La clase media, rehén de la batalla por los impuestos

POLÍTICA Por Fernando González para Clarin
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Subir los impuestos es la mayor afrenta que se le puede hacer a la clase media de un país cuya economía se derrumba. Que el gobierno de Alberto Fernández insista con aumentar la presión fiscal como única herramienta para equilibrar el desastre de las cuentas públicas muestra dos fallas garrafales: la primera es abandonar toda pretensión de conquistar el voto de los sectores productivos. Y la segunda es desconocer el daño irreparable que el desquicio impositivo le ha hecho a muchos presidentes a lo largo de la historia. 

El mejor ejemplo sigue siendo el de George Bush. El presidente de los Estados Unidos del que Carlos Menem decía “somos del mismo palo”. Gobernó cuatro años y, durante su mandato, colapsó la Unión Soviética y se derrumbó el Muro de Berlín. Cualquier mandatario estadounidense hubiera dado la vida por tener esos dos éxitos. Sin embargo, hubo un lapsus que opacó semejante cambio en la historia.

En 1988, cuando todavía era candidato presidencial, Bush pronunció un discurso en el que dijo: “Lean mis labios; jamás voy a aumentar los impuestos”. Al final de su mandato, cuando iba por la reelección, la recesión de su país lo obligó a subir algunas tasas para achicar el déficit. La sociedad de EE.UU. no se lo perdonó y lo castigó con una derrota aplastante. Hizo presidente a un gobernador demócrata. Un ignoto abogado nacido en Arkansas: se llamaba Bill Clinton.

Es interesante y aleccionador lo que está sucediendo en la Argentina con los impuestos. Ya es sabido que somos uno de los países con mayor presión impositiva del planeta, aunque el Estado solo devuelve ese intercambio con pésimos servicios, sobre todo de seguridad y justicia. La salud y la educación llevan décadas de deterioro, pero el esfuerzo individual de muchos profesionales reemplaza lo que deberían ser políticas permanentes.

En la última quincena del año, el Gobierno terminó elevando el mínimo no imponible, pero subiendo fuerte el pago de bienes personales para los que tienen patrimonios de más de u$s 30.000, y para los que tienen inmuebles declarados en el exterior. Y cuando la polémica empezaba a tomar hervor, le agregó una renovación de la ley de Consenso Fiscal. Un paquete que incluye la suba del impuesto a los ingresos brutos, la creación de un impuesto a la herencia y otro a las donaciones. Cada gobernador puede hacerlo o no, pero la historia reciente enseña de sobra hacia dónde se inclina siempre la balanza.

El Consenso Fiscal del gobierno es un consenso a las patadas. La mayoría de las provincias tiene deudas con la Nación, casi todas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS. Y el que no firma el acuerdo, tiene perfectamente claro que tendrá dificultades para hacerse de fondos nacionales.

Ese pequeño detalle generó una grieta impositiva en el volcán activo de Juntos por el Cambio. El jujeño Gerardo Morales, el mendocino Rodolfo Suárez y el correntino Gustavo Valdés aceptaron el acuerdo y estuvieron el lunes en la foto de casi todos en el Patio de las Palmeras que la Casa Rosada difundió con velocidad del rayo apenas producida.

Un rato antes, los tres gobernadores habían estado reunidos con la mesa nacional de la coalición opositora para jurar y perjurar que ellos no iban a subir los impuestos. Morales tiene un informe en el que asegura que las tres provincias radicales estarían por debajo de la media nacional cuando se mide el impacto de la presión impositiva. Y ubica al tope de ese ranking a Misiones y la Ciudad de Buenos Aires.

El problema para los radicales es que, en este caso, Horacio Rodríguez Larreta es el halcón y ellos las palomas. La Ciudad rompió el año pasado con la Casa Rosada cuando Alberto le sacó los fondos de la Policía porteña para traspasárselos a la Provincia en plena rebelión de la Bonaerense. El conflicto terminó en la Justicia y, desde entonces, la relación entre el Presidente y el Jefe de Gobierno está muerta.

Apenas se comenzó a hablar de la firma del acuerdo, Rodríguez Larreta anticipó que no lo firmaría y el lunes armó una conferencia de prensa minutos después del acto en la Casa Rosada. “Asumimos el compromiso con todos los argentinos de no apoyar el aumento y la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción”, explicó, para revelar luego que la Ciudad lleva perdidos unos $ 120.000 millones de la coparticipación federal.

Lo que queda claro en esta pulseada política por los impuestos es que el Gobierno de Fernández va una vez más detrás de la estrategia de Cristina Kirchner, que consiste en concentrar el poder de fuego sobre los votos de los sectores medio bajos. Y desentenderse de los estratos productivos conformados por empresarios grandes y pequeños, los comerciantes, los cuentapropistas y emprendedores que son rehenes y sufren más que nadie el aumento de la presión fiscal.

Los números son claros. El Gobierno prioriza en el gasto los planes sociales para asistir a 22 millones de argentinos en la parte baja de la pirámide, o en sostener el déficit de u$s 564 millones que Aerolíneas Argentinas registrará solo en este año, para dar un ejemplo. No hay posibilidad de ahorro en esos casos. No hay esfuerzo estatal para comprobar si hay superposición de planes o si hay contraprestación laboral. Tampoco hay mejora en el turismo aéreo que alcance para bajar las pérdidas de la aerolínea del Estado. Esa bandera no se toca.

La tendencia ya no puede sorprender a nadie. La suba de impuestos se ha transformado entonces en la única alternativa para recaudar ingresos de una gestión que se ha quedado sin ideas ni sustento demasiado temprano. Cuando todavía falta una eternidad para llegar al puente psicológico de la elección de 2023.

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