FMI: el Gobierno se compromete a tener listo un estudio del sistema previsional

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"En el acuerdo con el FMI no hay prevista ninguna reforma previsional. Pero sí el compromiso de que en un plazo máximo de 3 años deberá estar concluido un estudio sobre la sustentabilidad del régimen previsional". 

Así aseguraron a Clarín fuentes del Gobierno quienes admitieron que dicho estudio deberá incluir un análisis exhaustivo de ingresos y gastos del sistema previsional, junto a las proyecciones futuras.

El estudio deberá desagregar los números del régimen general de los regímenes especiales, como el de docentes o docentes universitarios que, si bien los trabajadores se jubilan a edades más tempranas, aportan 2 puntos más que los del régimen general.

Para el FMI, dicho estudio debería servir de base para una reforma previsional que apunte a elevar la edad jubilatoria, revise la forma de calcular el monto de las jubilaciones y las pensiones y los regímenes especiales e impulse ahorros voluntarios en sistemas privados.

La cuestión previsional viene ocupando un lugar importante en los acuerdos con el FMI.

En la “Memorándum” de entendimiento con el FMI, en junio de 2018 el entonces ministro Nicolás Dujovne y el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris decían que “con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, con el cual seguimos vinculados, para trabajar desde la comisión parlamentaria correspondiente para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras.” .

Luego, en el Memorándum complementario de octubre de 2018, se daba paso un paso más adelante porque se planteaba “comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”.

Si bien esa reforma no avanzó, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, con el cambio de fórmula y la disparada de la inflación, los haberes jubilatorios sufrieron una pérdida del 19,5% con relación a la suba de los precios.

Apenas asumió Alberto Fernández, en la ley de Emergencia junto a la autorización de los aumentos por decreto diferenciados por rango de haberes se estipulaba que “el Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia, para que en el plazo de ciento ochenta (180) días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales …..y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen especial, contributivo o no contributivo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.

Sin embargo, por la oposición de los gremios vinculados a los regímenes especiales esa Comisión no llegó a constituirse. Pero los aumentos diferenciados por decreto provocaron en 2020 una caída en el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones medianas y más altas de hasta 8,9 puntos.

En lo inmediato, el Gobierno enfrenta un desafío. En julio pierde vigencia la moratoria para las mujeres y la que rige para los varones es prácticamente imposible de acceder. En tanto, de los registros de la ANSeS surge que 9 de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años y 7 de cada varón de entre 60 y 64 años cuando alcancen la edad jubilatoria (60 las mujeres y 65 años lo varones) no tendrán los 30 años de aportes, requisito para jubilarse. Son unas 300.000 personas por año.

En el Gobierno comenzaron a analizar el envío de un proyecto de ley para reimplantar la moratoria tanto para mujeres como varones. Pero surge el interrogante de si tal medida tendrá el visto bueno de las auditorias trimestrales del FMI.

Fuente: Clarín

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