El Gobierno le declara la guerra a la Corte Suprema con la pólvora mojada

POLÍTICA Por Eduardo van der Kooy para Clarin
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"Fue una reunión increíble. Difícil de entender”. Uno de los cuatro integrantes de la Corte Suprema definió de esa manera (no quiso agregar una palabra más), el encuentro que el Máximo Tribunal mantuvo por primera vez con Martín Soria. El ministro de Justicia reemplazó en marzo de este año a Marcela Losardo. La actual embajadora en la UNESCO, que debió renunciar por presión de Cristina Fernández. 

Es decir, pasaron ocho meses antes que el nuevo encargado del área pudiera tener contacto directo con Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton dejó su cargo sin haber departido con el ex diputado por Río Negro.

Aquella incredulidad de los magistrados pareció tener reflejo en dos situaciones que signaron el encuentro. Se extendió por apenas 30 minutos. Merodeó formalidades y un tono poco amigable de los contertulios. La declaración formal de guerra de parte del kirchnerismo se hizo fuera de ese ambiente secretista.

Soria manifestó la gravedad de la situación del Poder Judicial. Incluyó a la Corte. Sostuvo que los jueces especulan con las causas. Dicha anomalía tendría que ver con el supuesto nacimiento de la “mesa judicial”, en épocas de Mauricio Macri.

Después de la cumbre, Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti celebraron el plenario tradicional de los martes. Alumbró un fallo que reconoció a Santa Fe una deuda del Gobierno Nacional por descuentos indebidos de coparticipación entre 2006 y 2015. Fijó el monto a pagar en $ 86 mil millones. Sin atender el reclamo de la Casa Rosada de que fuera aplicada la tasa más benigna.

El veredicto termina favoreciendo al gobernador peronista Omar Perotti. La demanda había sido iniciada durante el mandato del socialista Hermes Binner, ya fallecido. Se mantuvo más allá de diferencias políticas durante las administraciones siguientes.

El fallo podría tomarse, en forma simbólica, como la primera respuesta de la Corte a los cuestionamientos políticos de Soria. Obviamente, tuvo un larguísimo desarrollo previo. Pero estaría quedando clara la estrategia de confrontación que Cristina y Alberto Fernández prevén con el Poder Judicial en el par de años que le restan aún de poder.

Con respecto específicamente a la Corte, el Gobierno estaría presumiendo que no surgirán buenas noticias. En lo inmediato, está la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, cuya conformación actual responde a un viejo proyecto que Cristina impuso como senadora en 2006. Quizás no se trate de lo que más inquiete a la vicepresidenta. El Máximo Tribunal tiene en estudio nueve recursos vinculados con el juicio oral por la obra pública, que involucra a Cristina y Lázaro Báez. El único que está, parsimoniosamente, en desarrollo.

Existe otro cúmulo que refiere a Los Sauces y Hotesur. La vicepresidenta fue sobreseída en dicha causa los últimos días por el Tribunal Oral Federal 5, con el voto decisivo de los jueces Daniel Obligado (ahora postulado a la Corte Suprema de Buenos Aires) y Adrián Grunberg, que dos días después dejó su cargo como juez subrogante. En contra falló Adriana Palliotti. Falta la apelación del fiscal Diego Velasco. También la participación de la Cámara de Casación. Aunque el veredicto original fuera dado vuelta, el trámite que resta sería prolongadísimo.

El Gobierno dio un anticipo del futuro cuando luego de la renuncia de Highton, sindicada cercana al oficialismo, el Presidente disparó un tuit sugestivo: “¿Y los otros votos de quiénes son?”, interpeló. Alberto y Cristina vivieron como una derrota la designación del nuevo titular de la Corte, Rosatti, y la conformación de una mayoría junto a Maqueda y Rosenkrantz. Lorenzetti, por ahora, solo bascularía entre ellos.

Los jueces en la mira del Gobierno

La lectura personal de aquella mayoría explicaría, en parte, el sendero hostil que ha decidido tomar el Gobierno. Rosatti es un abogado despreciado por Alberto y Cristina. Con un punto de partida: su renuncia como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, envuelta en quejas por supuestos sobreprecios en la construcción de cárceles. A Rosenkrantz se lo acusa de responder a la “mesa judicial” macrista, inspirada en la teoría del lawfare. Un sistema de armado de causas -se arguye- para perseguir a líderes populares. Que, curiosamente, jamás afectó a José Mujica o Tabaré Vázquez en Uruguay. Ni a los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile. La sorpresa pudo haber sido Maqueda. Ligado al peronismo de Córdoba que regentó José Manuel de la Sota. Se hartó de las manipulaciones kirchneristas y las intromisiones en ese universo de La Cámpora.

El endurecimiento del Gobierno sucede, paradójicamente, en su instancia de mayor debilidad. Viene de una doble derrota electoral en las PASO y las legislativas. Conserva una primera minoría ajustada en Diputados y perdió la mayoría en el Senado. La fortaleza de Cristina. Tampoco debiera asombrar. El kirchnerismo solo conoce la receta de la radicalización política. En la victoria, porque siempre supone la validación de su razón. En la derrota, por interpretar que deviene del imperio de cierta docilidad. Contemplación.

Tal lógica preocuparía en otro terreno. El Gobierno enfrenta una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el multimillonario endeudamiento. Transita una crisis económico-social que en cualquier momento podría desbocarse. Dentro del Frente de Todos conviven con incomodidad quienes pugnan por un acuerdo y otros que pregonan la ruptura. Con consecuencias seguramente imprevisibles.

Antes del recambio de diputados y senadores, que diseñó en la Argentina un nuevo mapa de poder, el Gobierno sumó un fracaso tras otro en su afán por avanzar sobre el Poder Judicial. La Ley del Ministerio Público quedó trabada en Diputados. La designación de un nuevo Procurador naufragó ni bien Alberto propuso al juez Daniel Rafecas como posible reemplazante de Eduardo Casal. Cristina no convocó a una sola audiencia para habilitar el pliego del magistrado que, en otro tiempo, impulsó la causa Ciccone contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Que concluyó con su condena.

Tampoco progresó la reforma judicial. Pretende aumentar a 46 los juzgados federales en la Ciudad y a 90 los del Interior. El Presidente, con el fin de impulsarla, designó un Consejo Consultivo presidido por Carlos Beraldi. El abogado defensor de la vicepresidenta en las causas de corrupción más importantes.

Ahora el Gobierno anuncia un proyecto para ampliar de 13 a 17 los integrantes del Consejo de la Magistratura. Un intento por anticiparse al fallo que se avecina de la Corte. Que podría volver a involucrarla, como antes, en ese organismo. El kirchnerismo no podrá intentar su aprobación sin la participación opositora. Ni siquiera en el Senado. Se trataría de la pólvora mojada del Gobierno, un escollo en su renovada guerra contra el Poder Judicial.

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