La peste, la inflación y las cacerolas

POLÍTICA Por Joaquín Morales Solá para La Nacion
El 95 por ciento de la capacidad sanitaria privada de la Capital y el conurbano está completa. El colapso del sistema ya no es una hipótesis: simplemente está a la vuelta de la esquina.
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Al revés que, en marzo del año pasado, cuando sucedió la primera ola del Covid-19, ahora la sociedad está cansada de tantas restricciones. Escucha a un gobierno que habla mucho, pero no explica por qué la Argentina tiene solo al 1,7 por ciento de su población vacunada con las dos dosis. Tampoco explica por qué se le impidió al país el acceso a la vacuna más respetada en el mundo, la del laboratorio Pfizer. La Comisión Europea, la máxima autoridad de la UE, acaba de poner en manos de esa vacuna la solución de la crisis sanitaria en el continente europeo. La única solución al problema sanitario argentino, que es grave, consistiría en vacunar antes de fines de mayo a los restantes 10 millones de personas en situación de riesgo (mayores de 60 años o con enfermedades previas). Se vacunaron solo 3 millones pertenecientes a esos grupos. Es improbable que en 45 días logre lo que no pudo conseguir en cinco meses. 

Encorsetado por la necesidad y la impotencia, Alberto Fernández creó de hecho una entidad institucional que no existe, el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires), que es una manera de referirse a la región integrada por la Capital y el conurbano bonaerense. Es la descripción de una geografía, no la definición de un territorio político. El conurbano pertenece a la provincia de Buenos Aires. La Capital es la capital del país, autónoma y gobernada por sus propios gobernantes elegidos desde la reforma constitucional de 1994. Al Presidente le está vedado, por lo tanto, dictar cualquier norma para ser aplicada solo en el AMBA. Tiene las facultades que tiene (y que nadie se las discute) para administrar el territorio nacional, pero no para hacer del AMBA un Estado nuevo bajo la tutela directa del Presidente. Cuando Alberto Fernández cerró las escuelas en el AMBA, violó la Constitución (que pone la educación bajo la jurisdicción de las provincias) y la llamada “ley Cafiero”, porque su autor fue Antonio, el abuelo del actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Antonio Cafiero fue reticente en 1995 con el traspaso a la Capital de la Justicia y de la policía (recién Mauricio Macri le transfirió la policía en 2016), pero esa ley estableció que la educación sí era jurisdicción de la Capital. Fue, sin duda, un exceso del poder presidencial sobre la Capital, que el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contestó con retórica enérgica, aunque cedió su poder de decisión cuando recurrió a la Corte Suprema. La Corte Suprema debería pronunciarse en los próximos días (o, mejor aún, en las próximas horas), porque lo que está en juego es quién decide sobre la educación de los niños y jóvenes. La Procuración General se expidió en el acto: la Corte debe hacerse cargo del conflicto. El tribunal no debería esperar la presión social ni canjear su opinión sobre la jurisdicción de la educación por la resolución de la discordia sobre la coparticipación entre el gobierno federal y el capitalino. No son asuntos canjeables.

Ahora bien, ¿era necesario cerrar las escuelas? Axel Kicillof dice que sí; por eso, el conflicto con Rodríguez Larreta no se trasladó a la provincia de Buenos Aires. La ciencia dice que no. De hecho, los únicos tres sanitaristas serios que el Presidente convocó como asesores (el resto son científicos que siguen las cosas por los diarios) no aconsejaron cerrar las escuelas. No las cerraron ni Angela Merkel, el ejemplo predilecto de Alberto, ni Macron cuando instauró en Francia un toque de queda desde las 18 hasta las 6. Por el contrario, los científicos más respetados señalan que la escuela es un ámbito de contención emocional y psicológica para los niños. Los niños pobres (que significan más del 50 por ciento de los niños argentinos) cuentan en la escuela, además, con comida segura. No hay ninguna razón para clausurar la educación. ¿Las clases movilizan a los padres, los maestros, los no docentes y los transportistas? Sí, pero así es la vida. La opción que tiene el Presidente es declarar otro confinamiento estricto. El pico de contagios del año pasado sucedió en octubre; el país estaba confinado desde marzo. ¿De qué sirvió? Hace poco, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio un consejo sabio: los gobiernos no deben pedirle a la sociedad lo que la sociedad no está dispuesta a cumplir.

El cierre de escuelas es una idea de Kicillof, que cuenta con el aval de Cristina Kirchner, porque está asustado ante la eventual inminencia de un “tsunami” de coronavirus en el conurbano, según su propia definición. Sea tsunami, maremoto o huracán, lo cierto es que sería muy complicado para el gobernador controlar la epidemia en el conglomerado más numeroso y pobre del país si las cosas se desmadraran. Es, además, el feudo de Cristina. Los ministros Nicolás Trotta y Carla Vizzotti estaban convencidos de que las escuelas no se cerrarían, pero Alberto Fernández se inclinó otra vez por la línea Cristina-Kicillof. “Alberto está tan asustado o más que Kicillof. Eso es lo que explica todo”, dice un ministro que conoce al Presidente. “También es evidente que falta coordinación. El Presidente no puede disentir en público con sus ministros”, agrega otro ministro. Coordinar es la tarea de Cafiero. ¿Esa frase es un mensaje? Quién lo sabe. Solo un presidente extremadamente tensionado pudo decir que el sistema sanitario estaba relajado. Hay muertos entre médicos y enfermeros contagiados. Un 4,5 por ciento de los que perdieron la vida antes de la vacunación, y más de un 2 por ciento después de la inmunización pertenecen al sistema sanitario.

La cercanía del colapso ocurre cuando el país alcanzó uno de sus picos inflacionarios más altos. Es la inflación importada por el precio de los alimentos, dicen en el Gobierno. En rigor, la educación aumentó más que los alimentos. No importa. El argumento de los precios de los alimentos sirve también para repetir las fórmulas guillermomorenistas que significaron la derrota de Cristina Kirchner. El kirchnerismo creyó siempre que la inflación se combate discutiendo con las góndolas.

Pero es un argumento mentiroso. Los alimentos aumentaron en todo el mundo, no solo en la Argentina, y, sin embargo, la inflación del resto de los países no es ni remotamente la que se registra aquí. Más aún: en muchos países la inflación anual es la que aquí se estableció en un mes. Si hubiera existido un acuerdo con el Fondo Monetario, postergado por razones electorales, habría al menos un ancla, una hoja de ruta (Martín Guzmán dixit). ¿Puede haber mayor vector de malhumor social que encierro e inflación compartiendo espacio y tiempo?

El Presidente no habla de la vacunación. El país está a punto de quedarse sin vacunas. La de AstraZeneca tiene problemas en el mundo. La oposición está dispuesta a votar una ley modificatoria de la que alejó a Pfizer por el agregado de una palabra. El Gobierno no hace nada al respecto; solo impulsa restricciones a una sociedad fatigada. A ese paisaje de enfermedad y desolación se le sumó la amenaza del Presidente, luego rectificada, de que mandaría fuerzas de seguridad federales para controlar la disciplina social en la Capital. Aventó el fuego de las cacerolas, que ya habían salido por el cierre de las escuelas. La rebelión de las ollas es la peor compañía cuando sucede la adversidad. La gente en las calles es la refutación del encierro. Las cacerolas son la negación del silencio.

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