El avance constante de la vice sobre el poder del Presidente

POLÍTICA Por Sergio Crivelli para La Prensa
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El despliegue de Cristina Kirchner sobre el poder presidencial es proporcional al fracaso económico y sanitario de Alberto Fernández y ya entró en su tercera fase. 

La primera consistió en reemplazar "funcionarios que no funcionaban" por tropa propia. Ferraresi por Bielsa, Raverta por Vanoli, ente otros ejemplos.

Con el agravamiento de la crisis la ofensiva pasó a una segunda fase: ya no se trató sólo de cambiar funcionarios, sino de intervenir directamente en las decisiones presidenciales. Martín Guzmán no pudo, por ejemplo, reducir los subsidios a la electricidad, ni avanzar en un acuerdo con el FMI. Quedó desautorizado por un funcionario de tercera línea y debió recortar el fuerte ajuste fiscal que estaba llevando adelante en silenciosa sintonía con el FMI. En un año electoral, le advirtieron, eso no se hace.

La tercera fase, en tanto, pasó de los movimientos de palacio a las presiones públicas. Con las elecciones a la puerta y las encuestas que no pronostican nada bueno, la radicalización K se acentuó en los últimos siete días.

El martes, seguidores incondicionales de la vicepresidenta como Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, y el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, entre otros, difundieron una proclama exigiendo la suspensión de pagos al FMI y al Club de París hasta que sea superada la emergencia por Covid.

El reclamo fue la segunda advertencia en esa dirección de la vice y la hizo al regreso de Fernández de su gira por Europa. El Presidente había viajado para pedir clemencia al FMI y al Club de París y sus asesores imaginaron la excursión como una oportunidad de exposición internacional. Pero el ultrakirchnerismo redujo a escombros el operativo y volvió a poner en el primer lugar de la agenda la pregunta de siempre: ¿quién manda en la Argentina?

La vice ya había dado respuesta a esa pregunta 10 días antes a través del bloque de senadores nacionales oficialista que maneja a voluntad. Los senadores exigieron que fueran aplicados a gastos de pandemia y no al pago de los próximos vencimientos de la deuda los derechos de giro que el Fondo acreditará a la Argentina.

La insolvencia del país es universalmente conocida por lo que la declaración no pasó de un ejercicio retórico, pero tuvo el efecto de desgastar aún más la ya muy deteriorada autoridad presidencial y exponer la creciente radicalización del oficialismo.

Efecto similar tiene la política exterior de acercamiento a los países enfrentados con los Estados Unidos. Un giro setentista, anacrónico y que ignora la coherencia.

Se espera, por ejemplo, el visto bueno de los Estados Unidos para evitar el "default" con el FMI, pero no hay diálogo con el gobierno norteamericano. Se le piden a "Juan Domingo" Biden vacunas al mismo tiempo que se retira al país de una demanda multilateral que había acompañado en 2018 para que la Corte de La Haya investigase los crímenes del chavismo. Difícil discernir si se trata de una simple provocación o de falta de profesionalismo.

La línea que baja del Instituto Patria incluye también hacer causa común con Cuba y Venezuela para que se investigue a Israel por los enfrentamientos con la organización terrorista Hamas y proclamar la necesidad de acoplar la economía argentina con la de China, abriéndole la puerta a la tecnología 5G. Lobbista de la alianza con el régimen chino es un vocero de Cristina Kirchner, Sabino Vaca Narvaja.

Por último, también se hizo presente la fuerza de choque cristinista en un pedido de juicio político a la Corte Suprema que agregó turbulencia a la situación institucional. Si bien la presión sobre el tribunal es declarativa porque el oficialismo carece de la mayoría necesaria para remover a los jueces, el costo de la maniobra lo paga Fernández.

El Presidente se mueve en el terreno judicial entre presiones contrapuestas como quedó de manifiesto en el intento de copar la Procuración General de la Nación. Los fieles de la vice atacan de manera permanente al actual ocupante del cargo y pretenden reemplazarlo por un operador propio. Repudiaron a Daniel Rafecas, candidato del Presidente, pero no pueden avanzar en sus planes porque no consiguen los votos en la Cámara de Diputados para cambiar la ley que regula al Ministerio Público.

Estuvieron cerca de lograrlo, pero súbitamente Sergio Massa dejó de operar. El giro se produjo después de que la AmCham, la cámara que reúne a las empresas norteamericanas en la Argentina, advirtiera sobre el estropicio institucional que el kirchnerismo estaba a punto de cometer.

Bruscamente la cuestión salió de la agenda parlamentaria que maneja Massa y de la atención pública. En suma, el Gobierno es un barco que navega sin rumbo fijo porque no lo dirige un capitán, sino una especie de soviet K.

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