efectos nocivos: se percibe en la Justicia un abroquelamiento que ni siquiera sucedió en 2013, cuando la entonces ex presidenta lanzó el proyecto de “democratización” que paralizó un fallo de la Corte Suprema.

Aquella reacción tiene reflejo en las asociaciones de fiscales y magistrados. En esta última, debería haber renovación de autoridades este año. Curiosamente la Lista Celeste kirchnerista, con el juez Alberto Lugones a la cabeza, viene sugiriendo la postergación. En la actualidad gobierna la lista Bordó. Surgió otra avanzada de sesgo anti K. Se llama Compromiso Judicial. Aglutina, entre varios, a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, impugnados por el Gobierno, y a Juan Manuel Culotta, juez federal de Buenos Aires.

También se habrían aplacado los ánimos habitualmente revueltos en la Corte Suprema. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti resolvieron en sus últimos plenarios aunar posturas. Por empezar, no contestar nunca a las provocaciones kirchneristas. El abogado de Rafaela habría decidido no apurar su carrera para recuperar en octubre la presidencia del máximo Tribunal.

La sociedad de Alberto con Cristina en el terreno judicial podría encerrar, tal vez, otra claudicación presidencial. Hace un año que el pliego de Daniel Rafecas para ocupar la Procuración General, a pedido del mandatario, permanece inmóvil en el Senado. Cajoneado por la vicepresidenta. No llamó a una sola audiencia pública.

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