Dos cotesanos santafesinos deciden la suerte de un coterráneo : Traferri

57746008702ec_950_586!

La investigación de una red de juego clandestino que operaba en Santa Fe conmocionó a la opinión pública y generó una crisis institucional en la provincia sin precedentes cuando quedó expuesta la participación de policías, el fiscal regional de Rosario y un fiscal subalterno además del señalamiento del senador de San Lorenzo, Armando Traferri, como organizador de la banda, junto a otros funcionarios políticos de menor rango.

 

A Traferri nunca se lo pudo imputar porque la Constitución provincial (que fue escrita y 1962 y no se reformó) prevé fueros extraordinarios, que no existen en ningún ordenamiento jurídico en el país y que les otorga a los legisladores la inmunidad de proceso, además de la de arresto y la de opinión. Al menos así lo dejó ratificado la Corte santafesina en un fallo dividido de cinco votos contra uno, como publicó en su momento LPO.

 

Sin embargo, el viernes los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra junto a la fiscal general de Rosario, María Eugenia Iribarren, presentaron un recurso extraordinario en la Corte Suprema de la Nación que pide la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

En el mismo, se obliga a los fiscales que, en caso de legisladores, se "abstengan" de formular acusación aún "cuando hubiera mérito" y estipula que previamente soliciten el desafuero del sospechoso a la Cámara correspondiente. En este caso, los senadores radicales y un sector de peronismo protegieron a Traferri y la causa no pudo continuar por esa línea.

 

Ahora, con el caso trasladado a la Corte Suprema de la Nación, el tema excedió los límites provinciales y dejó de ser un problema de Santa Fe para pasar a ser un problema nacional, consideró el fiscal Luis Schiappa Pietra, en diálogo con LPO.

 Con el caso trasladado a la Corte Suprema de la Nación, el tema excedió los límites provinciales y dejó de ser un problema de Santa Fe para pasar a ser un problema nacional

En el fondo, la discusión sobre la que deberá definir el Tribunal es si corresponde o no que los legisladores de Santa Fe gocen de inmunidades tales que ni siquiera puedan ser sometidos a un proceso judicial a pesar de que hayan pruebas en su contra. De hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández sigue procesada en varias causas y recién, en caso de que la justicia la declare culpable, se deberá solicitar al Senado de la Nación su desafuero para cumplir condena.

 

A los diputados y senadores de Santa Fe ni siquiera se los pueden imputar en un caso en el que se condenó al fiscal Ponce Asahad mientras que a su superior Patricio Serjal se le pedirá 12 años de prisión por haber brindado protección judicial e información sensible del Ministerio Público de la Acusación al capitalista del juego, Leonardo Peiti, quien reconoció ante el Tribunal haber entregado dinero a la campaña de Traferri.

A su vez, quedaron imputados el ex corredor de auto y concejal de Granadero Baigorria, Oscar "Poppy" Larrauri, por haber comprado inmuebles y autos con fondos que provenían del juego clandestino y el ex diputado provincial del PJ Darío Scataglini que seguía trabajando en la Legislatura y junto a Traferri hacían lobby para que Peiti se quedase con el juego legal mientras que la investigación se extendió por toda la provincia donde se encontraron células de la organización en Melincué, Rafaela, Reconquista, entre otras ciudades.

Tal es la dimensión de la causa que sacudió la institucionalidad provincial y aún se desconocen las consecuencias de la misma que ahora se definirá en la Corte Suprema nacional que está integrada por dos santafesinos, su presidente Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.


 

Es que en medio del reclamo social por mayor transparencia en un contexto histórico muy diferente al de 1962, cuando se escribió la Constitución, como marcó en sus fundamentos Daniel Erbetta quien fue el único juez de la Corte provincial que votó en contra de convalidar los fueros a Traferri, le costará mucho al máximo tribunal no confrontar con el fallo provincial.

Además de que la Constitución Nacional no contempla la inmunidad de proceso, hay compromisos internacionales que observan muy de cerca las decisiones de la Corte en temas de corrupción institucional que en este caso deberán analizar por qué algunos representantes del Poder Legislativo y la Corte provincial están diciendo que no se puede investigar, acusar y llevar a juicio a un senador a pesar de las pruebas que pueda haber en su contra.

Es que tampoco se descarta que el máximo tribunal le dedique algunos párrafos a la Constitución de Santa Fe que se debería haber reformado y adaptado a la Nacional de 1994 donde se incorporaron los tratados internacionales: "no sería raro que la Corte termine concluyendo que la actual Constitución provincial es inconstitucional. Por lo pronto, el tema está en discusión en la política.

Fuente: LPO

Te puede interesar