La manipulación electoral del Gobierno en plena crisis

POLÍTICA Por Eduardo van der Kooy para Clarin
En medio de la segunda ola del Covid y el desastre de la pobreza, el kirchnerismo busca dividir a la oposición con propuestas para alterar el calendario electoral. ¿Aplazar las PASO o anularlas?
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El recrudecimiento del Covid 19 está desnudando cuatro grandes falencias del gobierno de Alberto Fernández. Primero: la política de contención social. Segundo: la estrategia sanitaria del 2020 que saturó a la sociedad y desbarrancó una economía que venía en picada desde el final del macrismo. Tercero: la demora en el aprovisionamiento y aplicación de las vacunas, donde el fuego interno de la coalición oficial hizo estragos. Cuarto: la ausencia de un marco político amplio que hubiera demandado una emergencia de esta magnitud. 

La notificación del Indec acerca de que en el segundo semestre del 2020 la pobreza trepó al 42% (más de 19 millones de personas) refleja la insuficiencia de las medidas adoptadas a raíz del coronavirus. En el mismo lapso del 2019 el indicador había sido de 35,5%. No podrá decirse que el Gobierno no recurrió a medidas de protección. Lo hizo, sin embargo, con una lógica lineal, avara, sin abrir el juego a otros actores políticos y sociales. Con excepción de los infectólogos.

No fue, en ese terreno, el único error. Tampoco supo trazar el recorrido de alguna certeza hacia el futuro. El ministro Martín Guzmán cerró tardíamente el acuerdo con los acreedores privados. A partir de entonces empezó un minué sobre la deuda millonaria heredada (US$ 44 mil millones) con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las contramarchas obedecieron al pensamiento que impusieron Cristina Fernández y sus feligreses.

Asoma claro que haber afrontado el conflicto de otro modo no hubiera eximido a la Argentina de sus padecimientos por la pandemia. Aunque la habría colocado, por múltiples razones (entre ellas la política exterior), bajo otra consideración en el mundo. Dibujando quizás algún horizonte que ahora no se ve. Ese estado de aislamiento, aparte de los problemas de gestión, se refleja en las enormes dificultades para la compra de vacunas y el avance de la campaña de inmunización. Está claro que existieron imprevistos, como el retraso del laboratorio británico-sueco, AstraZeneca, en la elaboración del producto. Pero tuvo peso la prioridad que el kirchnerismo pretendió dar a sus lazos con Rusia y China. Lo blanqueó públicamente la vicepresidenta. Se añadiría también Cuba.

Esas vacunas no parecen ni mejores ni peores que las restantes que circulan por el planeta. Pero aquel empeño político oficial y sus limitaciones económicas le impidieron ingresar más temprano en la puja internacional. Reparemos en dos casos que son ilustrativos. Chile inició su trabajo en mayo del 2020. Posee vacunas de diferente origen. Incluso dos de China. Acaba de cerrar trato con Cansino, laboratorio chino-canadiense. La rapidez le permite ser una de las naciones con mejor campaña, aunque la segunda ola del Covid sigue haciendo estragos. Uruguay fue el último país de la región en recibir vacunas. Sólo durante marzo avanzó proporcionalmente más que la Argentina, que bajo la épica K se vanaglorió de haber iniciado la vacunación en diciembre.

La indefensión empuja al Gobierno a tomar un camino sinuoso. Difícil de asimilar para la sociedad. La semana pasada quedó en evidencia. Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, y Carla Vizzotti, la ministra de Salud, hablaron de la necesidad de los cuidados frente a la celebración de Semana Santa. El titular de Turismo, Matías Lammens, exaltó el valor económico y la utilidad de aprovechar los días de descanso. El viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak se alarmó por la gente que se movilizó hacia la Costa Atlántica. Afirmó que era una locura. El titular de la cartera, Daniel Gollán vaticinó la posibilidad de una catástrofe sanitaria luego de la Semana Santa.

Axel Kicillof, el gobernador, tomó decisiones más drásticas que los demás y limitó la circulación nocturna en la Provincia. Está dispuesto incluso a una mayor severidad. Aunque espera que la iniciativa la adopte Alberto. Existe la intencionalidad de jugar con el miedo. La responsabilidad caería sobre la imprudencia social. Nunca en las desacertadas estrategias (también de comunicación) ni en las intrigas políticas oficiales que intoxican la escena.

Tanta precariedad no alcanza para frenar al Gobierno en su intento por manipular el tablero político. Se conoce el plan de embestir contra el Poder Judicial. Quedó formalizado con la asunción de Martín Soria como ministro de Justicia. Volvió a cargar contra el procurador, Eduardo Casal, y contra los jueces de la Corte Suprema. La novedad sería la pretensión del gobierno kirchnerista de chapucear sobre el sistema electoral. Kicillof fue quien llegó, en ese aspecto, más lejos. Sostuvo que los comicios legislativos de octubre estarán sometidos a la realidad de la pandemia. La idea de una posible suspensión aflora.

La maniobra contó con otros colaboradores. La modificación del calendario electoral no respondería solo a la cuestión sanitaria. El año pasado, cuando los contagios no estaban en un momento crítico, el Presidente y los gobernadores (un par de la oposición) propusieron la suspensión de las PASO. En ese tiempo tuvieron la objeción de Cristina y de La Cámpora. Un espejismo.

Por entonces, los camporistas se resistían a no disputar en Buenos Aires el territorio a los intendentes del PJ. La última semana Máximo Kirchner tomó la iniciativa y habló de aplazarlas, anclado en la amenaza de la pandemia. ¿O de anularlas? Algo habría cambiado entre aquellas secuencias. La agudización de la crisis general (pandemia-pobreza) estaría induciendo a los soldados de Cristina –a ella misma- a resetear el programa. Ya no importaría tanto crecer en Buenos Aires. La prioridad radica en asegurar una victoria sobre la cual empezarían a dudar.

Sergio Massa, el jefe de la Cámara de Diputados, le anticipó aquella alternativa a los jefes de bloque de la oposición. El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el propio Máximo, aprovecharon una reunión con el intendente Jorge Macri y Cristian Ritondo, a cargo del bloque del PRO, para sacar el tema. Los opositores oyeron. No tenían autoridad para ninguna respuesta. Desde la Casa Rosada hicieron circular el rumor –y una foto conjunta en el Patio de las Palmeras-- sobre que estaban de acuerdo. Polvareda en Juntos por el Cambio.

De Pedro propuso incluso una próxima reunión en el Congreso para celebrar un trato. Gran osadía. El Gobierno ha evitado siempre conciliar con la oposición ante el desafío de asuntos espinosos. La pomposa mesa para luchar contra el hambre. La controvertida reforma judicial. A los jueces jamás los consensúa: son designados con número K en el Senado. ¿Por qué, de repente ese espíritu acuerdista? ¿Por qué, incluso, la sugerencia de una negociación conjunta frente al FMI?

El kirchnerismo parece estar utilizando la cuestión electoral para fisurar a Junto por el Cambio. El meneo con las PASO es un ejemplo: la oposición conjetura que su realización la fortalecería. Como en 2015. El PJ y los K suelen preferir el dedo. El radicalismo viene de realizar internas en tres provincias. La principal, Buenos Aires. Allí la línea tradicional le ganó al intendente de San Isidro, Gustavo Posse para dirigir el Comité provincial. Este pidió el recuento de los votos. Alejo Ramos Padilla sostuvo que los resultados no son definitivos. Una aguja clavada en el corazón radical. Aquel magistrado fue quien promovió la causa por la presunta red de espionaje del macrismo, que embreta al fiscal Carlos Stornelli. Clave en la causa de los Cuadernos de las coimas. ¿Su opinión sobre la interna de la UCR habrá sido pura casualidad?

El voto del exterior 

Otra decisión electoral, que pasó rauda ante el fárrago político, fue tomada semanas atrás por el Presidente. Derogó un decreto de Mauricio Macri y prohibió el voto por correo de los residentes argentinos en el exterior. Se trata de un padrón de 360 mil personas. Los que no residan en las ciudades donde están las sedes diplomáticas de nuestro país no podrán votar. En las elecciones del 2019 los sufragios de los residentes afuera favorecieron a Macri con el 77% contra el 17% de Alberto.

Tanta vuelta con esa cuestión es novedosa. Y sospechosa. A nadie puede sorprender, en cambio, la persistencia K contra la Justicia. En la Sala II de la Cámara Federal juró Roberto Boico. Abogado defensor de Cristina en la causa del Memorándum con Irán. ¿Se excusará si le llega algún asunto de la vicepresidenta? Soria insistió con que la situación de Casal resulta “insostenible”. No explicó por qué motivo.

Detrás de esa dureza se estaría escondiendo la idea de una negociación con los opositores. Lanzó una aproximación: que se apruebe la nueva fórmula de la Ley del Ministerio Público a cambio de dejar como está el Tribunal de Enjuiciamiento. Que necesita del pleno (siete miembros) para cualquier decisión.

El cambio de aquella fórmula implicaría que el nuevo procurador sea nombrado por mayoría simple. Para su destitución, en el Senado se mantendrían los dos tercios. Traje a medida de cualquier gobierno peronista. La insistencia de Soria responde a dos objetivos de Cristina: tener el control de los fiscales y, de paso, desechar la postulación de Daniel Rafecas, candidato que propuso el Presidente.

El ensayo del ministro de Justicia, por ahora, está destinado al fracaso. Juntos por el Cambio y otros bloques lo rechazan. No solo por la arbitrariedad que exuda. La desconfianza general constituye el virus que, en apenas un año, enfermó al cuarto gobierno kirchnerista.

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