Acusan a Schiaretti de querer privatizar la energía de Córdoba

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“Un acuerdo entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri que todavía sigue en pie”. Esas son las palabras con las que el lucifuercismo cordobés explica la situación actual de la empresa provincial de energía, EPEC, que describen como fruto de “una clara intención privatizadora”. “Quieren generar una empresa tercerizada, vaciada de trabajadores y con el camino hacia la privatización, que no va a hacer otra cosa que dejar una EPEC residual con muy poca gente sin convenios”, dice Gabriel Suárez, el secretario general de Luz y Fuerza, enrolado en la filokirchnerista CGT Rodríguez Peña.

 

El argumento del “pacto” entre la gestión Cambiemos y Hacemos por Córdoba tiene como tesis central el perfil económico del gobierno encabezado por Macri y, puntualmente, la mirada de su anteúltimo ministro de Economía, Nicolás Dujovne. No está escrito, ni mucho menos advertido públicamente, pero desde el sindicalismo energético señalan que el schiarettismo siempre sintonizó con las ideas de aquella administración y que tomó la posta tras el acuerdo firmado con el FMI y las posibilidades de recortar el financiamiento de las empresas públicas para “amortizar el gasto”. Allí empezó el último capítulo de una pelea que ya tiene cuatro años y que continúa periódicamente con denuncias sindicales y desmentidas oficiales.

 “Todas estas cosas se están denunciando ante el Ministerio de Trabajo y hay que señalar que el mal desempeño en la función pública de quienes conducen la EPEC está dejando una deuda monstruosa por demandas laborales que lo va a terminar pagando la próxima conducción de la empresa y, por ende, la próxima conducción política de la provincia. En síntesis, lo van a terminar pagando todos los cordobeses, porque todo esto va a ser plata que van a terminar tratando de recuperar a partir de los mecanismos de recaudación”, advierte apuntando al gobierno provincial y a la administración empresarial liderada por el ingeniero Luis Giovine.

Desde el primer momento, las voces que se elevan en el Gobierno cordobés desmienten esa posibilidad. “Nunca jamás se planteó la privatización de EPEC”, repite sistemáticamente el funcionariado provincial, que pone el foco del conflicto en el poder histórico del gremio. “No soportan no ser ellos quienes conduzcan la empresa, pero a la EPEC la conduce la persona que elige el gobernador”, había dicho en los inicios del conflicto el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, defendiendo el plan que cuatro años atrás pensó una empresa de energía “integrada y estatal”. Fabián López es, naturalmente, uno de los blancos principales de las críticas lucifuercistas. 
Con el paso del tiempo y el devenir del conflicto, el gobierno provincial parece no querer cargar las tintas, y el gremio sostiene sus reclamos. Es decir que las miradas no se modifican la grieta parece estar cada vez más lejos de cerrarse.

 

Según describe el gremio, desde 2018, la conducción de la empresa comenzó una serie de decisiones que buscaron torcer el rumbo de la EPEC hacia “una atomización, una segmentación, o directamente a una privatización”. En un primer momento, la acción más contundente consistió en la intención por modificar los convenios colectivos a partir de un nuevo marco regulatorio que también fue blanco de cuestionamientos opositores y se continuó con una serie de tercerización de servicios que fue corriendo al personal de la empresa al margen de algunas de las actividades centrales para su funcionamiento.   

 

A ese cúmulo de acciones hay que sumarle un plan de jubilaciones anticipadas que el gremio denuncia como parte de una estrategia de “vaciamiento”. “Los compañeros se retiran anticipadamente y esos cargos no se vuelven a cubrir, sino que las funciones las cumplen otros trabajadores o se incorporan otros trabajadores externos que llegan a la EPEC por medio de acuerdos con otras empresas, es decir, tercerizan la actividad”, explican en Luz y Fuerza.

 

Entre esas acciones que hacen a la vida de la empresa, se encuentran quienes se encargan de la lectura y la localización de medidores o de estructuras técnicas como la que se ocupa de identificar los fraudes a los que la EPEC puede estar siendo sometida. Sin embargo, no todo termina ahí.

 

“A partir de identificar el desmantelamiento, empezamos a hacer denuncias al respecto y nos encontramos con que hay empresas que no tienen la documentación necesaria como para acceder a prestar servicios a la EPEC a través de un proceso licitatorio”, denuncian. Además, enumeran otro cúmulo de irregularidades que, en la mirada del gremio, persigue el fin de “desmantelar” la empresa” para avanzar en un plan de privatización que ya tuvo varios intentos a lo largo de los últimos 30 años.

Enrolado en el discurso de la Reforma del Estado impulsado por el menemismo, el entonces gobernador Eduardo César Angeloz intentó avanzar con la privatización de la empresa en dos oportunidades durante su última etapa de gobierno. La primera fue en 1992, cuando quiso concesionar algunas de las áreas de las centrales de Capital y Pilar. El intento se truncó en medio de denuncias por irregularidades en los pliegos y un plan de lucha sindical que anticipó un clima de época que terminó siendo definitivo para el angelocismo. Lo volvió a intentar con un proyecto de reconversión que permitía el ingreso de capitales privados y la conformación de una sociedad anónima en 1993. Los privados ingresaron, pero el plan de convertir a la empresa pública en una S.A. tampoco prosperó.

 

La idea fue retomada en 1996 por Ramón Bautista Mestre, que empezó a trabajar sobre un proyecto para modificar el Marco Regulatorio Eléctrico que rige en la provincia. Las bases sindicales se lo volvieron a impedir mediante un plan de lucha que se insertaba en una situación nacional que comenzaba a caracterizar el clima político sobre finales de los 90.

 

El último intento amparado en los tiempos liberales de finales de siglo llegó con el gobierno de José Manuel De la Sota, que desde 1999 se había propuesto una política de privatización que empaquetaba a la Lotería de Córdoba, el Banco Provincia y la EPEC. La batalla gremial fue allí de las más emblemáticas en la historias recientes del movimiento obrero cordobés. Mientras el peronismo avanzaba con la reforma del Estado made in Córdoba, Luz y Fuerza estiró su resistencia hasta el estallido del 2001, cuando De la Sota empezó a acomodar el cuerpo y abandonó sus pretensiones privatistas.

 

Si bien durante los últimos gobiernos radicales ya se había avanzado con la tercerización de algunas áreas, en la EPEC marcan el año 2018 como punta de partida de la última intentona privatizadora que hoy supone un contexto de diálogo cero entre el sindicato y el gobierno provincial, que desconoce a Luz y Fuerza como fuerza autónoma y aplica acuerdos paritarios englobándolos en el rubro de “empleados públicos”.

 

“La empresa convoca a una discusión salarial a través de una notificación que ya tiene fijado el porcentaje de aumento, eso no se hizo nunca antes. Desde 2018, el gobierno desconoce que la EPEC es un ente autárquico con convenio colectivo de trabajo propio”, explica Suárez y advierte que, más allá de que los intentos privatizadores están presentes desde la recuperación de la democracia, en los últimos años se ha avanzado con una serie de acciones que contemplan “el hostigamiento, las amenazas y la constante obstrucción a la actividad sindical”.

 
Fuente: Letra P, nota de César PUCHETA

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