Una ley destinada al fracaso: no cerrará el conflicto por las clases con Rodríguez Larreta

ACTUALIDAD Por Eduardo van der Kooy para Clarin
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A 12 mil kilómetros de distancia y, con seguridad, sin querer, el premier de España, Pedro Sánchez, se metió en la política interna de la Argentina, también desencontrada por la administración de la pandemia. Entre varias cosas, sostuvo que “una ley nunca sustituye a la Constitución”. Casi un calco del fallo de la semana pasada de la Corte Suprema, que convalidó la autonomía de la Ciudad para decidir sobre su política educativa. Es decir, sobre la conveniencia o no de las clases presenciales en medio de la segunda ola del Covid. 

Aquella referencia de Sánchez se produjo delante de Alberto Fernández, en Madrid, cuando el Congreso se apresta a debatir un proyecto de Ley del Poder Ejecutivo con pretensión de orden público que le permita adoptar medidas extraordinarias, si fueran necesarias, durante la vigencia de la pandemia.

La decisión presidencial merece varias consideraciones. No representaría un gesto de generosidad. Más bien, de debilidad. Parece haber agotado la credibilidad colectiva y del arco político con la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia desde marzo del 2020. Los últimos dos (fines de abril y el que tiene vigencia hasta el 21 de mayo) no sólo fueron criticados por Juntos por el Cambio. Varios gobernadores peronistas lo desacataron con disimulo. En especial, referido al dictado de las clases presenciales o virtuales.

Incluso la Ciudad, a través de su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, llevó el pleito hasta la máxima instancia del Poder Judicial que terminó por darle la razón. Recién después llegó el viraje oficial. Con aquel proyecto de Ley enviado al Congreso. También con una convocatoria a Rodríguez Larreta para discutir otro conflicto: el de la Coparticipación, primer hito que ensanchó la grieta en pandemia cuando en septiembre del 2020 Alberto resolvió incautarla en beneficio de Buenos Aires. De Axel Kicillof. La excusa fue la necesidad de controlar una rebelión de la policía bonaerense por mejores salarios.

El Gobierno invocó la necesidad de “amplio consenso”, al variar los DNU por el proyecto de delegación de facultades. Herramienta que, en situaciones críticas, permitiría al Presidente actuar con mayor rapidez y eficacia. Amén de arbitrariedad. Sin embargo, habría dos aspectos que denotarían que aquel “amplio consenso” podría constituir, en realidad, una máscara. Primero: el oficialismo modificó su plan inicial y eligió al Senado como Cámara iniciadora. Allí posee una mayoría indiscutida y la conducción férrea de Cristina Fernández. Es decir, la imposición de los votos por encima de los acuerdos. Segundo: el texto del proyecto –a juicio de Juntos por el Cambio y otros bloques de oposición en Diputados- sería una reiteración del contenido de los DNU que con el paso del tiempo fueron macerando este conflicto.

Dentro de cantidad de consideraciones controvertidas, sobresale una que llama la atención. Demostraría un par de cosas. No habría intención del Gobierno de cerrar la discusión que se abrió por las clases presenciales en la Ciudad con Rodríguez Larreta. El pretendido consenso buscaría relativizar conceptos centrales del fallo de la Corte Suprema. Entre los cuatro votos que compusieron la mayoría, quedó graficado en la letra del titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz. “La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”, sostuvo. Casi el similar sentido que Sánchez expresó en la rueda de prensa compartida con Alberto.

La idea del conflicto latente del Gobierno con la Ciudad estaría expresada en el artículo 21 del proyecto. Determina que “en los aglomerados, Departamentos o partidos que se encuentren en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades”. Aglomerados referiría al AMBA, unidad urbanística, aunque no jurídica. La pretensión que el Presidente no logró imponer con sus últimos dos DNU. La Ciudad no fue el único escollo. Córdoba, que gobierna el peronista no K Juan Schiaretti, aceptó restricciones, pero excluyó las clases. Omar Perotti fue y vino en Santa Fe después de la presión del ministro de Educación, Nicolás Trotta. Suspendió el dictado la semana anterior. Regresó, a raíz del descontento social, después de haber establecido nuevos límites en Rosario y San Lorenzo para otras actividades.

Según la opinión de los expertos de Juntos por el Cambio el Gobierno no sólo soslayaría en su nuevo proyecto aspectos del fallo de la Corte Suprema. También pasaría por alto principios de la Constitución Nacional. Uno: el Gobierno de la Nación no puede impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no ha delegado o reservado, porque por esa vía podría llegarse a anularlos por completo.

Si los DNU ya parecen políticamente agotados y el Gobierno priorizara en su estrategia los votos del Congreso por encima de un consenso general, ¿Cómo haría el Presidente para gobernar el largo camino que aún resta de la pandemia? ¿Se correría de nuevo el peligro de una judicialización? ¿No sería lo peor?

La comparación con España

Para darle pátina de legitimidad al proyecto remitido al Congreso, Alberto aludió a los poderes especiales que pidió Angela Merkel al parlamento alemán cuando irrumpió la tercera ola del Covid. Siempre hay siderales diferencias entre los enunciados y la realidad. Ni siquiera hace falta reparar en Alemania. Todo lo que sucede en España, donde acaba de estar el Presidente, resulta siempre más familiar.

Sánchez obtuvo del Congreso facultades especiales cuando el 2020 aterrizó la pandemia. Pudo decretar el Estado de Alarma. Equivalente el toque de queda en la Argentina. Que requiere de la previa imposición del Estado de Sitio. El premier español debió rendir cuentas cada dos semanas al Parlamento sobre el estado de cosas. En octubre pasado, cuando la situación se agravó, pidió la prórroga de aquel Estado de Alarma por seis meses. Le fue concedido y venció anteayer. Debió rendir cuentas cada 60 días en forma personal. Amén de la concurrencia de sus ministros.

En un sistema presidencialista, como el de nuestro país, nada de eso existe. Tampoco se cumplen los requisitos mínimos que estableció la reforma Constitucional del 94. De acuerdo con un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), entre 1995-2018 sólo se realizó el 38% del total de sesiones informativas que debieron llevar a cabo los Jefes de Gabinete. En ese ránking, estirado hasta el presente, el funcionario de menor asistencia es Santiago Cafiero. El jefe de gabinete de Alberto. Le gana, por ahora, a quien ostenta la cucarda: Jorge Capitanich, cuando desempeñó idénticas funciones con Cristina.

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