Las dos grandes encrucijadas de Alberto Fernández

OPINIÓN Por Carlos Pagni
Hay quienes creen al lado de Alberto Fernández, no sabemos si él está convencido de esto, que la carta de Cristina Kirchner fue un disparador de ese momento, en el cual él tiene que decidir cuál es su relación como líder con el poder y, en consecuencia, su relación con la gestión
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A continuación, sus principales conceptos:

Juan José Campanella, el gran director de cine que es además un gran guionista, rescata una escena de El Padrino, de la primera película de Francis Ford Coppola sobre la vida de Corleone. Está El Padrino internado en el hospital. Hay una posibilidad de que vayan a matarlo; llega Enzo, el panadero, con flores para homenajearlo. Michael Corleone, que estaba ahí, lo recibe. Después van a la puerta de la clínica, simula el panadero tener una pistola en el bolsillo para disuadir a la banda que iba a matar a Vito Corleone, quienes detienen su auto y siguen. En ese momento, el panadero saca un cigarrillo, un encendedor, intenta encenderlo y no puede porque la mano le tiembla tanto que no puede embocar el cigarrillo con la llama. Entonces, Michael Corleone toma el encendedor, le enciende el cigarrillo y, cuando termina de hacerlo, se mira la mano y ve que no tiembla. Campanella interpreta que, en ese momento, Michael Corleone se dio cuenta de que él también era mafioso, que tenía el carácter que implica ser un capo mafia.
La idea detrás de esta observación de Campanella es que hay un momento en el drama de toda vida humana en que el protagonista descubre quién es o decide ser quien es. La pregunta es: ¿Este es el momento en el que Alberto Fernández decide ser quién es? Dicho de otra manera: la crisis múltiple que atraviesa el gobierno de Fernández, ¿va a terminar con un desenlace como les sucedió a tantos gobiernos? Por ejemplo, al de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de La Rúa, Eduardo Duhalde o Mauricio Macri. Un momento en el que se resuelve qué va a ser ese Gobierno en los libros de historia. Y ese momento es cuando se superan las grandes encrucijadas que atraviesa y enfrenta ese liderazgo.
Hay quienes creen al lado de Alberto Fernández, no sabemos si él está convencido de esto, que la carta de Cristina Kirchner fue un disparador de ese momento, en el cual él tiene que decidir cuál es su relación como líder con el poder y, en consecuencia, su relación con la gestión.
Fernández está atravesando dos cruces de caminos. Tiene que decidir hacia dónde va. La primera encrucijada es económica. Se expresa en el problema cambiario, pero en realidad tiene que ver con la trama de desequilibrios que terminan manifestándose en el tipo de cambio y en los movimientos del dólar. Y, detrás de esos movimientos, en la caída de reservas, que está ligada a la caída de depósitos.
Relacionado con este problema, que afecta enormemente a la Argentina, a la sociedad y especialmente al Gobierno, está la perspectiva de una devaluación, que genera incertidumbre en el mercado de cambios. Hoy hubo una reunión muy importante. Se dio en el contexto de los que le dicen: "Alberto, este es el momento, tomá las riendas". O, de otra manera: "Ya que Cristina dijo que ella no gobierna, y que gobernás vos, tomale la palabra y ponete a gobernar". Es un clima de mucha irritación por un detalle central: él no sabía que iba a haber una carta. Ahí está el problema de esa carta, ahí está la señal de que hay un desencuentro. Entonces, a Fernández le dicen: "Asumí la presidencia, asumí el poder". Como si él hiciera caso a ese consejo, mantuvo una larga reunión la semana pasada con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y le dijo en alguna medida lo que le dicen a él: "Mirá, Guzmán, empezá a hablar con la gente, con quienes deciden, generá vos confianza en tu propia estrategia, explicala. Encarná tu rol".
Hoy hubo una reunión de Martín Guzmán con la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Es la entidad que reúne a los dueños de las grandes empresas de la Argentina. Se realizó en el Ministerio de Economía. Llegó un grupo de empresarios y no hubo fotos, es decir, fue una reunión reservada. Bastante franca. Todo lo franca que puede ser una reunión entre alguien del poder y gente que, de un modo u otro, está regulada por el poder. Ahí estuvieron en el Ministerio, el director general de AEA, Jaime Campos; Héctor Magnetto, líder del Grupo Clarín; Paolo Rocca, de Techint; Carlos Miguens; Enrique Cristofani; María Luisa Macchiavello; Alfredo Coto; Federico Braun y Alberto Grimoldi.
Una curiosidad. Guzmán invitó también a alguien extraterritorial: Rodrigo Zarazaga, un sacerdote jesuita. Es quien organizó ese gran emprendimiento que se llama "Seamos Uno", una colecta de fondos para distribuir más de un millón de cajas de comida durante la pandemia, sobre todo en el conurbano bonaerense, allí donde no llega nadie, ni siquiera el Estado. Guzmán tiene un viejo vínculo con Zarazaga porque ambos estudiaron en Estados Unidos. Ahora lo invitó para que les hable a los empresarios de la variable social. Además, es quien también estuvo con gente del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le preguntaron sobre los niveles de tensión que puede haber en el conurbano bonaerense.
En la reunión de hoy se trataron muchos temas y hubo empresarios que hablaron con gran claridad, sin romper las reglas de la cortesía y de la buena educación. En este sentido, fue muy importante lo que le dijo Héctor Magnetto a Martín Guzmán: "Si ustedes no ponen en orden la política, no van a poner en orden la economía. Sin orden político es imposible determinar hacia adónde quieren llevar la economía". Cuando uno escucha esa frase, dicha por un empresario del volumen de Magnetto en el contexto histórico en el que sucedió este intercambio (luego de la carta de la vicepresidenta), "poner en orden a la política" significa "poner en orden a Cristina". El ministro de Economía, por su parte, repitió dos veces que eso no es así y que ellos tienen alineada a la política detrás del programa que están siguiendo. Eso era lo que Guzmán estaba obligado a decir.
Hablaron todos, uno por uno, y Paolo Rocca lo hizo sobre un tema que viene planteando desde la reunión anterior con el ministro: la competitividad de la economía argentina, sobre todo para los exportadores industriales como él. Muchos interpretan, es obvio, que se refería al conflicto del tipo de cambio y una posible devaluación. Por eso, Guzmán contestó que el Gobierno no puede devaluar porque eso incrementaría las tensiones en los sectores más pobres por el impacto que tendría que el nuevo precio del dólar se traslade, sobre todo, al precio de los alimentos. Y, muy optimista, consideró que va a seguir habiendo una brecha, pero que se irá acomodando de a poco sin perder el orden social. El Gobierno está atado a una estrategia cambiaria y cree que podrá mantenerla. Más allá de la caída de depósitos. Más allá de caída de reservas.
Todos coincidieron en que hay que buscar un arreglo con el FMI, cuestión que Guzmán está dispuesto a escuchar porque es a lo que está comprometido. El ministro sostiene que el FMI no pide una devaluación. Es cierto. Pero sí le reclama un orden monetario y cambiario. Para que se genere un programa con el Fondo, no puede seguir la corrida que ha habido en las últimas semanas. Por eso, el Gobierno utiliza todos los mecanismos posibles, desde la venta de bonos de la Anses hasta la Gendarmería, para llevar adelante estrategias muy riesgosas. Sobre todo de emisión de bonos en pesos atados al dólar. Lo hace para dominar el mercado paralelo del dólar y el del contado con liquidación y poder, a partir de esa serenidad, hablar con el Fondo. Es imposible que los funcionarios del Fondo se comprometan a negociar o a aceptar un programa en medio de una convulsión cambiaria, y este es el mayor desafío que enfrenta Guzmán, a quien algunos llaman "el ministro del contado con liquidación", porque está muy enfocado en ese problema. Del mismo modo en que antes estuvo centrado en la deuda, que no salió tan bien, y que ahora se agrava con la venta de estos bonos a precio de remate.
¿Qué implica este orden fiscal que pide el FMI? ¿Llegar a 4,5% de déficit? No: que el déficit baje otro 0,6 el año que viene. Alberto Grimoldi le preguntó, entonces, si apunta a que el déficit fiscal esté en 4%. Y Guzmán contestó que estima que esté por debajo de eso. Esto quiere decir que está pensando en un esfuerzo fiscal muy grande, que debe pasar o por la obra pública, o por las tarifas (es decir, los subsidios a la energía), o por las jubilaciones o por algún programa social, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ya fue recortado. Esta es la gran discusión que deberá dar Guzmán con su frente interno: Cristina Kirchner, La Cámpora y los movimientos sociales. ¿La política está ordenada? Esa pregunta de Magnetto es, entonces, "la pregunta". Para fijar una dirección, primero hay que ordenar la política.
Guzmán explicó a los empresarios que él pretende que el acuerdo con el Fondo lo apruebe el Congreso, lo cual significa que apuesta a tener el respaldo, mínimamente, del kirchnerismo para lograrlo. Lo que no se sabe es si habrá conversaciones que involucren a algún sector de la oposición. Hasta ahora eso no está previsto en la hoja de ruta, aunque sí es muy probable que se lo siga viendo en diálogo permanente con aquellos que inciden en la economía, como los empresarios, bancos y, en general, la gente del mercado.
Se habló del impuesto a la riqueza, un punto que irrita a los empresarios, sobre todo por el hecho de que grava algunos activos no personales y que, por lo tanto, castiga a la inversión y a la producción. Este es un aspecto negativo que hasta Sergio Massa admitió. Si bien este impuesto para el oficialismo es una vaca sagrada porque fue pensado por Carlos Heller, pero tiene el sello de Máximo Kirchner. Por consiguiente, aproximarse a criticarlo es aproximarse a un cable de 500 kilowatts, en términos políticos. Apareció sin embargo una duda: ¿Máximo Kirchner firmó el proyecto?
En la reunión con estos grandes empresarios, Guzmán también contó que va a adecuar el gasto para no tomar tanto dinero del Banco Central para financiar el déficit. Esto está en el núcleo del problema de la economía argentina porque no es que la sociedad quiere dólares, sino que huye del peso, que está condenado a devaluarse y a generar inflación. Tan es así que el presupuesto público dice que el año que viene habrá un billón de pesos de emisión para cubrir una porción del déficit fiscal.
Guzmán, que hace 15 días decía que no iba a bajar el gasto, ahora empieza a modular otra melodía: reconoce que deberá bajar el gasto y emitir menos y que habrá un ajuste, con el perdón de la palabra. Obviamente, él no usa ese término y lo reemplaza por el concepto de "sustentabilidad", que sería el rostro bueno del ajuste. Detrás de todo esto está el problema del dólar. Es muy alentador que el ministro ofrezca una imagen más realista de sus desafíos.
Al final del encuentro, Guzmán dijo algo simpático: que si él les diera la razón a todos generaría desconfianza porque tienen intereses contradictorios. Eso es de esperar porque las expectativas varían según el lugar de la economía en que está implantada cada empresa y lo que mueva a cada empresario. Esta división y los problemas que eso produce es algo que reconoció Carlos Miguens, quien suele ser muy frontal en sus afirmaciones. "El problema es que nosotros también estamos divididos", dijo Miguens.
Esta reunión es relevante, no solo por las definiciones y las explicaciones que dio Guzmán, sino porque abre un canal de comunicación con un sector que, para una parte del kirchnerismo, es parte del problema y no de la solución. Además, más allá de cualquier presencia, esto es importante por la asistencia de Magnetto. El Gobierno tiene derecho a decir que, con este tipo de encuentros, está cumpliendo con lo que solicitó Cristina en su carta, dado que ella pidió un acuerdo con todos, incluidos los medios de comunicación, que para ella -centralmente- son parte del problema: una visión que tiene muy antiliberal de la vida pública, en la que la libertad de prensa es un inconveniente y no una garantía para el buen funcionamiento de la sociedad.
De esta manera, Fernández está siguiendo una hoja de ruta que es un intento por relanzar el Gobierno, haciéndose eco de lo que le dicen algunos gobernadores (principalmente Omar Perotti, de Santa Fe; Juan Manzur, de Tucumán; y Sergio Uñac, de San Juan), varios intendentes del conurbano, ministros y la gente que lo rodea: que le haga caso a Cristina, que le tome la palabra, y que gobierne él.
La primera encrucijada tiene que ver con el programa económico y con la necesidad de darle racionalidad al Estado. El segundo problema tiene que ver con la Justicia y hay una tensión creciente entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ella dice que ella no gobierna, que el que gobierna es Fernández. En la Justicia parece pasar otra cosa, pareciera que hay una agenda muy dominante de Cristina en materia judicial. Agenda que no coincide con la del Gobierno y que hace que, a la cabeza de los funcionarios y funcionarias que según la expresidenta no funcionan, esté Marcela Losardo, la ministra de Justicia, autora o titular de la reforma judicial, sobre la que Cristina Kirchner se diferencia.
Seguramente, la Corte va a ser protagonista en las próximas horas sobre el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Este caso se viene demorando mucho, lo que viene dañando las relaciones entre los distintos jueces de la Corte que, mientras pasan las semanas, se han dicho cosas muy pesadas -siempre off the record a través de los diarios-, se han acusado de cosas feas. Ellos mismos habilitaron el per saltum para el tema de los traslados, es decir, reconocieron que es un tema urgente y de trascendencia institucional. Por lo tanto, es bastante razonable la versión que dice que en las próximas 24 o 48 horas habrá un fallo de la Corte.
Los ministros de la Corte se han comportado con mucho hermetismo, con mucha reserva, pero hay un antecedente técnico del que se viene hablando hace mucho tiempo. Los temas judiciales están tan en el corazón de la política que, si uno no entiende de procedimientos judiciales, de acordadas, fallos, alzadas, consultas, decisiones del Consejo de la Magistratura, pareciera que uno no entendiera de política. Esta es una de las enfermedades de la Argentina.
Hubo en el año 2018 dos acordadas de la Corte referidas a traslados de los jueces. En la segunda acordada, la número 7, los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dijeron sobre el traslado del juez Bruglia que estaba bien realizado. Que Bruglia no necesita ningún trámite más que el que ya hizo. Había derecho a trasladarlo de un Tribunal Oral Federal a la Cámara Federal. Lo mismo pasa con Bertuzzi y con Castelli. Esos magistrados dijeron algo más: caracterizaron los casos en los que, a diferencia del de Bruglia, hacía falta pasar por un concurso y por el acuerdo del Senado. Es decir, la Corte ya se pronunció sobre este tema, por la positiva y por la negativa. No en un fallo judicial donde hay un conflicto de derechos, sino en una acordada, que es una decisión administrativa. Ahora, le vuelve el tema por la vía de un juicio. Si tardaron tanto en definirse es porque va a haber un cambio de opinión. Si no, lo hubieran resuelto el primer día.
Nadie sabe qué va a decir la Corte ni cuándo. Pero las versiones más fundadas dicen que, en las próximas horas, lo que dirían es: Bruglia, Bertuzzi y Castelli estarían bien designados pero, a diferencia de lo que dijimos en 2018, ellos ahora pertenecen a ese otro grupo de jueces que necesitan pasar por el Consejo de la Magistratura y por el acuerdo en el Senado. Es decir, que ahora la Corte cambiaría de opinión. Concretamente tres jueces, Maqueda Rosatti y Lorenzetti, cambiarían de opinión. Y también Highton, que tenía una opinión mucho más liberal. Quedaría en solitario Rosenkratz, que volvería a decir lo que ya dijo en 2018.
Esto va a ser percibido como un fallo a favor de Cristina Kirchner, a favor de las expectativas del kirchnerismo, que ya dijo que esos jueces no pueden seguir siendo jueces donde están porque no tienen el acuerdo del Senado. Más se va a notar que le dan la razón a la vicepresidenta si Bruglia y Bertuzzi el día que se conoce el fallo renuncian. También son versiones. Ahí se va a notar más que, dicho en términos deportivos, ganó Cristina, perdieron los jueces.
¿Por qué digo Cristina Kirchner y no Fernández? Porque en este caso se demuestra que, contra lo que dice su carta, gobierna Cristina. Fernández y su entorno creen que no debe haber traslados, que la Constitución no habla de ello. Dicho esto, se preguntan por qué están mezclados con este caso, que estaba por completo fuera de su agenda. Respuesta: por obediencia a Cristina Kirchner, porque esto lo llevó adelante Gerónimo Ustarroz, que es el delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Ustarroz es Cristina. Reporta a Wado de Pedro, que es el verdadero ministro de Justicia y responde a la vicepresidenta. En estos temas manda ella.
Este no va a ser el problema. El Gobierno va a tener un costo delante de un sector importante de la opinión pública, que entiende que se quiere modificar la situación del juez Castelli, porque tiene que juzgar a Cristina en el Tribunal Oral en la "causa de los cuadernos", que se abrió a raíz de la información publicada por Diego Cabot en LA NACION.
También se entiende que Cristina y el sector del Gobierno que le responde quieren tomar la Cámara Federal, que es un órgano de poder extraordinario. De paso, por ahí le queda pasar a todo el macrismo. Los jueces que vayan a la Cámara Federal no le tienen que dar impunidad a la vicepresidenta porque ya pasó esa instancia. El problema es para los que llegan, que son del gobierno anterior. Esto es lo que se discute en materia de poder en el tema de estos trasladados: quién maneja la Cámara Federal Penal de la Capital Federal, que es decisiva en los casos que involucran a los funcionarios nacionales.
Este no es el principal problema que tiene Fernández en estas horas, sino otro, que es delicadísimo, interesantísimo y grave. Él postuló a un procurador general de la Nación, cargo que está vacante (actualmente, lo ejerce el doctor Casal, desde que esa posición quedó vacante cuando se fue Alejandra Gils Carbó). Macri postuló a una candidata, Inés Weinberg de Roca, quien no obtuvo los dos tercios del Senado. Fernández postuló al doctor Daniel Rafecas, un juez federal que tampoco tiene los dos tercios del Senado. Pero desde el Gobierno empezaron una cantidad de gestiones para conseguirlo.
En la oposición se profundiza una división que ya está alineando distintos sectores en Juntos por el Cambio a raíz de otros problemas, sobre todo del poder en 2023. Si usted quiere entenderlo con mayor simplicidad, es la candidatura de Macri contra la candidatura de Larreta para la presidencia de 2023. Esto es lo que ordena todo. En esa división cae Rafecas. Hay un sector encabezado por Carrió que dice que hay que darle los dos tercios a Rafecas porque sino el Gobierno va a modificar la ley de designación del procurador. Va a establecer que no se necesitan los dos tercios, sino la mayoría absoluta, para lo cual tiene los votos en el Senado, y va a poner un procurador faccioso. Un procurador a imagen y semejanza de Cristina Kirchner.
El procurador es importante porque es el jefe de los fiscales; es el que acusa o deja de acusar ante la Corte; y es importante también porque, por la reforma procesal, va a tener la carga de la investigación. El Procurador pasa a ser un personaje muy relevante, al que, es probable, este Gobierno le quiera dar atribuciones en materia de inteligencia. Estamos hablando, entonces, de una gran discusión institucional.
Carrió dice que es tan importante esto que no se puede permitir que el Gobierno ponga uno que se someta a Cristina Kirchner. Pero Macri dice: "Este es un Gobierno con el cual no nos podemos sentar a hablar de instituciones hasta tanto cambie de conducta y respete la Constitución". Macri sigue una estrategia muy parecida a la de Alfonsín cuando dejó la presidencia. Alfonsín decía: "Acá se ha instalado (en el gobierno de Menem) un poder neoconservador y nosotros somos el progresismo. Cualquiera que me venga a agredir a mí dentro del radicalismo es un pseudópodo, un tentáculo de Menem. Yo soy la identidad del grupo". Macri dice lo mismo: "Yo soy el ultra antikirchnerismo". Le habla al "banderazo", entre otras cosas, porque el "banderazo" es el sector que más le presta atención. Es el mismo problema que tenía Alfonsín en aquel momento.
Mientras tanto, Carrió parece el segundo Alfonsín frente a Menem. En 1993, Menem dijo: "O me dan la reforma de la Constitución o hago un plebiscito y la reformo como quiero. Sin el radicalismo, sin la oposición, y me llevo las instituciones a mi casa". Alfonsín reaccionó: "No, paremos a este hombre acá. Pactemos (Pacto de Olivos) y veamos cómo negociamos para que no tire del mantel". Curiosamente, esta es la posición de Carrió. Es como si se hubieran invertido los roles. Carrió tiene una posición de mayor responsabilidad y Macri una posición de mayor intransigencia.
Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Carrió, que estuvieron reunidos el fin de semana, hablaron de ir adelante con Rafecas. Además, ese encuentro se dio después de que Carrió haya dicho: "Macri ya fue", por lo que se entiende que todos dicen: "Macri ya fue". Después, aclaran que la reunión ya estaba pactada. Pero, dado ese contexto interno podrían haberla suspendido. No la suspendieron.
Fernández estaría por tener un éxito muy importante. Hay un sector amplísimo de la oposición que se sentaría a negociar la figura de Rafecas como un procurador que surge de un acuerdo político institucional. Macri rechaza ese acuerdo. Y Cristina empieza a decirle que no, también. Sin embargo, los opositores que sí participarían son los radicales, con Alfredo Cornejo, el presidente del partido, a la cabeza; Martín Lousteau, que está en el Senado; Carrió; Larreta y Vidal.
Aparentemente, en el Senado los kirchneristas no quieren tratar el tema. Quieren avanzar con la ley que disminuye el número de votos necesarios para poner al procurador, y pondrían a otro en ese lugar. Alguien ultra, más leal y más faccioso.
Si Cristina avanza en esa línea, la desautorización y el boicot para un acuerdo importante de Fernández con la oposición serían dramáticos. Además, estaría desmintiendo su carta y demostrando que, en estos temas, la que gobierna es ella.

Carlos Pagni para La Nación 

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