Una coparticipación federal que agrava la pobreza

ECONOMÍA Por Alieto Aldo Guadagni para Clarin
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La Constitución dispuso que se instituya un régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), disponiendo que antes de fines de 1996 se apruebe una Ley Convenio entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo que se defina un sistema de asignación de recursos tributarios entre las provincias y la CABA. 

Este mandato constitucional ya lleva nada menos 24 años sin cumplirse y no figura, a pesar de su gran importancia, en la agenda de acción de ningún partido político.

La Constitución establece que esta Ley Convenio deberá tener estas características: (i) garantizará la automaticidad en la remisión de los fondos; (ii) definirá una distribución primaria (la Nación y las provincias y CABA), de los fondos coparticipables y una distribución secundaria, entre las provincias y la CABA, estructuradas en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas; (iii) asignará fondos según criterios objetivos de reparto; (iv) será equitativa y solidaria y (v) dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Estos principios son compatibles con un auténtico régimen federal, pero hoy están lejos de la realidad, ya que la Ley 23548 (1988), transitoria por dos años, pero prorrogada a la actualidad, establece coeficientes distributivos de la CFI entre las provincias y la CABA arbitrarios y decididos en función de presiones de política partidista, que han consagrado una gran desigualdad en la asignación entre las provincias, discriminando fuertemente a la población de la Provincia de Buenos Aires donde crecen, año a año, la pobreza y la indigencia.

En 1958, Buenos Aires tenía el 33,8% de la población del país y recibía un equivalente al 29,2 % de la CFI, es decir 4,6 puntos porcentuales menos. La situación hoy es distinta, ya que la población de Buenos Aires creció y representa 39% del total del país, pero su coparticipación se redujo a apenas 21,59%.

Aumenta la población de Buenos Aires mientras disminuye su coparticipación, aumentan su pobreza y sus carencias básicas, agravadas por el retroceso en el PBI desde hace una década. La CFI por habitante es arbitrariamente desigual. En 2018 un bonaerense recibió 83% menos que un fueguino, menos de la cuarta parte que un pampeano, menos de la mitad que un santafesino, la mitad que un cordobés y el 60% que un mendocino.

Los coeficientes de la CFI son arbitrarios; por ejemplo, un chaqueño recibe un 37 % menos que un catamarqueño, un misionero menos de la mitad que un formoseño y un salteño la mitad de un pampeano. Las desigualdades se agravan si consideramos las regalías por hidrocarburos, que se distribuyen entre las provincias productoras ya que un bonaerense recibe la séptima parte de los recursos por CFI mas regalías que un fueguino, el 18% de un habitante de Santa Cruz y la quinta parte de un neuquino.

La realidad económico-social de Argentina en las últimas décadas es distinta a la descripta por Alejandro Bunge en el siglo pasado, cuando afirmaba que “el modelo agroexportador había generado un patrón de crecimiento económico dispar entre las regiones del país abanico, siendo Buenos Aires el centro del país”. La evolución económico y social en este siglo ha modificado esta realidad que hoy es distinta, según los últimos datos del INDEC.

En el segundo semestre del 2020 la pobreza afectaba en el Conurbano (donde habita 2/3 de la población de la Provincia) al 51% de la población, en el resto del país esta pobreza afectaba al 35% de la población. La pobreza en el Conurbano viene creciendo año a año y en la última década más de 2 millones de personas la engrosaron. La mayor indigencia también se encuentra en esta región, ya que afecta al 15,2 % de su población; en el resto del país la indigencia afecta al 6,9 % de la población. En el Conurbano habitan 6 de cada 10 indigentes de todo el país.

La desocupación en el cuarto trimestre del 2020 afectaba al 14,1% de la población económicamente activa en el Conurbano, mientras que en el resto del país esta magnitud era del 7,8%. La jornada escolar extendida es esencial para asegurar mejores niveles educativos en la escuela primaria; por eso, la ley 26206 determinó en el año 2006 su aplicación obligatoria.

El cumplimiento de esta ley es dispar entre las provincias registrándose, por ejemplo, los siguientes porcentajes en el año 2019: Tierra del Fuego 80, Córdoba 52, CABA 50, y Catamarca 24, mientras Buenos Aires tiene apenas 7 alumnos cada 100 en jornada extendida en las escuelas primarias estatales.

Algo similar ocurre con la carencia en el acceso a la red cloacal y al agua potable, que afecta más a la población del Conurbano que la del resto del país. El retroceso en la generación de recursos genuinos viene siendo afectado por el hecho que el PBI por habitante es hoy inferior al del 2010. Esto ha tenido un impacto en el aumento en la pobreza y la indigencia en el país.

El deterioro es más grave en el Conurbano, que sufre las consecuencias de la inequitativa discriminación consagrada por la CFI, que viene distribuyendo desde hace más de treinta años recursos de una manera arbitraria, desconociendo el expreso mandato de nuestra Constitución. Es hora de cumplir el mandato constitucional y considerar un nuevo régimen de CFI, pero sin coeficientes arbitrariamente fijados para cada provincia, como es ahora, sino ajustados al mandato constitucional.

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