La oposición puede salvar a Alberto Fernández de la avanzada de Cristina Kirchner

POLÍTICA Por Eduardo van der Kooy para Clarin
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La disociación en el Poder Ejecutivo podría empezar a representar una amenaza para la gobernabilidad. Esa disociación no tiene vínculo con el ejercicio del liderazgo político natural que, nadie discute, corresponde a Cristina Fernández. Se manifiesta en casi todas las acciones de gestión que encara Alberto Fernández, el Presidente. 

Hizo una gira por cuatro países de Europa para mantener viva la negociación sobre el endeudamiento con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De paso, oxigenar al ministro de Economía, Martín Guzmán. El kirchnerismo se encargó de boicotear cada una de esas acciones. Con idéntico propósito Alberto dijo a su regreso que está decidido a bajar la inflación. Como si se tratara de una escalada sorpresiva. Ocurre que el alza de precios, según el kirchnerismo, también obedece a la impericia del profesor de la Universidad de Columbia. Para protegerlo, el Presidente resolvió encarar la cuestión con una receta de Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio. Cerró por un mes las exportaciones de carne. La experiencia anterior tuvo resultados catastróficos.

Con ese zarpazo, consiguió en lo inmediato dos cosas. Acicateó el conflicto con el campo que despuntó en 2020 con el ensayo fallido de la expropiación del polo agro-industrial Vicentin. En simultáneo, agrietó su propio frente político. Los gobernadores peronistas de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti salieron a criticar la decisión. Alberto debilita su ya menguada posición de poder.

El intento de pulsear con Cristina se expresa también en otro tema de enorme importancia institucional: el Poder Judicial. En concreto, el proyecto de Ley del Ministerio Público que tiene media sanción del Senado y necesita la anuencia de Diputados para su aprobación.

Alberto ha quedado ajeno a la elaboración de aquel proyecto macerado por Cristina en el Senado. En Diputados tiene el impulso de Máximo Kirchner, Rodolfo Tailhade y Cecilia Moreau. Esta última responde al titular de la Cámara, Sergio Massa. A priori, el tigrense representa una pata clave de la alianza que tramó el Presidente en 2019 para intentar equilibrar la relación de fuerzas en el Frente de Todos. El proyecto empezó a ser tratado en Comisión a fin de ser llevado al recinto la próxima semana.

En ese punto nace el primer interrogante: ¿Massa privilegia ahora su relación con Máximo? ¿O carece de margen de acción para otra cosa? Existe una tercera posibilidad: que el titular del Frente Renovador especule con la chance que el kirchnerismo no consiga, como se insinúa hasta ahora, los votos necesarios para consagrar el quórum y darle aprobación. Un esgrima peligroso.

¿Qué es lo que está en juego? Un cambio de reglas de juego que dejaría al futuro Procurador General dependiente del poder político de turno. Se trata del funcionario que manda sobre los fiscales. Estos, en la aplicación del sistema acusatorio, tendrán un papel protagónico mayor que el de los jueces.

Hasta ahora el Procurador fue elegido por los dos tercios del Senado. La misma fórmula rige para su remoción. El proyecto kirchnerista modifica la designación por mayoría absoluta. Es decir, la mitad más uno de los presentes. El desplazamiento se consumaría de la misma manera. Es decir, el oficialismo tendría la llave para ejecutar ambas maniobras. Ardid para alcanzar un objetivo que persigue desde 2020: la sustitución de Eduardo Casal, Procurador interino desde el macrismo tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Como agravante, una comisión parlamentaria se atribuiría la nominación del jefe de los fiscales transitorio.

La jugada apunta no solo a condicionar las investigaciones por corrupción. También otros delitos gravísimos: lavado de dinero o narcotráfico. No tiene relación directa con las causas que molestan a Cristina. La mayoría de ellas están elevadas a juicio. Los caminos para invalidarlos están en otros pliegues de la Justicia. La meta es el control a futuro de ese esquema judicial. Podría transformarse en mecanismo de persecución contra cualquiera que desagrade o incomode al poder.

Alberto pretende minimizar el avance kirchnerista. De allí que asomaría desentendido del proyecto. En las últimas horas dijo que su candidato para la Procuración, Daniel Rafecas, no había sido consagrado por responsabilidad de la oposición. Sorpresa. El pliego del juez ingresó al Senado el 11 de marzo del 2020. Así como llegó fue archivado en un cajón por la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Encargada de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Incluso desoyó un pedido de tratamiento que hizo una senadora de Juntos por el Cambio. Nunca se realizó ni una de las audiencias que prevé el proceso de nombramiento. Tal impedimento fue determinado por Cristina.

La postura de Rafecas

Rafecas reiteró que declinará su postulación si se cambia la ley del Ministerio Público que exige la votación de los dos tercios. Es decir, el Presidente carecería ahora de candidato. Lo tumbó el kirchnerismo, no la oposición.

El Presidente escuchó con atención las últimas invocaciones de Elisa Carrió para que Juntos por el Cambio se avenga a ceder los votos para reunir los dos tercios en el Senado. La oposición en la Camara Alta formalizó esa solicitud. En la posibilidad que eso ocurra descansarían ahora las esperanzas presidenciales. Pero Cristina tiene otros planes.

El primero de ellos consiste en que Rafecas quede fuera de carrera. Contraste con lo que manifestó el Presidente: dijo que hablaría con el magistrado para que recapacite. Casi imposible que suceda.

Como paradoja, la suerte del Presidente en este tema habría quedado en manos de la voluntad opositora. No tanto para la entronización de Rafecas. Si, en cambio, para que el objetivo de Cristina naufrague en Diputados. Allí el ministro de Justicia, Martín Soria, consiguió la solidaridad con el proyecto de parte del bloque que lidera el mendocino, José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal. Lo hizo a cambio de una promesa: la creación de una Fiscalía del Consumidor. Recurso que activó los sensores de todos los gobernadores: podría significar menoscabo para facultades provinciales.

Los diputados de Córdoba anunciaron que no apoyarán la norma. Igual conducta manifestaron los legisladores que responden a Roberto Lavagna. Los cambios a la Ley del Ministerio Público parecen haberse convertido en una mancha venenosa de la cual los opositores pretenden protegerse. Una verdadera bendición para la debilidad de Alberto.  

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