La imagen del Presidente no deja de caer y el kirchnerismo está en alerta

POLÍTICA Por Eduardo van der Kooy para Clarin
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No fue un brote político repentino ni una casualidad el coro de voces oficiales que salió a promover la reelección de Alberto Fernández para el 2023. El Gobierno y el Frente de Todos se han estrellado contra una realidad inesperada, antes del Olivosgate, en este primer tramo del calendario electoral: el derrumbe de la imagen presidencial. Los números que lo reflejan son propios. Las encuestas del Instituto Patria y de la Casa Rosada resultan coincidentes: la merma general que afecta al mandatario está entre los 6 y los 8 puntos. 

La alarma kirchnerista ha sonado, sobre todo, en Buenos Aires. Aquel bajón, en algunos puntos del Conurbano, llega a 10 puntos. Cristina Fernández tiene hoy allí mejor valoración que el primer mandatario. La imagen negativa de Alberto estaría rozando la de Mauricio Macri. Un problema mayúsculo para la estrategia central de los K: convertir al principal distrito del país en eje de las elecciones y plataforma para el proyecto de varios períodos en el poder que ha diseñado la vicepresidenta.

Aquel derrumbe presidencial, sin embargo, reconoce un dique. No afecta a Cristina. Solo un poco, por ahora, a los candidatos del Frente de Todos en la Provincia. Nadie atina a descifrar -tampoco en la oposición- la durabilidad del impacto emocional que provocó en la sociedad la revelación del Olivosgate. No se trata de un hecho aislado. Se empalma con la enorme crisis económico-social y una gestión sobre la pandemia del Covid repleta de inconsistencias.

El mayor problema para la recuperación de Alberto radica en el modo que ha perforado su confiabilidad. Condición imprescindible y básica para cualquier gobernante. Con su prédica de que “volvimos mejores”, había sembrado en algunos sectores del electorado la ilusión de mutaciones respecto del pasado. Fue el capital que le añadió a Cristina para triunfar en el 2019. Pero luego sucedieron muchas cosas.

El escándalo del Vacunatorio VIP, en el último verano, significó el primer sismo. Evaluado a la distancia, no tuvo la profundidad del efecto que exhibe el Olivosgate. En este escándalo quedó pegado exclusivamente el Presidente después de un recorrido previo plagado se admoniciones y soberbia. Al imponer la larga cuarentena del 2020 Alberto amenazó a quienes la violaran. Apeló a un latiguillo que, de haber sido cierto, hubiera encerrado la intención de algún cambio en la tóxica vida política argentina. “Se acabó el país de los vivos”, proclamó. El mismo desairó su profecía. Se comprende el ánimo de decepción y engaño que parece embargar a la sociedad.

De ese laberinto no logra aún salir. No le alcanza, en sus giras de campaña, con recordar la herencia que recibió de Macri. El único libreto que tiene a mano. El escándalo ganó vida propia porque hay en curso una actuación de la Justicia y es atizado, con lógica, por la oposición. Además, el plan defensivo de la Casa Rosada resulta inexplicable.

El Presidente debió hurgar en resquicios del Derecho para explicarle al fiscal, Ramiro González, que no habría cometido ningún delito. Se resguardó en su condición de personal “esencial y exceptuado” por su DNU. ¿Para participar en una fiesta de cumpleaños? Quizá no sean esos los únicos ni los peores desatinos. Veamos su atajo. Consideró que con un plan de pago (cuatro cuotas de la mitad de su sueldo) saldaría aquella conducta antiética. Una banalización ofensiva en medio de una tragedia que superó los 110 mil muertos. Tampoco ajena a rasgos perpetuos del costumbrismo nacional. La platita para todo.

El fiscal González lo terminó imputando. Nadie desecha que pueda haber existido un puente convenido mutuamente entre la presentación del mandatario y la posterior imputación. ¿Por qué motivo? González intervino en junio del 2020 en otra causa similar. Un festejo del ex diputado Facundo Moyano en Puerto Madero. Determinó varios meses después que la conducta denunciada no había afectado “gravemente el interés público”. Dictó el sobreseimiento que también ahora reclama Alberto.

La iniciativa presidencial estuvo antecedida de episodios extraños. Alberto tuvo siempre una pésima opinión sobre Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidenta. Un amigo suyo, extrañado, le preguntó la semana pasada si había designado como su representante a ese profesional. “¿Estás loco?”, respondió. Pero Dalbón habló varios días como si lo fuera. Con denuestos para el fiscal y el juez Sebastián Casanello.

El episodio podría transmitir señales inquietantes. En la crisis, habría para el Presidente quizás situaciones fuera de control. También, por qué no, el cristinismo pudo haber intentado copar ese entorno de influencia. Pueden decirse y pensarse muchas cosas sobre el profesor de Derecho Penal. Menos, que desconozca el universo de los abogados respetables.

Tampoco la destreza del equipo político ayuda al Presidente. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, repite cosas que desconoce. Nadie asoma capaz de establecer algún ordenamiento. ¿Cómo es posible que se exponga a Carla Vizzotti a hablar del escándalo? La ministra de Salud ha sido rebasada en su campo específico, la administración de las vacunas y la pandemia. La explicación sobre el Olivosgate resultó horripilante. “Todos los argentinos hemos cometido algún error”, lanzó, sin tener dimensión de lo que estaba hablando.

El derrumbe presidencial mantiene encendido un debate en el Frente de Todos. Por ahora remite a dos interrogantes: cómo reflotar la imagen de Alberto; cómo continuar los próximos años del Gobierno condicionado por lo que suceda en las elecciones de medio término. Podría estar madurando una conclusión: en cualquier escenario –triunfo, empate o derrota– la incidencia futura de la vicepresidenta crecería camino al 2023.

Para devolver a Alberto a la superficie está el recurso de instalar su reelección. Como si tuviera hoy la fortaleza de Tarzán. Fue el ministro ultrakirchnerista, Jorge Ferraresi, quien echó la idea al ruedo. Le siguió el albertismo de Juan Zabaleta, de Desarrollo Social, Sabina Frederic, de Defensa, y el candidato Daniel Arroyo. La audacia tiene una dificultad: ¿está la sociedad dispuesta a escuchar proyectos de poder cuando ni siquiera conoce cómo será este fin de año?

Otro tópico parece atado a los resultados. Centrado por ahora en la protección de Buenos Aires. Las interpretaciones en el FdT son contrastantes. El kirchnerismo supone que cualquier escenario electoral devendrá en una necesaria participación de Cristina en la toma de decisiones. Y en el Gabinete. Los hombres de Alberto imploran otra alternativa: que una victoria le permita resetearse. Conjeturan que los K no poseen candidato potable para pelear el 2023.

Una pizca de razón tienen. Pensar en el posible encumbramiento de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, o Máximo Kirchner, representaría el regreso a un esquema de encierro que llevó al kirchnerismo a ser eyectado del poder en 2015. La carta restante sería Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados siempre está. La hipótesis lo forzaría a establecer una frontera más nítida entre política y negocios.

Aquella realidad ha forzado al oficialismo a repensar el plan de la campaña en el corto plazo. Alberto ha salido de visita por el interior. En provincias de peronismo duro. No es el caso de Córdoba, gobernada por Juan Schiaretti, ni de Santa Fe, donde Omar Perotti ha sido desafiado por Agustín Rossi. Buenos Aires queda por ahora como propiedad del kirchnerismo. Aunque el Presidente piensa regresar antes del final de la campaña.

Nadie conoce cómo el declive presidencial terminará de influir en las elecciones. Habrá sufrimiento para el oficialismo. ¿Implica eso un supuesto beneficio para Juntos por el Cambio? Ninguna encuesta circulante verifica ese fenómeno. En todo caso, el Olivosgate podría nutrir a los grupos numerosos que no se manifiestan con identidad política. Son los desencantados, los descreídos de los dirigentes con fuerte inclinación a no votar.

Un importante dirigente de Juntos por el Cambio, con historia, que recorre Buenos Aires, hizo una cruda descripción del clima social: “La gente no quiere escuchar a nadie. ¿Sabes lo que cuesta pararse a hablar cinco minutos? Hay otra cosa llamativa. En otras épocas los adversarios manifestaban hostilidad. Ahora casi ni eso. La indiferencia manda”.

En esa lejanía podrían estar incidiendo varias cosas. Se trata de una elección legislativa. Los Fernández seguirán, más allá de todo, después de noviembre. La escala a la vista son las PASO, cuya obligatoriedad, se ha demostrado, es relativa. Ambas cosas, sumadas al pobre ánimo de la sociedad, quizá transformen a las elecciones próximas en un mapa altamente impreciso acerca de lo que ocurriría en noviembre.

Todo aquel paisaje que abruma a la sociedad sigue añadiendo postales negras. Hacen de la historia un presente insoportable. Un legislador peronista baleado en Corrientes. El ex piquetero Luis D’Elía, arrancando su tobillera eléctrica en un mitin. El ex titular de la UOCRA La Plata, Juan “Pata” Medina, burlando la prisión domiciliaria. Allí volvió. La docente de una escuela de La Matanza, Laura Radetich, maltratando a un alumno que se atrevió a interpelar al peronismo.

El Presidente lo interpretó apenas como un debate acalorado. Para abrir las cabezas. Descubrió una imprudencia donde existió delito. En el Olivosgate. Celebró que la Argentina no llegó a los 250 mil muertos por el Covid. “Algo bien habremos hecho”, se jactó. Muchas veces parece estar perdido. Y, al contrario de lo que reza su último estribillo musical, no se encuentra.

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