La tormenta "Ulises Bueno" se desató en Córdoba y ya hay víctimas

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La peor parte del derrotero que comenzó con la cancelación del show de Ulises Bueno con el que la Municipalidad de Córdoba iba a lanzar su temporada de invierno y que derivó en un golpe político para el peronismo cordobés es que nadie lo vio venir. Con Martín Llaryora fortuita y convenientemente ausente debido a una gira por los Estados Unidos, el oficialismo mediterráneo arrancó una semana complicada, a teléfono caliente, estrenando una posición defensiva que hasta el momento no había necesitado asumir. Por su parte, la oposición goza un momento de gracia que no está dispuesta a desaprovechar.

El lunes, los bloques opositores del Concejo Deliberante empezaron a desempolvar expedientes a partir de los cuales denunciaron un “gasto público descontrolado”, pidieron dar fin a la emergencia económica, que se extiende prácticamente dese el comienzo de la administración Llaryora y convocaron al Concejo Deliberante al funcionario sobre el que apuntaron todos los dardos, el secretario de Gobierno Miguel Siciliano.

Aunque descreen de una opereta interna, en la Municipalidad todos saben que el momento empezó a aprovecharse inmediatamente después a desatado el affaire Ulises. El secretario de Gobierno es el más perjudicado. Su imagen venía levantando vuelo en la discusión por la sucesión del intendente y las denuncias por los desmanejos en la gestión representan un golpe por debajo del cinturón.

 

Al otro lado, Daniel Passerini aprovechó la oportunidad para mostrar su capacidad para convertirse en bombero en los casos en los que la situación requiera. De eso también se trata la gestión, aunque el llaryorismo aún no lo había experimentado. Aprovechando sus horas a cargo del Ejecutivo, el viceintendente fue el encargado de salir a dar explicaciones, defender lo hecho y retrucar con algunos certeros contragolpes.

 “Nosotros administramos una ciudad que, como todos saben, estaba fundida, abandonada y hundida”, dijo el lunes, cuando asumió que todos los gastos que la oposición describió como "irregulares, injustificados, innecesarios, onerosos y carentes de control” fueron definidos como “inversiones que tienen el sentido de recuperar la ciudad”.

En el peronismo capitalino nadie quiere hablar de fuego amigo. Están convencidos de que el tema quedará afuera de la agenda con el pasar de las semanas. Aunque reconocen haber sentido el golpe, el primero certero que recibe la administración Llaryora a dos años y medio de haber asumido al frente del Palacio 6 de Julio.

Tampoco hablan de filtración, sino que suponen la existencia de un trabajo premeditado por parte de los sectores opositores que salieron a mostrar facturas y expedientes que también sirvieron para que el diputado nacional y potencial aspirante a la intendencia Rodrigo De Loredo pidiera, a la distancia, que la Justicia intervenga de oficio para abrir una investigación respecto de lo señalado por concejales que forman parte del interbloque de Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal Córdoba. De Loredo también pidió por la renuncia del secretario de Turismo por el frustrado show de Ulises y, como es costumbre, acusó al oficialismo de tener “practicas kirchneristas”.

En el municipio aseguran que todo esto “no es de ahora”. “Vienen juntando fotos desde hace rato y ahora encontraron el contexto para tirarlo”, advierten y corren la mirada de las responsabilidades propias.

 

Más allá de que defienden lo actuado y están dispuestos a salir a defenderlo, el funcionariado sabe que no todos los expedientes son fotografiados ni todas las cuestiones administrativas del municipio se replican a través de cadenas de WhatsApp. “El mecanismo es clarísimo. Si a vos te llega la foto de un expediente que forma parte de una cadena de mensajes, lo primero que pensás es que se está descubriendo algo que no se puede saber, y eso no es así: todo tiene un respaldo administrativo”, afirman en la municipalidad y agregan que “si la oposición se enteró de todo por la prensa, la situación es más grave aún porque están firmando cosas que luego desconocen”.

 

En ese plano, todas las miradas apuntan al SUOEM. “Los expedientes pasan por decenas de manos y los ven decenas de funcionarios, para sacarle una foto solo necesitas dos cosas: tener un teléfono y trabajar como administrativo en la Municipalidad”, deslizan apuntando directo a quienes se enrolan en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales.

 

Como ya contó Letra P, la relación entre la administración cordobesa y las bases sindicales dista de ser la mejor. A los resquemores generados por las decisiones propias de la gestión se suma el clima previo a unos comicios en los que no solo se juega la continuidad de la administración que comenzó en 2019 sino que también tendrá a Córdoba como escenario central para definir la sucesión de Juan Schiaretti. Allí aparece el nombre que siempre flota en los pasillos municipales ante el advenimiento de cada conflicto: Luis Juez. "Él se va a encargar de pegarle a Schiaretti a partir de esto, su especialidad es mezclar todo para sacar ventaja", dicen en su expartido.

“No quieren que gobernemos”, dicen los llaryoristas más duros respecto del gremio. “Están jugando con la elección”, describen los más lógicos, que otean el contexto y buscan aplicar un cuidadoso esquema de control de daños ante una situación que irrumpirá más temprano que tarde. En ese esquema de análisis, vuelven a correr de la ecuación al Secretario General, Ruben Daniele, pero suponen una interna entre las bases y los delegados que tiene como principal objetivo “poner palos en la rueda”.

 

Pasan los días y en el municipio quieren evitar que la tensión se haga demasiado evidente. Esperan el regreso de Llaryora e intentan que evitar que el escándalo salpique al gobierno provincial. Están seguros que todos los golpes opositores persiguen el objetivo doble.

 Con información de Letra P, sobre una nota de César PUCHETA

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