El país, con respirador artificial: Alberto Fernández juega su suerte a la campaña de vacunación, llena de errores y dificultades

POLÍTICA Por Eduardo van der Kooy para Clarin
En esa aventura el Presidente parece haber quedado solo. Cristina lo condiciona cada vez más con la Justicia y la economía.
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La política del poder se ha comenzado a ordenar en el amanecer del año electoral. Desapareció el enigma –si lo hubo—sobre el comportamiento de una dupla presidencial con los valores invertidos. Un enorme volumen en la vicepresidenta y un jefe de Estado que llegó a serlo por imperio de ella. Existió un temor natural al posible desencuentro y la instalación del conflicto. Sólo sucede, por ahora, subterráneamente. 

Desmenuzando tres grandes problemas puede descubrirse quién establece las líneas rectoras. En dos de ellos, la relación con el Poder Judicial y el rumbo de la economía resulta innegable la determinación de Cristina Fernández. La administración de la pandemia y la campaña de vacunación parecen representar el nivel de autonomía de Alberto Fernández. Los resultados no lo ayudan para compensar aquel desequilibrio político.

La forma en que el futuro ministro de Justicia, Martín Soria, recitó el discurso de la vicepresidenta en materia judicial desnuda el origen de su designación. Poco importa que el dirigente de Río Negro haya enfrentado en otro tiempo al kirchnerismo en su provincia. Pesa su raíz peronista. Declara lo que la conductora natural demanda en esta coyuntura. Palos contra los jueces que la procesaron por corrupción, contra la Corte Suprema y el procurador general. Aquello que la ex ministra Marcela Losardo nunca estuvo dispuesta a hacer.

La duda merodea el éxito de tal estrategia. ¿Podrá Soria, con esa fórmula, desarmar las cinco causas contra Cristina que llegaron a juicio oral? ¿Podrá desenrollar trámites en los que intervinieron fiscales, jueces de primera instancia y Cámaras? En su entusiasmo debutante, el ministro anunció que pediría una audiencia con los miembros de la Corte Suprema para pedirles explicaciones. ¿Sobre qué? Los cinco jueces aguardan dicha solicitud sin perturbarse.

El derrotero que siguió la salida de Losardo también desnudó las dificultades del Presidente. Soria podrá asumir recién cuando renuncie a su banca en Diputados. Sucederá el 25 de marzo. Es decir, Alberto debió aceptar una vacancia de 18 días antes de cubrir el cargo. Es cierto que eso de la vacancia suena a formalidad: en el interín manda Juan Martín Mena, el viceministro. El único confiable para Cristina. Seguirá mandando porque dispone de una capacidad operativa en el Poder Judicial que desconocería Soria.

Una de las palancas que activó Mena en los últimos días, fue la de Roberto Tailhade. Integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. El diputado ultra K disparó un tuit contra el fiscal Abel Córdoba acusándolo de corrupto. También, de haber mostrado una “hiperactividad asombrosa” en la causa de la ruta del dinero que concluyó con la condena de Lázaro Báez.

Luego se aferró a un ardid -la prescripción dictada en otra vieja causa por aquel fiscal- para solicitar su citación a la Bicameral. Causó sorpresa por una razón: Córdoba fue miembro fundador de la organización K Justicia Legítima. Nunca renegó de la adscripción. Fue quien pidió la condena más severa para Báez (12 años). Una solicitud menor hizo Félix Crous (8 años) titular de la Oficina Anticorrupción. También de Justicia Legítima. ¿Llegará otro castigo para él?

Se entiende, observada esa acción, por qué motivo la desmesura de Soria encaja con las urgencias de la vicepresidenta. Ahora se hace necesario embestir sobre la condena del Tribunal Oral Federal 4 contra Báez. Se trata del delito precedente para el juicio sobre la obra pública en el cual está involucrada Cristina. Se vincula además con Los Sauces y Hotesur (sospechas de lavado de dinero), donde están procesados sus hijos. Máximo está a resguardo por los fueros de diputado. Florencia no. Fue lo que recordó Leandro, el hijo menor del empresario K, alejado de todos los embrollos judiciales.

Los movimientos kirchneristas denotan en todos los casos una misma lógica. Pretenden deslegitimar los procesos judiciales. No parecen en condiciones de invalidar las pruebas. Es lo que pasa con Báez, a quien la Justicia probó, al menos, el lavado de US$ 55 millones. También, con el escándalo de los Cuadernos de las coimas. Allí se verifica una ofensiva contra el fiscal Carlos Stornelli. Pero nada han podido hacer en contra de los 40 empresarios que, como arrepentidos, admitieron haber pagado plata en negro. Varios negaron que fueran por favores con la obra pública. Solo aportes para la campaña electoral.

El propósito inmediato de Soria sería lograr en Diputados la aprobación de la nueva ley de la Procuración. La reforma judicial de Alberto podría esperar. Al oficialismo le faltan 7 votos. Podría ser alguno más. Ocurre que el aterrizaje del ministro de Justicia desenterró antiguas peleas en Río Negro. El ex gobernador y ahora senador Alberto Weretilneck lo descalificó de pies a cabeza. El diputado rionegrino Luis Di Giácomo responde a él.

De todas formas, habrá que ver qué sucede cuando pase el enojo y la política del poder haga su tarea. Weretilneck fue el autor del proyecto que posibilitó al kirchnerismo la media sanción en el Senado de la nueva ley de la Procuración. Permite la nominación del nuevo titular con mayoría simple. Aunque su desplazamiento sólo con mayoría especial. Traje a la medida peronista. Tampoco se podría dejar de recordar otra cosa. El senador rionegrino aprobó el pliego de Roberto Boico como juez de la Cámara Federal, Sala II. Se trata del abogado de Cristina en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. Que promovió además la nulidad de los Cuadernos de las coimas.

El Presidente se alineó con el discurso judicial y las instrucciones de Cristina. Ha mandado a incinerar -como algún librero propuso con las obras de Beatriz Sarlo- sus recuerdos en los cuales calificó de “deplorable” la política de la entonces ex presidenta hacia la Justicia. Epocas de la “democratización”. Alberto estaría enfrentando otro reto. Se encogería el margen del rumbo económico que intenta sostener Martín Guzmán.

Con tanto vértigo ocurre todo en el poder, que en las últimas horas quedó en evidencia un desacople. El ministro de Economía viajó a Nueva York para entrevistarse con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En las vísperas, el Presidente declaró que si debe optar por los desprotegidos o los acreedores, elegiría a los primeros. Escuálida ayuda para el profesor de la Universidad de Columbia que tiene por negociar una deuda de US$ 44 mil millones. No se trató de un error: la vicepresidenta no desea que el trato ocurra en el año electoral.

Tampoco el ministro podrá atisbar algún compromiso sobre las metas fiscales. Cristina no quiere un aumento de las tarifas de servicios por encima del 9%. Las empresas demandan hasta un 50%. Guzmán cavila un término medio que también resultaría inapropiado para la jefa. Ella escucha siempre los consejos de Axel Kicillof. A quien podría estar imaginando, incluso, como presidenciable para el 2023. Su hijo, Máximo, haría una escala previa en la gobernación de Buenos Aires.

Kicillof no oculta su inquietud por la inflación. Guzmán tampoco. Su pronóstico del 29% para el 2021 suena a quimera luego del índice del 3,6% de febrero. Redondea un 7,8% en dos meses. Para alcanzar aquella meta el alza de precios debería estar por debajo del 2% hasta fin de año. La mano del gobernador de Buenos Aires asomó en la última movida de esta batalla. El Gobierno anunció controles mensuales a las mil principales empresas. Deberán informar sobre ventas, precios y stock. La instrumentación correrá por cuenta de la Secretaria de Comercio. Allí conduce Paula Español, discípula de Kicillof.

Al margen de las quejas empresarias, llama la atención la recurrencia con medidas que se aplican, periódicamente, hace décadas. Mantienen a la Argentina entre los tres países del mundo con índices inflacionarios más elevados. El único problema no sería ese. Alarma el enmohecimiento peronista-kirchnerista para imaginar posibles soluciones que no tengan anclaje en el pasado. Excede al campo económico.

La inflación representa, sin dudas, uno de los grandes desafíos electorales que enfrentan Alberto y Cristina. El otro radica en la campaña de vacunación contra el Covid-19. En esa aventura el Presidente parece haber quedado solo. La vice acompañó hasta cuando The Lancet, una de las tres principales publicaciones de ciencia, avaló la Sputnik V. “ES-PEC-TA-CU- LAR”, distribuyó en un tuit. Y se borró.

Aquella campaña asoma como promedio de lo que representa el Gobierno en su gestión. Dejó al país dependiente de la vacuna rusa y una de las chinas. Negoció con el laboratorio AstraZeneca (británico-sueco) que ha demorado la producción. Nadie sabe por qué fracasó con Pfizer. Ese entuerto pudo haber complicado el diálogo con otros laboratorios. Tampoco se entiende por qué para buscar vacunas se envían aviones propios cuya logística insumió ya alrededor de US$ 25 millones. Se avecina la segunda ola y apenas poco más del 1% de la población está vacunada. En el segmento de riesgo solo 3 de cada 10 personas.

Han existido y existen aún los vacunatorios VIP. Hay disputas donde Buenos Aires, por razones políticas, tiene posibilidades de las que carecen otros territorios. Ante la escasez se conjetura la posibilidad de dar una sola dosis para ampliar, aunque de modo débil, la inmunidad.

El Presidente irrumpió sorpresivamente por cadena nacional para admitir problemas. Y alentar ilusiones con presuntos 65 millones de vacunas con contrato de compra. No pudo alejar la idea que la Argentina, en este y otros campos, sigue atada a un respirador artificial.

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