Preguntas clave para responder tras las elecciones

ECONOMÍA Por Néstor O. Scibona para La Nacion
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Aunque también pesan otros factores (inseguridad, desigualdad educativa, falta de oportunidades laborales o la desconcertante política exterior), el acelerado deterioro de las expectativas económicas no se corresponde tanto con la elección legislativa de medio término, sino con la reacción del oficialismo frente al resultado –ya sea en contra o con cierta mejora respecto de las PASO–, que marcará los 25 meses de mandato que el gobierno de Alberto Fernández tiene por delante. 

Por eso conviene plantear las siguientes preguntas básicas que, según corresponda, deberían responder a partir del lunes los funcionarios del Gobierno y los legisladores electos:

¿Cuánto tiempo llevaría bajar la inflación a un dígito anual con un programa macroeconómico consistente y persistente en materia fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos, como los aplicados por otros países de la región?
¿Qué sentido tiene congelar o controlar precios de determinados productos mientras las “anclas” para el dólar oficial y las tarifas generan inflación reprimida junto con una enorme distorsión y disparidad de precios relativos?
¿Cómo volver a crecer en serio de manera sostenida, con mayor inversión privada y sin los recurrentes altibajos que achicaron la “torta” productiva por habitante al tamaño de hace más de 45 años?
¿Cómo plantear el futuro para salir de la decadencia y la pobreza, si 90% del debate político se concentra en buscar culpables del pasado, sin haber aprendido de sus errores que generaron una década de estanflación?
¿Por qué hay un relato triunfalista sobre el rebote del PBI a los niveles pre-pandemia, si a fin de 2019 se hablaba de “tierra arrasada”?
¿Cómo podrían movilizarse parte de los US$ 250.000 millones declarados y atesorados por argentinos, que se mantienen fuera del circuito económico por desconfianza, regulaciones, controles o estafas estatales?
¿Por qué la mayoría de los políticos alienta el mito populista de que el Estado es una fuente inagotable de recursos, cuando en realidad tiene un déficit crónico que debe cubrir con emisión inflacionaria de pesos o con deuda que no puede pagar si la economía no crece?
¿Qué razones impiden establecer mayorías legislativas especiales para modificar el presupuesto nacional de cada año, a fin de otorgarle credibilidad y reducir al máximo los “superpoderes” del Ejecutivo; o bien para sancionar leyes que crean impuestos o suben los vigentes?
¿Por qué no se reducen los topes legales a la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro, que en los últimos 10 años generaron una inflación creciente?
¿Qué razones objetivas justifican el doble discurso oficial sobre el demorado acuerdo para refinanciar la deuda con el FMI, tras más de un año de negociaciones supuestamente “constructivas”?
¿Por qué se proclama la necesidad de incrementar exportaciones y la Argentina sigue siendo uno de los pocos países que las penaliza con impuestos directos?
¿Por qué se promueven leyes sectoriales “a medida” con garantía de estabilidad tributaria por 20 años para promover inversiones privadas, en vez de políticas horizontales en el mismo sentido?
¿Por qué se aumenta la presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal, pero no se ataca con el mismo énfasis la evasión impositiva?
¿Qué tipo de fiscalización se realiza para sancionar a los fabricantes y proveedores de marcas falsificadas para su venta callejera ilegal y cuáles son sus resultados?
¿Cómo sería posible crear empleo privado formal con prohibición de despidos (al menos hasta fin de 2021) y sin cambiar nada de la legislación laboral que lleva casi medio siglo de vigencia, eleva los costos y reduce la competitividad?
¿Por qué no se establece un régimen legal especial con menos cargas sociales para impulsar el primer empleo joven o incorporar trabajadores que están fuera del mercado laboral?
¿Cómo se explica que se proyecte una compleja ley de promoción de inversiones para aumentar la producción y exportación de hidrocarburos y a la vez se fijen, de hecho, precios políticos para el petróleo y los combustibles?
Con tarifas políticas, especialmente en el AMBA, ¿cómo se reducirá el gasto público en subsidios, que este año apuntan a más de US$10.000 millones en energía (2,5% del PBI) y a 0,5% en transporte?
¿En cuántos países se aplica la segmentación de tarifas energéticas por patrimonio o ingresos de los usuarios que proyecta el Gobierno?
¿Por qué desde hace casi dos años hay interventores políticos en los entes reguladores de la energía y dejaron de cumplirse las leyes que establecen la designación por concurso y revisiones tarifarias integrales cada cuatro años?
¿Por qué no se cambia la última ley de alquileres, si se desplomó la oferta de inmuebles y se dispararon los precios por encima del índice oficial?
¿Qué razones objetivas impiden la sanción de las leyes para instaurar la boleta única de papel (BUP) en las elecciones nacionales y la “ficha limpia” para los candidatos?
Si el principal eje de campaña del Frente de Todos fue que todo lo hecho por Macri estuvo mal, ¿por qué el Poder Ejecutivo mantiene la estructura de 20 ministerios y se elevó a más de 200 el número de subsecretarías, de las cuales 28 son de “coordinación”?
¿Por qué se siguen designando militantes en cargos estatales, sin cumplir los requisitos de título profesional o experiencia y del mismo modo se cubre el cupo femenino mediante la ampliación de estructuras?
¿No sería ético aplicar medidas de austeridad y bajar el costo de la política, aunque sea mucho menos relevante que el gasto social, engrosado desde 2008 por las moratorias jubilatorias sin aportes y el crecimiento de los planes de asistencia social?
¿Por qué se envió una comitiva de más de 100 funcionarios y colaboradores a la cumbre climática de Glasgow?
Si algunos privilegios de la política son legales, como la doble jubilación de la vicepresidenta avalada por la Anses, ¿por qué no revisar las leyes que los consagran?
¿Cuál es la política para lograr que 1,5 millón de chicos y jóvenes recuperen los conocimientos perdidos por desvincularse de las escuelas en 2020 y para reducir la deserción en la secundaria?
¿Por qué no sancionar leyes para impulsar prácticas formativas de estudiantes en empresas e incentivar carreras con salida laboral?
¿No es un dato preocupante que 62% de los jóvenes de 18 a 29 años prefieran trabajar en el Estado?
¿Cuántos presos salieron de las cárceles por la cuarentena en 2020 y cuántos regresaron?
¿Cuál es la política de prevención del delito y la relación policías/habitantes en los distritos más poblados del conurbano?
¿Por qué el oficialismo no suele vincular los homicidios por robo con narcotráfico y el consumo de drogas?
¿Cómo creer en la vocación democrática y republicana del Gobierno, que hace piruetas verbales para no condenar el régimen autoritario de Nicaragua y apoya las dictaduras de Cuba y Venezuela?
Como puede advertirse, el Congreso parcialmente renovado podrá tener un papel clave para promover cambios y no sólo frenar disparates. También como escenario de acuerdos políticos sin esperar hasta 2023, aunque por ahora el diálogo no pasa de ser una hipótesis.

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