En plena cuarentena, una empresa del Estado pagó 11 millones de dólares para alquilar un edificio de Aerolíneas que no usa nadie

POLÍTICA Por Ignacio Ortelli
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El 1 de julio de 2020 Alberto Fernández ponía en marcha una nueva cuarentena estricta para prevenir los contagios de coronavirus. Se prolongaría por dos semanas y en el Gobierno admitían que, sin vacunas todavía disponibles, el camino hasta el fin de la pandemia era largo. Sólo el personal esencial estaba habilitado a circular hacia sus trabajos y para incentivar al cumplimiento de las medidas de restricción el Presidente había dispuesto que en las dependencias del Estado se limitara al máximo el número de empleados y se prestara servicios mediante la modalidad de trabajo remoto. 

Ese día, a pesar de esta decisión, un organismo del Estado avanzaba con la firma de un contrato de alquiler que, a priori, asoma por demás desventajoso para las arcas públicas. Se trata de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), encargada de la implementación, planificación, coordinación y administración del tránsito aéreo y de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticos en la Argentina. La entidad alquiló 4.600 m2 de oficinas en los pisos 4, 5, 6, 7 y 9 y el subsuelo de la Torre Bouchard, ubicada a metros de Catalinas Norte, por un total de 11 millones de dólares. Lo curioso es que el locador no es un privado sino el mismo Estado, a través de Aerolíneas Argentinas, una empresa que al igual que EANA está bajo la conducción de La Cámpora.

Aerolíneas es propietaria de varios pisos del inmueble ubicado en Bouchard 547, en el microcentro porteño. Y logró que, en un momento donde los valores de los alquileres habían caído estrepitosamente, EANA le pagara por la prestación de diez años una cifra que no había podido conseguir ni siquiera cuando puso a la venta esas oficinas.

"Cuando llegamos a Aerolíneas nos encontramos que la gestión anterior dejó, entre otras deudas como en el caso de YPF por 85 millones de dólares, una con EANA de 26 millones de dólares. El edificio estaba en desuso, el capital estaba desaprovechado. Por eso se decidió alquilarlo a valor de mercado", respondieron desde AA ante la consulta de Clarín.

Esas mismas fuentes de Aerolíneas, para reforzar que se está cobrando "al valor de mercado" indicaron que, en ese mismo edificio, en otro piso, actualmente la compañía le alquila oficinas a una empresa privada por 25 dólares el metro cuadrado. Ese costo, trasladado al contrato de EANA, contemplaría un total de 13.800.000 dólares. Especialistas inmobiliarios dicen que hoy el costo oscila entre 18 y 22 dólares.

Pero vale el repaso: dos veces, en 2018 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, Aerolíneas le encomendó al Banco Ciudad el remate de la que fue su antigua sede con una cifra base de 15 millones de dólares. A pesar de que en ese período el valor de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires habían subido (en 2018 más de 8 por ciento en dólares) impulsado -entre otras cuestiones- por los créditos UVA, en ambos casos no hubo oferentes y la compulsa fue declarada “desierta”.

Más allá de las consideraciones respecto a los precios, surgen varios interrogantes: por un lado, porque el Estado en su conjunto se perdió la oportunidad de alquilarle el inmueble a un privado y obtener así un ingreso por fuera de las arcas públicas. Por otra parte, a diferencia de Aerolíneas, que decidió no descapitalizarse, ¿por qué EANA no avanzó con la compra de oficinas en lugar de alquilar por una cifra tan elevada y en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad?

Sucede que si el momento de la firma del contrato en plena cuarentena, cuando no había vuelos comerciales (recién se retomaron en octubre de 2020) y en consecuencia sus operaciones se habían reducido al máximo, no explica la necesidad de EANA para alquilar, tampoco se entiende la urgencia para avanzar con un acuerdo directo entre partes, sin licitación. Es que, a dos años de que comenzara a regir el vínculo, la empresa consideró que las oficinas no eran aptas para ser utilizadas tal como estaban e inició una serie de remodelaciones en todos los pisos, con una inversión superior a los 786 millones de pesos (a dólar blue casi otros US$ 4 millones), por lo que todavía lucen desiertas.

También resulta sugestivo este gasto si se lo compara con el realizado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien el mes pasado dispuso una refacción “llave en mano” para 11 pisos del edificio de su ministerio por menos del 10 por ciento: un total de 63 millones de pesos. Otro buen negocio para Aerolíneas, pero una inversión por demás cuestionable para EANA.

Mientras, el personal jerárquico y unos doscientos empleados de EANA que hoy trabajan en forma presencial cumplen funciones desde un edificio ubicado en la calle Florida 361, donde comparte espacio con la Junta Nacional de Transporte y la compañía no abona alquiler.

Antes de mudarse allí, EANA alquilaba unas oficinas, también propiedad de Aerolíneas, en el edificio de Rivadavia 578, casi esquina Perú, también en el microcentro porteño. Según pudo saber este diario, el último contrato de alquiler, firmado bajo la administración del ex ministro de Transporte macrista, Guillermo Dietrich, que era por dos años (del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2018), fue por una cifra equivalente a 18 mil dólares mensuales. Es decir, casi 9 veces menos que lo que se abona ahora en Bouchard.

Hay un punto ineludible de afinidad entre EANA y Aerolíneas: Mariano Recalde. El senador camporista tiene amplia influencia sobre la conducción de ambas compañías, dos de las áreas que están fuera de la órbita del ministro de Transporte massista, Alexis Guerrera.

Para comprender mejor el loteo en el organigrama: la presidenta de EANA es Gabriela Logatto, una ex dirigente gremial de los controladores aéreos y de máxima confianza de Recalde. Al frente de Aerolíneas está Pablo Ceriani, quien fuera vicepresidente de la línea de bandera durante su mandato.

En ese marco, un dato que acaso explica el porqué de la operación tiene que ver con la situación financiera de ambas compañías.

EANA no tiene deudas y es superavitaria por definición, ya que les cobra a las compañías aéreas que operan servicios de pasajeros desde y hacia la Argentina. Mientras que Aerolíneas, que no logra bajar su déficit (como publicó Clarín, en lo que va del año ya recibió subsidios del Estado por US$ 140 millones), al momento de la firma del contrato reconoció tener una deuda de capital con EANA por US$ 21.750.825 y unos 233.792.491 millones de pesos.

Según consta en el punto 13 del acta de directorio 28 de EANA, las partes acordaron que el devengado del costo del alquiler acordado, un total de US$ 11.286.882 “por un período de 10 años a partir del 1 de julio de 2020”, sea descontado mensualmente de esa deuda. En efecto, EANA no desembolsa fondos.

En torno a ello giró la explicación que dieron desde EANA. "En plena pandemia, por una caída estrepitosa en los ingresos como todo el sector aéreo mundial, EANA no contaba con oficinas propias ni dinero para poder adquirirlas o alquilarlas. Por otro lado, Aerolíneas Argentinas mantenía una deuda no nosotros. En ese contexto, se realizó un convenio por el alquiler de las oficinas de Bouchard, sin generarnos un gasto adicional", argumentaron fuentes de la empresa, que aseguraron que "se tramitó formalmente la tasación del inmueble ante el Tribunal de Tasación de la Nación que determinó el valor del m2".

Con todo, la irregularidad de la operación fue advertida por el propio Estado: la Comisión Fiscalizadora: integrada por miembros de la SIGEN, presidida por el albertista Carlos Montero, hicieron saber en la audiencia su decisión de hacer “reserva de opinión” por considerar que el Directorio, que aprobó por unanimidad el contrato de alquiler, “no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución SIGEN 37/2006 mediante la cual fueron aprobadas las Normas Mínimas de Control Interno para el buen Gobierno Corporativo de Empresas y Sociedades del Estado".

“Tratándose de un contrato a celebrarse entre partes relacionadas e involucrando un monto relevante, el Comité de Auditoría de la Empresa debería haber considerado el tema previo a su aprobación, al efecto de pronunciarse acerca de si las condiciones de la operación celebrada son adecuadas a las normales y habituales del mercado”, fue el planteo que hizo constar la Comisión Fiscalizadora en la audiencia. También que la solicitud de supervisión de EANA a la SIGEN llegó casi un mes después de que había comenzado a regir el alquiler: el expediente tiene fecha del 29 de julio de 2020. Lo insólito fue que la reunión en la que se aprobó el contrato se realizó el 3 de agosto.

Fuente: Clarin

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