Un futuro que se parece demasiado al pasado

ECONOMÍA Por Luis Secco para El Cronista
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 La Argentina ha intentado de todo en materia de arreglos cambiarios (tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, tipo de cambio libre, tipo de cambio administrado, crawling-pegs, caja de conversión, cepo, supercepo) y ninguno ha logrado funcionar salvo por algún tiempo. La volatilidad ha sido la norma más que la excepción, y el régimen cambiario lejos de contribuir al normal funcionamiento de la economía ha operado como un obstáculo muchas veces insalvable para la previsibilidad y el cálculo económico.

 
En estos tiempos de brecha cambiaria cercana al 90%, de cepo al cubo, de promesas oficiales de no devaluación y de expectativas que, de todas maneras, apuntan a mayor ruido y a mayores tensiones en el mercado de cambios, vuelve a quedar claro que, sin políticas macro sustentables y creíbles, no hay arreglo que pueda resistir. 

Pero mientras el foco estuvo y está puesto en lo cambiario, la dinámica fiscal hace de las suyas. En efecto, lo que la Argentina nunca ha intentado de manera consecuente es erradicar lo que está en el origen de dicha volatilidad, esto es, la ausencia de sustentabilidad fiscal. Salvo unas pocas excepciones (algunos años de la Convertibilidad y del arranque del Siglo XXI), la presencia de déficits fiscales abultados ha sido una constante. No perdamos por alto, por cierto, que esto sucedió con una presión fiscal en continuo aumento a partir de nuevos e incrementados impuestos. Y como a los déficits fiscales hay que financiarlos, ya sea con deuda o con emisión monetaria, el resultado fueron sucesivas crisis inflacionarias/devaluatorias y de deuda, toda vez que la política no quiso, no supo o no pudo corregir a tiempo los desbalances.

Desde comienzos de año, el ministro Guzmán ha venido prometiendo tranquilidad cambiaria a partir de tres pilares: el de una austeridad fiscal que permitiría reducir el déficit fiscal a prácticamente la mitad del de 2020; el de depreciar el tipo de cambio oficial por debajo de la inflación; y el de mantener lo más quieto posible una gran cantidad de precios (sobre todo, los de la energía y otros servicios públicos). Pero claro, es muy difícil lograr esa tranquilidad más allá de algunos meses, cuando la inflación no da señales de desaceleración, el ruido electoral comienza a hacer de las suyas, y las presiones a favor de un mayor gasto público se hacen cada vez más notorias.

En la primera mitad del año, el compromiso del ministro de austeridad fiscal fue cumplido, gracias a una recaudación excepcionalmente elevada que creció por encima de la tasa de inflación (72.8%) y un gasto público contenido que creció por debajo de la inflación (31.8%). Ahora, si consideramos lo acontecido durante junio en materia de gasto público, el crecimiento interanual fue de nada menos que 68.9% si se excluye el gasto Covid en 2020 y 2021. O sea que los componentes extra-Covid del gasto primario están creciendo a tasas superiores a la inflación. Lo que indica una dinámica preocupante hacia futuro, en tanto y en cuanto la desaceleración del gasto sería sólo el resultado estadístico de erogaciones excepcionalmente elevadas por la pandemia (y sus restricciones) en 2020 y no el producto de una estricta voluntad de austeridad fiscal durante este 2021.

Más allá de los riesgos que asechan hacia adelante, esa dinámica fiscal del primer semestre permitió reducir fuertemente la necesidad de recurrir al BCRA para financiar el déficit primario, ya que éste se redujo de manera significativa: pasó de 3,6% a sólo 0.5% del PBI. Una caída pocas veces vista en la historia argentina. En efecto, las transferencias al Tesoro desde la autoridad monetaria ascendieron a $ 330.000 millones, contra unos $ 1,25 billones en igual período de 2020 (o sea, apenas un poco más de 1/4 que lo emitido el año pasado). Sin embargo, en julio, la emisión de origen fiscal parece haber retomado algo de fuerza: el BCRA transfirió al Tesoro $ 180.000 millones (casi tres veces el promedio mensual observado durante la primera mitad del año).

Pero en lo que va de 2021, la razón principal por la que el balance de la autoridad monetaria continúa deteriorándose no es ni la emisión de origen fiscal, ni la pérdida de reservas (porque en lo que va del año éstas de hecho aumentaron unos u$s 3700 millones) sino el pago de intereses sobre el stock de instrumentos financieros que emite. En efecto, tales intereses ascienden, según el último dato disponible, a poco más de $ 677 billones, nada menos que un 90% más que lo pagado por tal concepto en igual período de 2020. Dado que el BCRA ha mantenido su política de absorción monetaria, a través de la colocación de más pases pasivos y Leliq de forma tal de contener todo lo posible la expansión de base, ésta ha crecido en el año un 12% mientras que los pasivos financieros han aumentado un 38% y se aproximan ya al 60% del total de sus pasivos. Siendo que el aumento de los pasivos ha sido superior al aumento de las reservas brutas, su respaldo en moneda dura se ha reducido adicionalmente. Tengamos presente que estos pasivos remunerados del BCRA se han más que triplicado durante la actual administración.

Por su parte, la deuda del sector público nacional siguió en aumento. Según los datos preliminares recientemente publicados por el Ministerio de Economía, la deuda total a fines de junio pasado ascendía a u$s 343.519 millones; unos u$s 7937 millones más que la de fines de 2020 y unos u$s 20.454 millones más que cuando asumió el presidente Alberto Fernández. Un dato interesante que surge de dicha publicación es la creciente importancia de los instrumentos en pesos emitidos con cláusula de actualización por CER, la cual ya representa el 15,1% del total de la deuda cuando era sólo del 7,6% del total cuando arrancó la actual Administración. Si a su vez tenemos en cuenta que la deuda en moneda extranjera representa un 74,1% del total, tenemos que un 89% del total de la deuda está en moneda dura y por lo tanto no puede ser licuada vía inflación/devaluación.

Con este panorama fiscal y financiero, con una actividad económica nuevamente estancada, y con la inflación arriba del 3% mensual, encaramos elecciones de medio término sin ninguna definición de qué piensa hacer el Gobierno para corregir dinámicas económicas claramente insustentables y que no desaparecerán una vez terminada la pandemia. Tampoco está claro cuál es la propuesta económica de las principales fuerzas opositoras, aunque éstas cuentan con la ventaja de que hoy no es su responsabilidad el llevarla a la práctica. Una vez más, unos y otros se definen por oposición al otro y la ausencia de contenidos concretos no hace más que abonar expectativas de un futuro que luce siempre demasiado similar al pasado.

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