¿Se puede cambiar el rumbo del gobierno con “volumen político”?

POLÍTICA Por Sergio Berensztein para TN
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 El neologismo remite al peso de determinadas personas en términos de probada capacidad de superar crisis. Una mezcla de resiliencia, eficacia y conocimiento de los meandros del poder y la administración de la cosa pública.

 
El terremoto político generado por las PASO 2021 fue tan importante que seguramente todavía no alcanzamos a dimensionar su real magnitud y, sobre todo, las consecuencias de mediano y largo plazo. Es probable que el resultado de los comicios del 14 de noviembre profundice o acote al menos parcialmente ese impacto. Si en efecto el resultado es relativamente parecido, el giro pragmático de CFK rindiéndose ante los caudillos con peso territorial que triunfaron en medio (y a pesar) de la hecatombe habrá resultado inocuo. Pero difícilmente Alberto Fernández y su compañera de fórmula estén en condiciones de recuperar protagonismo y autonomía. 

Por el contrario, aún más debilitados y con un balance de poder claramente distinto dentro y fuera del Congreso, si el FDT permanece unido, el peronismo territorial ganará más importancia relativa incluso en la definición de las candidaturas y los ejes discursivos de cara al 2023.

Por el contrario, si mejora su performance, mucho más aún si logra revertir la dura derrota, el poder del caudillismo pejotista será aún mucho mayor. En ese caso, sin embargo, Cristina podría argumentar que fue el “teorema de Gollán” (“ponerle platita en el bolsillo al votante”) y no tanto (o no sólo) la incorporación de un gobernador y un intendente como virtuales interventores en los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires (respectivamente) lo que hizo la diferencia.

El principal interrogante, en ese caso, es si las consecuencias macroeconómicas de incrementar el gasto público en un contexto de tantos desequilibrios no jugarán en contra de la competitividad del oficialismo. ¿Sería acaso una suerte de triunfo pírrico o, como ocurrió entre 2013 y 2015, una vez más el kirchnerismo lograría finalizar una gestión pasándole al gobierno siguiente la responsabilidad de asumir los costos y consecuencias de los desajustes acumulados?

En ambos casos, la justificación discursiva para gatillar la recomposición de ambas estructuras ministeriales fue el mismo: sumar “volumen político” a la gestión. Se trata de un neologismo que, según su uso, remite al peso específico de determinadas personas en términos de influencia, experiencia, efectividad y probada capacidad de superar crisis y retomar la iniciativa a pesar de las circunstancias adversas. En síntesis: una mezcla de resiliencia, eficacia y conocimiento de los meandros del poder y la administración de la cosa pública.

Con matices, tanto Juan Manzur como Martín Insaurralde responden a dichos atributos. Con prácticamente la misma edad (52 y 51 años), habiendo ocupado puestos de mucha relevancia en la última década que consolidaron su instalación en el ancho universo del peronismo, ambos asumieron una enorme responsabilidad en un momento muy complejo y aspiran a reemplazar formalmente a quienes en los papeles todavía son sus jefes: Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Ahora bien, al margen del resultado de las elecciones, que, por supuesto no es un tema menor, la gran pregunta es si con “volumen político” alcanza para mejorar en serio el rumbo de un gobierno. ¿Cuáles son los fundamentos de un “buen gobierno”? ¿Cuáles sus requisitos? ¿Qué indicadores se usan para evaluar el éxito o el fracaso de una gestión? Se trata obviamente de preguntas clásicas de la ciencia política y se han escrito muchos libros y artículos al respecto. A los efectos de esta reflexión y teniendo en cuenta el escenario político actual, vale la pena refrescar algunos conceptos que a mi juicio resultan fundamentales.

Cloacas vs. polideportivo

En primer lugar, no toda la “buena política” es popular entre los votantes o incluso útil o provechosa en términos electorales. Todo lo contrario: muchas decisiones que a mediano y largo plazo son positivas para la sociedad pueden implicar costos inmediatos significativos. Un gran líder avanzaría sin dudar. Un buen político lo pensaría dos veces.

Un ejemplo muy típico (muy argentino, por cierto) es el de las cloacas y el agua potable. Constituye un requisito fundamental para aumentar significativamente la calidad y la esperanza de vida de cualquier sociedad. Sin embargo, son obras que tardan mucho tiempo, están bajo tierra (no se ven, con el tiempo la gente se olvida de ellas) y no se notan de manera inmediata los resultados. Es mucho más provechoso edificar un polideportivo, pavimentar una calle (nada más famoso entre los intendentes que el “cordón-cuneta”) a lo sumo construir una red de gas natural (que impacta en el bolsillo). ¿No es más lógico que antes de pavimentar se caven los pozos para pasar las cañerías? Desde la lógica del desarrollo humano, sin lugar a dudas. Ahora bien, si se privilegia la lógica electoral, la respuesta negativa es más que evidente.

En segundo lugar, ningún gobierno puede juzgarse solamente en función de las personas (sus líderes, funcionarios, integrantes, etc.). Por supuesto que los equipos de trabajo son fundamentales, como así también los liderazgos. Toda la literatura sobre la capacidad del Estado enfatiza asimismo la importancia de las reglas el juego (instituciones) para generar los incentivos adecuados tanto en conformar una burocracia profesional como, sobre todo, en establecer vínculos virtuosos con los actores de la sociedad civil, evitando las prebendas, los conflictos de intereses y la corrupción.

En síntesis, se trata de diferenciar los qué (los objetivos de corto, mediano y largo plazo) de la política pública; los cómo (métodos de implementación: ¿imposición o consenso?); y por supuesto los quiénes. En este sentido, el uso más común del término “volumen político” enfatiza el papel de las personas, pero no de los objetivos y de los métodos de implementación de política pública.

¿Necesitaba el gobierno nacional (también el de la provincia) solamente un cambio de liderazgo? O, por el contrario, ¿el problema residía también en los otros aspectos antes señalados? En ese caso, no sabemos sí Manzur e Insaurralde podrán y querrán imprimir cambios en términos de métodos y objetivos.

Por ejemplo, ¿habrá cambios respecto de la inflación, la principal preocupación de los argentinos? Hasta ahora, parecería que todo lo contrario: el gobierno se dispone a anunciar una batería de medidas para incentivar el consumo que implican mayor gasto que, lamentablemente, implica más emisión monetaria (inflación).

¿Habrá también cambios por ejemplo en materia de seguridad? ¿Qué pasará con la política exterior? El pasado y los vínculos de Juan Manzur nada tienen que ver con, por ejemplo, la CELAC. ¿Habrá reservado Alberto Fernández la política exterior como un ámbito de influencia propia y de allí la designación de Santiago Cafiero en reemplazo de Felipe Solá?

Para que la Argentina logre el acuerdo con el FMI, al margen de los esfuerzos del asediado Martín Guzmán, resulta fundamental un acompañamiento y trabajo conjunto por parte de la Cancillería. ¿Podrá Manzur convencer a su predecesor en la Jefatura de Gabinete de la necesidad de coordinar energías, aunque esto implique minimizar el compromiso sobre todo con México, que en los últimos tiempos enfatizó una retórica visiblemente confrontativa con Washington (tal vez para ocultar la violencia con la que en la frontera norte reprime a los inmigrantes ilegales, sobre todo de Haití)?

El uso y abuso del término “volumen político” no parece apropiado para comprender la actual coyuntura ni, aún más importante, puede conducir a cambios significativos en el curso del gobierno. Finalmente, una curiosidad: la fórmula física de volumen es masa sobre densidad. Ninguna de mis fuentes en el FDT ha sugerido que se haya tenido en cuenta esta identidad para realizar los cambios aquí analizados.

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