Operativo urgente de cara a las elecciones: rescatar la figura del Presidente

POLÍTICA Por Eduardo van der Kooy para Clarin
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Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, dijo durante el fin de semana que para el Gobierno el escándalo por el Olivosgate “está terminado”. Otra manifestación de voluntarismo político en estado puro. Evidencias a la vista: es el propio Alberto Fernández quien, ante la necesidad de definir una estrategia en la Justicia y emparchar el daño que causó en la opinión pública, mantiene vigente el incómodo affaire. 

Posee, pese a todo, una ventaja. Como suele ocurrir con aquellos pleitos que afectan a cualquier poder de turno en la Argentina, la Justicia parece haber ingresado en la administración prudente de los tiempos. Nunca hay que olvidar que la política transita un tramo clave del calendario electoral. El fiscal Ramiro González, a cargo de la causa, sigue con la recopilación de pruebas de aquel festejo de cumpleaños de Olivos. La remisión es morosa.

Habría que estar atentos a otro detalle. La causa cayó por ahora en el Juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello. El juez derivó toda la investigación en el fiscal. Pero afirman en oficinas de Comodoro Py que Casanello, por razones de estricta índole personal, podría en algún momento renunciar a su cargo. Incluso, irse a vivir al extranjero. Se trataría de otro escollo.

Mientras aquello sucede, el Presidente deja trascender indicios que apuntan a condicionar la tarea del fiscal González. Otra vez el portavoz resultó Cafiero: “No creo que se haya cometido un delito”, anunció. El Jefe de Gabinete no es abogado. Se encargó, solamente, de transmitir una idea presidencial. ¿Cuál? Como aquella celebración no habría sido diseminadora de contagios del COVID el delito, según esa interpretación, no se habría consumado.

La inmensa mayoría de los especialistas en Derecho Penal -materia que Alberto dicta en la Facultad- sostiene lo contrario. El delito se materializó (artículo 205 del Código Penal) con la simple violación de la norma que había dictado el Presidente para imponer una cuarentena dura a la sociedad. Las consecuencias, en este caso, no contarían. El politólogo Andrés Malamud lo supo ilustrar, no siendo abogado, de manera bien transparente: “El Presidente acepta que violó la luz roja en un semáforo. Pero arguye que nunca chocó. El delito fue haber violado aquella luz roja”, describió.

Resulta inconcebible no suponer que la orientación de la Casa Rosada sería indiferente para el fiscal González. Alberto, en tanto, cavila acciones complementarias que exhiban su buena disposición a colaborar con la Justicia. Incluso con alguna señal simbólica tendiente a reparar el daño. Curiosa contradicción: ¿Qué daño si, según Cafiero, no existió la comisión del delito?

El abogado presidencial en esta causa, Gregorio Dalbón, fue quien anunció que Alberto estaría dispuesto a donar una parte de su sueldo como suerte de “reparación voluntaria”. Tal vez, existiría una presentación espontánea ante la Justicia. Previo a las PASO del 12 de septiembre. Sólo una casualidad.

Nadie conoce en el oficialismo el efecto que podría tener ese manojo de acciones en un electorado que, según las encuestas, registró un fuerte impacto emocional (de desengaño) cuando se divulgaron las primeras fotografías del Olivosgate. Aunque resultaría imprescindible un trabajo político paralelo: la reconstrucción de la figura presidencial, bajo fuego de propios y ajenos.

Los ingenieros electorales del kirchnerismo no pasan por alto dos cosas. Las elecciones de medio término suelen ser plebiscitarias de la gestión, donde la figura del Presidente es influyente. Si está deteriorada significa un problema para los candidatos. La historia también pesa: los K no han logrado salir airosos en las legislativas desde el 2005. Cayeron en el 2009 (con los candidatos testimoniales), 2013 y 2017.

Aquella necesidad imperiosa quedó reflejada en una jugada de las últimas horas. Muy fiel al sentido de las lógicas invertidas que caracteriza al Frente de Todos, desde que Cristina Fernández se auto designó vicepresidenta y cedió el primer lugar a Alberto. Esta vez un ministro salió en socorro del Presidente. No al revés, como indica en política la dosis mínima de sentido común.

El protagonista fue el ministro ultra kirchnerista de Desarrollo Territorial y Hábitat, ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Ni Gustavo Beliz ni diputado Eduardo Valdés, de la cercanía de Alberto. Ferraresi hizo un vuelo declarativo inesperado: “Alberto será, sin dudas, quien en mejores condiciones esté de ser nuestro candidato en 2023”, aseguró. De acuerdo a su entender, los procesos políticos en la Argentina son de ocho años. Le faltó aclarar que eso sucede solo cuando gobierna el peronismo. Han sido de 10, como con Carlos Menem. Y hasta de doce, con la combinación del matrimonio Kirchner.

Ferraresi intentó salir, de ese modo, al rescate de la figura del Presidente cuya gestión y comportamiento ha generado, al margen de la oposición y la sociedad, un debate intenso en la coalición oficial. El 2023 es, en la Argentina, un horizonte muy lejano. Pero el kirchnerismo entiende que será difícil sortear las legislativas sin fortalecer a Alberto y colocarlo en el FDT como supuesta cabeza de un proyecto que tendría aún vida larga.

El esperanzador "estamos saliendo" 

El planteo del presente importará poco una vez que se conozca el resultado electoral. Según sea, se barajará de nuevo. Pero el Gobierno siente que se enfrenta a una emergencia. Es necesario reanimar las decaídas expectativas sociales. Alberto no podría quedar ajeno a ese ensayo.

Tanta necesidad convierte al Gobierno, en tiempo de campaña, en usina de permanentes invocaciones esperanzadoras. “Estamos saliendo”, rezan todos los spots publicitarios. De repente la amenaza del COVID parece haber desaparecido. Se relajan casi todas las actividades, incluida la vuelta parcial de espectadores al fútbol, en el partido de la Selección contra Bolivia, por las eliminatorias, tres días antes de las PASO.

La audacia parece mayúscula porque, al mismo tiempo, empiezan a existir indicios de la circulación comunitaria de la cepa Delta, de elevada contagiosidad. La inmunización colectiva sigue baja (solo 27% con dos dosis de vacunas). Nadie termina de aclarar por qué razón existe una brecha tan grande entre las vacunas recibidas en la Argentina y las aplicadas. Casi 8 millones.

El infectólogo Eduardo López, asesor oficial, adjudicó tal anomalía a la pobre gestión en la campaña. El ahora candidato y ex ministro K, Daniel Gollán, le respondió que no sabe nada de pandemia. Altanería de quien siendo titular de Salud en Buenos Aires computó en ese territorio más de 50 mil muertos.

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