Schiaretti tiene en Córdoba su "maldita policía"

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La muerte de Jonathan Romo durante un procedimiento policial en La Falda acumula elementos para provocar una explosión en el gobierno provincial. Sin embargo, dejando expuestos sus problemas de coordinación interna, la oposición no logra unificar una estrategia para hilvanar una avanzada contra la gestión de Juan Schiaretti y ataca aisladamente con comunicados y pedidos que tienen como blanco común la conducción de la cartera de Seguridad provincial, en manos de Alfonso Mosquera.

Mientras el radicalismo y Luis Juez piden por el apartamiento del ministro y ponen el eje sobre la formación del personal policial, la Coalición Cívica busca ir más allá y advierte que la solución no vendrá desde los "meros cambios de nombres”. Por su parte, el PRO guarda un llamativo silencio.

“¿Cuántos pibes más se tienen que morir en Córdoba para que Schiaretti se dé cuenta que la seguridad en Córdoba es un espanto?”, se preguntó Juez volviendo a poner la figura del gobernador como responsable máximo de las decisiones y las consecuencias de su gestión. “El actual es el peor ministro de Seguridad de los últimos 24 años del gobierno del peronismo. No está preparado, no está instruido y lo único que le importa es salvarse el traste”, señaló en una entrevista televisiva que acudió al senador para consultarlo luego del nuevo escándalo desatado tras la muerte de Romo.

 El joven fue detenido acusado de “causar disturbios” en la vía pública y falleció por asfixia mecánica en la comisaría de esa ciudad el pasado domingo 10 de julio. Según el abogado de la familia, Luis Galli, Romo fue víctima de una “muerte violenta” producto de haber sido agredido en momentos en que estaba bajo un cuadro psicótico. El propio Mosquera reconoció públicamente que no se aplicaron los protocolos adecuados para esos casos. Por el caso hay seis policías detenidos y se procedió a remover de sus cargos a tres directivos de la departamental Punilla Norte.

Según Juez, la policía funciona como parte de la carrera política y partidaria y por lo que Mosquera “sabe” o por la “importancia” que su figura tiene en el peronismo provincial “se lo protege de manera abusiva, alarmante y obscena “.

 

El primer sector que salió a pedir la renuncia del actual ministro de Seguridad tras la muerte de Romo fue el radicalismo. Primero fue el diputado Marcos Carasso, autoridad máxima del Comité Provincial, y luego los pedidos llegaron del bloque en la Legislatura, renombrado desde finales de 2021 como Juntos UCR

A medida que la discusión empezó a ocupar lugar en la conversación pública cordobesa se fueron escuchando voces como la de Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, o la del director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio César Faría, uno de los desplazados tras la muerte de Romo, quien dijo que el 40% de los oficiales no superan las pruebas de tiro y el 60% no pasa el apto físico.

Sus denuncias respecto de la deficiente formación que recibe la policía en Córdoba abrieron un debate que derivó en el pedido del radicalismo para aumentar la presencia opositora en el Tribunal de Conducta Policial. “La Policía de la Provincia depende funcional y políticamente del gobierno, y ante cada nuevo escándalo, a lo sumo atina a hacer un cambio de funcionarios”, dijo Marcelo Cossar, representante de la minoría parlamentaria en ese organismo, cuyo funcionamiento cuestionó en reiteradas oportunidades desde su banca legislativa.

 

Para su compañero de bloque, Dante Rossi, “la amplísima mayoría que el gobierno tiene en el Tribunal de Conducta es la garantía para que nada cambie”. Por esa razón avanzó con un proyecto de ley que busca modificar la representación legislativa y propone que la Dirección General de Control e Investigación y las dos Direcciones a cargo sean elegidas mediante concurso y no a dedo por el Ejecutivo. Con la Legislatura en receso, se supone que la semana próxima el tema será parte central de las participaciones del radicalismo en el recinto, aunque la abrumadora mayoría oficialista, 49 bancas sobre 70, difícilmente permitan su tratamiento.

Durante los días que transcurrieron desde la muerte de Romo en la política cordobesa llamó la atención el silencio de la dirigencia del PRO, más concentrada en la crisis económica y política que atraviesa el país que en el devenir de la discusión mediterránea. Recién este jueves tuvo un atisbo de reacción a través de un breve comunicado firmado por una de las ramas juveniles que se identifica con la figura de Patricia Bullrich, Jóvenes PRO. El pedido por la renuncia de Mosquera apenas había tenido un antecedente amarillo con un tuit del PRO de La Falda, el lugar donde sucedieron los acontecimientos.

 

Más abierto a una solución integral que contenga a todo el sistema político cordobés, el titular de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, advirtió que “la emergencia en materia de seguridad y la crisis policial” no se solucionará con “meros cambios de nombres”. “Necesitamos de diálogo y consenso político para hacer reformas estructurales. Difícil si el gobernador sigue encerrado sin convocar a los partidos políticos”, advirtió el dirigente.

 

Como sí sucedió en otras oportunidades, esta vez no hubo comunicado conjunto de la alianza opositora. Si bien las críticas al gobierno provincial empezaron a levantar temperatura con el paso de los días, la reacción cambiemista parece aletargarse ante una agenda marcada por una crisis nacional de la que, saben, pueden sacar un mayor rédito.

 

Mientras tanto, Schiaretti parece salir indemne de un episodio que la oposición no logra capitalizar políticamente. Mosquera ya dijo que no renunciará, acusó a quienes lo critican de ser "agentes de la grieta” y este jueves encabezó la entrega de camionetas para el Sistema de Protección Civil de la Provincia. “Tengo una misión”, aseguró.

 Fuente: Letra P, sobre una nota de César PUCHETA

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