La agenda llega hasta noviembre, ¿y después?

ECONOMÍA Por Marina Dal Poggetto para La voz
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Parados en junio, la posibilidad de avanzar en un programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que descomprima los vencimientos de capital por 44 mil millones de dólares que arrancan en septiembre próximo antes de las elecciones de noviembre, se diluye. 

La expectativa es que exista un guiño del organismo, ¿una carta que avise que los términos técnicos del programa están avanzados? Y que permita refinanciar, también para después de las elecciones, el vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París, antes de que venzan los 60 días de gracia para evitar el default. Todo a partir de la decisión de no pagar el 30 de mayo pasado.

La concentración de vencimientos fue un seguro que tomó el FMI para cerciorarse de que cualquiera que tomara las riendas del país a fines de 2019 se iba a sentar a la mesa de negociación.

El programa que pretendió financiar la reelección con un esquema extraordinariamente rígido, la cuenta capital abierta y flexibilidad cambiaria, que no haya habido transición en 2019 después del resultado de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) y haber avanzado en una renegociación de la deuda con privados sin enmarcarla en un acuerdo con el FMI fue un grave error. Eso explica que la deuda recién reestructurada rinda 18 por ciento.

Desde el vamos se conocían el cronograma de pagos al FMI y el calendario electoral en 2021.

Pero, más allá de los errores de manejo, hay dos preguntas.

La primera es: ¿cómo se llega a la elección? La soja en 570 dólares la tonelada y los 4.370 millones de dólares que caerían del “cielo” por la emisión de derechos especiales de giro (DEG) dieron aire para fugar hacia adelante sin un cimbronazo.

El costo es cuántas reservas se usan en el camino. El principal riesgo es la magnitud de la brecha cambiaria rumbo a las elecciones y el impacto sobre una inflación que desacelera de manera lenta, a pesar del abuso del ancla cambiaria y tarifaria.

La segunda es: ¿cómo se sigue después de la elección? Un default no es opción; no sólo el Club de París exige un acuerdo con el FMI como garantía para reestructurar sus vencimientos, también China lo exige para sostener los desembolsos para financiar las inversiones que está llevando a cabo en el país.

Por lo pronto, un acuerdo que funcione para estabilizar debería incluir una dosis del siguiente punteo:

Una definición sobre la nominalidad y la brecha cambiaria. Al ritmo de los últimos dos meses, con un dólar de contado con liquidación corriendo al seis por ciento (el Banco Central de la República Argentina pareciera intervenir para quitarle volatilidad, pero no para frenar la tendencia) y un dólar oficial corriendo levemente arriba de un uno por ciento, la brecha cambiaria que hoy se ubica en 75 por ciento saltaría al 96 por ciento. En noviembre, con un dólar oficial de 102 pesos.

La pregunta siempre es cómo se sale de este entuerto, en términos de velocidad y de magnitud de las correcciones.

A esta distorsión de cotizaciones se suma la brutal dispersión de precios relativos en bienes y servicios que depende del grado de control gubernamental al cual están sometidos.

Pero, paradójicamente, los dos anclas en 2021 fueron hasta ahora el salario y las jubilaciones. El intento de removerlos para poner “plata en la calle” choca contra los costos en los sectores “contenidos”, y agrega ruido en la velocidad de la rueda a la cual giran los precios.

Una definición sobre el sendero de consolidación fiscal. Es que la corrección observada en 2020 no se sostiene en el tiempo si no operan decisiones de política asociadas a la nominalidad.

Una es la movilidad previsional, que en el año electoral ayudó a licuar la mitad del gasto. La segunda es la dinámica de las tarifas y de los subsidios. La tercera es qué pasa con los recursos cuya recuperación estuvo este año asociada al rebote de la actividad y a la inflación, pero fundamentalmente a las retenciones y al impuesto a la riqueza, que aportarían por sí solas 1,2 puntos porcentuales a la presión impositiva.

Una definición sobre el sobrante de pesos y el faltante de dólares en las reservas. El punto de partida es clave. Con la compra de dólares por parte del Banco Central (BCRA) en estos meses, las reservas netas volvieron de un mínimo de 2.700 millones dólares en febrero a 6.500 millones de dólares en la actualidad.

De sostenerse el ingreso de divisas por parte del agro, es posible esperar que suban a ocho mil millones de dólares a fines de julio, cuando se frena la estacionalidad. Este monto, sumado a los DEG, permitirían un nivel de 12.500 millones de dólares de reservas, que podría funcionar como un punto de partida para un esquema de estabilización.

Obviamente, no es lo mismo si se usan para pagarle al FMI los cuarto mil millones de dólares que vencen en septiembre y en diciembre. Ni tampoco si, para que no salte la brecha, el BCRA se ve obligado a acelerar la intervención en el dólar marginal.

Desde el lado de los pesos, la concentración de vencimientos de la deuda del Tesoro en esa moneda se empieza a resolver cambiando la composición de los encajes de los bancos. En el corto plazo, puede ayudar; a mediano plazo, hay que ver cómo el BCRA maneja el excedente de pesos resultante.

Una definición sobre algunos de los andamiajes que traban al funcionamiento de la economía. El statu quo actual del mercado laboral, donde con los salarios licuados sólo 5,8 millones de los 20 millones de personas que representa la población económicamente activa tienen un empleo formal privado, requiere urgente una definición.

Es para evitar el aumento en las inequidades que provoca y fundamentalmente evitar que se siga destruyendo la base imponible. Para empezar, la eliminación de la prohibición de despidos y de la doble indemnización que se impusieron a principios de 2020 y se sostuvieron hasta hoy.

La discusión sobre el mercado laboral no puede hacerse por separado del régimen previsional. Tampoco puede resolverse el déficit previsional aumentando la edad jubilatoria, sin buscar una solución al esquema de indemnización vigente.

Para empezar, se requiere otra vez una definición sobre la nueva movilidad previsional que motorizó el propio Gobierno. El esquema tributario requiere una discusión aparte.

La combinación de brecha cambiaria en 70 por ciento con las alícuotas actuales está generando una erosión creciente de la base imponible que atenta contra el contrato social, el crecimiento y la viabilidad de la consolidación fiscal necesaria.

De momento, la agenda es noviembre. Lo que viene después por ahora es un punteo.

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