El apriete del Gobierno encuentra a la Corte enredada en su laberinto

ACTUALIDAD Por Claudio Savoia para Clarin
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El máximo tribunal debe una respuesta sobre la legalidad del Consejo de la Magistratura desde 2015. Apenas trascendió que sería inminente, el oficialismo salió a atacar a sus jueces por esa y otras dilaciones. 
La sutileza jamás fue una cualidad del kirchnerismo; más bien todo lo contrario: sus decisiones y jugadas políticas invariablemente se caracterizan por la obviedad, la desmesura y una marca de agua impresa en su ADN; la personificación del objeto de esas decisiones o de los portadores de alguna visión alternativa respecto de ellas, como enemigos de la democracia. 

Iniciemos un rápido travelling desde adelante hacia atrás, para interpretar la irrupción del hasta ahora imperceptible ministro de Justicia, Martín Soria, en el cuarto piso del palacio de Tribunales, para entrevistarse por primera vez con los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia luego de ocho meses de su llegada a la cartera.

En media hora, Soria volcó una lluvia de rayos y centellas sobre los impávidos ministros, que escucharon sus ataques y reclamos -más ataques que reclamos, para los cuales guarda pocas esperanzas- sin mover un músculo. El sucesor de Marcela Losardo aterrizó en la calle Talcahuano para intentar un postrero apriete a la Corte con el cual detener el inminente fallo que declarará inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura, llave institucional para seleccionar a los candidatos a jueces y también para juzgar y eventualmente separa a los magistrados acusados por mal desempeño.

En 2006, una ley impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner modificó la cantidad de miembros del Consejo y alteró el equilibrio entre los representantes de los jueces, los políticos, los abogados y los académicos, que había sido cuidadosamente prescripta en la Constitución de 1994. Desde entonces, los oficialismos -once años K y cuatro del macrismo- tuvieron mayoría y poder de veto en el organismo.

El resultado de esa pócima política está a la vista: centenas de juzgados nacionales y federales vacantes, jueces subrogantes que deambulan de un despacho a otro y se van reemplazando mutuamente para cubrir juzgados con la estabilidad de una hoja bajo el viento, magistrados cuestionadísimos que permanecen en sus sillones por la protección política de los gobiernos, que por supuesto enturbia la transparencia de sus decisiones.

Más para la tribuna que para los tribunales, Soria le espetó a la Corte que sus fallos son inspirados por la política, que toleraron una supuesta manipulación de los expedientes por parte de la "mesa judicial" del macrismo -espejada hoy en la que comandan Wado de Pedro, Juan Martín Mena y Carlos Zannini- y que la sentencia que volteará a la Magistratura tal como la concibió Néstor Kirchner hace quince años no es más que un ataque frontal al gobierno.

Avanzando con el travelling retrospectivo, también habría que detenerse en el improvisado proyecto de ley de reforma del Consejo con el que oficialismo busca frenar o vaciar de sentido el fallo de la Corte, revelando la magnitud del golpe que esa decisión significa a la ya magullada contraofensiva K para controlar a la justicia.

Mientras la Argentina se hundía en la ciénaga del coronavirus, ese plan quiso coronarse a través de la "reforma judicial" impulsada por Alberto Fernández y votada en el Senado el año pasado, y de la ley del ministerio público con la que se quiso barrer con el procurador interino Eduardo Casal, designar a su sucesor sólo con los votos del oficialismo y maniatar su trabajo con toqueteos en el jury de enjuiciamiento para los fiscales desobedientes. Todo terminó en la basura. Martín Soria bien puede reclamar para sí la medalla por semejante fracaso, compartida con su antecesora.

Pero la última estación de este viaje hacia atrás le corresponde a la Corte. Salpicada por peleas internas, personalismos e intrigas que harían sonrojar a cualquier barón del conurbano, siempre reivindicó su independencia para seleccionar las causas que trata, hacerlo en el plazo que le plazca y difundir sus sentencias en el momento que mejor les parezca a sus jueces.

Esa necesaria autodeterminación deja al máximo tribunal a tiro de las especulaciones, algunas de las cuales no son del todo descabelladas. El expediente sobre la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura -ya declarada en las dos instancias anteriores- llegó a la Corte en 2015, y es un planteo de "puro derecho", es decir para cuya resolución no hay que analizar copiosas carpetas. Pero el máximo tribunal mantuvo el caso inexplicablemente pisado, mientras las consecuencias del andar disfuncional del Consejo seguían acumulándose.

Hace dos semanas, una de ellas destrozó la breve credibilidad que podía quedarle al Poder Judicial, incluida su cabeza institucional: con el voto de un juez subrogante -porque el titular no había sido designado nunca gracias a los enjuagues políticos en la Magistratura- el Tribunal Oral Federal 5 decidió sobreseer a Cristina Kirchner en el gravísimo caso por lavado de dinero Hotesur sin que se haga el juicio. La Corte, y su flamante presidente, Horacio Rosatti, son ahora la cara visible del último experimento argentino: una justicia que no juzga.

El fallo del TOF 5 espantó a tirios y troyanos en tribunales, pero ya era tarde para lágrimas. Para reducir los daños, la Corte aceleró el caso Magistratura -que poco tiempo atrás había sacado del polvo- y se espera que desde ahora las lapiceras allí se muevan con más rapidez en los casos trascendentes.

Por supuesto, si eso sucediera, Sísifo volvería a cargar su piedra bajo la apariencia del ministro Martin Soria: "ahora mueven las causas contra Cristina porque son opositores", se escuchará seguramente. Y el circuito volverá a comenzar. Se dijo y se repite: el principal aliado de los corruptos -sin distinciones ideológicas- es el tiempo. Y los jueces que lo dejan correr.

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